Los déficits de los ciudados
El concurso para aumentar 373 plazas geriátricas públicas en Catalunya queda desierto: "Los precios son una ruina"
El Govern abrió un proceso para contratar 921 plazas en residencias y centros de día pero ninguna empresa ha optado al 40% de ellas
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Elisenda Colell
Redactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
En enero de 2024, la Conselleria de Drets Socials presentó una oferta para ampliar el número de plazas públicas de geriátricos y centros de día de la tercera edad en Catalunya. Siendo la comunidad con mayor lista de espera, y ante el compromiso del conseller Carles Campuzano de reducirla, se trataba de una operación para de aumentar las plazas disponibles, y por tanto, ofrecer más opciones a las familias en lista de espera. En total se ofrecieron 921 plazas. El 40% quedaron desiertas. Ninguna empresa del sector se quiso presentar. "Es porque nos pagan una ruina", reflexionan fuentes de la patronal. La Generalitat responde que antes de que termine el mes de julio asignarán todas las plazas vacantes via adjudicación directa.
Esta convocatoria de plazas era para obtener plazas públicas colaboradoras. El Govern paga algunas camas de los geriátricos privados que ganan el concurso para que estén reservadas a personas que tienen derecho a acceder a un geriátrico a través de la ley de la dependencia y con ayudas públicas. Y también hacen lo mismo con los centros de día.
En los centros de día, se presentaron 263 ofertas, la gran mayoría de comarcas de fuera de Barcelona y su área metropolitana. Así, la mayoría de estas plazas fueron adjudicadas y solo 13, el 5%, quedaron desiertas: las de la Conca de Barberá, Osona, El Segriá y el Tarragonès. En estos servicios, el Govern pagaba 34,65 euros la plaza al día, durante un año. El propio estudio de costes de la Generalitat ya dice que la financiación pública de estos servicios no cubre los costes de mantenimiento.
La mitad de opciones en residencias, desiertas
En cambio, en los geriátricos la cifra de plazas desiertas es abrumadora. De las 658 plazas que el Govern estaba dispuesto a pagar, 360 quedaron desiertas. Son más de la mitad y afectan a todas las comarcas catalanas. En este caso, el Govern paga 69,84 euros al día por cada cama geriátrica. Son 2.095,2 euros al mes. "Estos precios son una ruina, no cubren los costes mínimos, por eso no nos presentamos a estas ofertas", señala el presidente de una patronal. "Y es una pena porque las personas que están en lista de espera pierden nuevas plazas", admite.
La Generalitat responde que antes de que termine el mes de julio todas las plazas prepuestas terminarán plenamente operativas. "El proceso de provisión por concurrencia pública todavía no está cerrado, por lo que es prematuro hablar de plazas desiertas. Antes de terminar julio se cerrará y las plazas que queden vacantes por concurrencia pública se hará vía adjudicación directo, siempre de acuerdo con las necesidades del territorio", dicen fuentes de Drets Socials.
Precisamente la semana pasada este diario avanzó que el primer estudio de costes ralizado por la Generalitat admitía una infrafinanciación de hasta 200 euros al mes por persona. En 2022, una plaza en una residencia geriátrica en Catalunya costaba entre 2.052,54 y 2.206,84 euros por persona al mes aunque el Govern asumía 2.002,56 euros por persona y mes. Las patronales están aún estudiando las cifras porque temen que a día de hoy la infrafinanciación sea mayor. "Han subido los costes y no lo tienen en cuenta", apunta el responsable de una patronal.
También es cierto que 135 geriátricos que se ofrecieron para gestionar las plazas públicas de este concierto no pasaron el corte del Govern y se les denegó la opción de prestar servicio con la Admistración pública. A 65 de ellos la inspección de la Generalitat había tramitado un informe desfavorable por no cumplir con las condiciones. Hay 54 casos más en los que se les denegó porque no tenían plazas vacantes en el momento, y 46 más no habían realizado el paso previo de acreditarse para prestar servicios públicos.
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