Barcelona avanza para ofrecer protección a los refugiados climáticos, excluidos de las políticas de asilo

La construcción de una presa que deja inoperativos todos los terrenos fértiles y obliga a decenas de personas a abandonar sus casas. La contaminación que genera problemas crónicos de salud, ya sean respiratorios o cánceres. La desertización y una mayor frecuencia de sequías, que obligan a miles de personas a dejar los campos de los que vivían. Estos son algunos ejemplos de cómo el cambio climático está causando migraciones forzadas. Los refugiados climáticos que ya están en Catalunya, pero, con suerte, se han quedado atascados en el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados de Barcelona (SAIER), según confirma el consistorio a EL PERIÓDICO. "Carecen de ningún reconocimiento legal y quedan desamparados, somos los ayuntamientos quienes nos tenemos que hacer cargo de esta realidad", lamenta el director del SAIER, Xavier Cubells, quien reclama un cambio en la legislación estatal. La ciudad ya ha iniciado un proyecto para analizar los casos y buscar soluciones.

Una carta del alcalde de Ripoll pidiendo la acogida de refugiados en 1937, en el examen de Historia de la selectividad

Cada año, el SAIER de Barcelona atiende a unas 20.000 personas recién llegadas a la ciudad que requieren de su ayuda. La mitad son casos de asesoramiento académico, laboral, jurídico o relacionado con gestiones básicas y puntuales. Sin embargo, la otra mitad, unas 10.000, son personas sin recursos. "Barcelona es polo de atracción y recibimos una fuerte presión, especialmente por parte de solicitantes de asilo", cuenta Cubells. El SAIER solo puede ofrecer 300 camas en viviendas o pensiones, ocupadas por familias con niños o enfermos graves. Inevitablemente, una gran parte de los más autónomos acaban acogidos por sus compatriotas, en habitaciones de realquiler o en la calle. El presupuesto anual de 9 millones de euros se muestra, pues, insuficiente.

"Carecen de ningún reconocimiento legal y somos los ayuntamientos quienes nos hacemos cargo de esta realidad"

— Xavier Cubells. Director del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados de Barcelona

Tal como apunta Cubells, una gran parte de estas personas son solicitantes de asilo y protección internacional. Si lo requieren, pueden acceder al plan estatal que depende del Ministerio de Migraciones, que ofrece techo, comida y formación a quienes son reconocidos con este estatus, que también provee permisos de residencia y de trabajo legal. La ley protege a las personas perseguidas por sus ideas políticas o su condición u orientación sexual, los que huyen de guerras o quienes han sido amenazados por bandas callejeras. Quien otorga este derecho es el Ministerio del Interior. Sin embargo, la falta de agentes de policía y de personal en la sede de Extranjería en Barcelona hace que los tiempos de espera para participar de este plan de ayudas se eternice. A pesar de la demora, finalmente acaban encontrando una salida.

Cambio legislativo

Sin embargo, las personas que huyen de los efectos que está provocando el aumento de la temperatura del planeta no lograrán esta protección en España. "Nos encontramos con un marco legal muy restrictivo. Los técnicos no hacemos las leyes, los técnicos las aplicamos. Y el cambio climático, con la desertización de los cultivos, no entra en este tipo de casuísticas", apunta Cubells. Resulta inevitable, pues, un cambio en la legislación estatal que recoja estos desafíos. "Al final, las ciudades terminamos ejerciendo un papel de defensa de derechos que no es proporcional ni a los recursos que tenemos ni a la incidencia en los espacios de gobernanza", subraya Sonia Fuertes, comisionada de Derechos Sociales del consistorio.

"Las ciudades terminamos ejerciendo un papel de defensa de derechos que no es proporcional ni a los recursos que tenemos ni a la incidencia en los espacios de gobernanza"

— Sonia Fuertes. Comisionada municipal de Derechos Sociales

La realidad es que los efectos del clima, a pesar de no estar recogido en el sistema estatal de acogida y asilo, sí impacta en las colas de los servicios sociales municipales. "Vemos dos perfiles: uno, personas a quienes el cambio climático les ha provocado una falta de recursos económicos", explica Cubells. Aquí, por ejemplo, entran los pescadores senegaleses que, por la pérdida de biodiversidad del océano y la pesca extractiva dejan de encontrar pescado para poderlo vender, y terminan soñando con la idea de arriesgar la vida en el Atlántico para llegar a las Canarias. O los poblados que dejan de serlo porque el crecimiento del desierto arrasa los terrenos fértiles. "Luego están las personas que migran porque en el lugar donde viven los problemas de salud se agravan y la vida se hace muy difícil, más allá de la pérdida de ingresos", añade Cubells. Aquí entran, por ejemplo, problemas derivados de la escasez de agua, que aumentan la contaminación de ríos y generan problemas de salud.

Proyecto universitario

Barcelona está empezando a detectar esta compleja realidad. Es por ello que se ha iniciado un proyecto con la Universidad Autònoma de Barcelona, el Observatorio de Derecho Público, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya con el fin de analizar la posición de la ciudad ante la protección de las personas forzadas a migrar por motivos climáticos. Las siglas del proyecto, BAMAC, responden a Barcelona, Metrópolis de Acogida Climática.

El ayuntamiento ha iniciado un proyecto con la UAB, el Observatorio de Derecho Público, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y el Instituto de Derechos Humanos para buscar soluciones

"En un primer momento las personas no lo explican todo. Muchas veces ni ellos mismos son conscientes de que han migrado por el cambio climático. En la mayoría de casos nos damos cuenta de ello a medida que pasa el tiempo y sienten más confianza", añade. "Muchas personas llegan aquí tras un proceso complejo, muy duro, con mucho sufrimiento y con secuelas físicas y mentales", sigue. También hay que añadir que pocos confían en las administraciones públicas, menos aún en la policía, que es quien tramita las peticiones de asilo y refugio en España. "Pero, al final, cada vez lo detectamos más, y nuestro pesar es que esto no cese", lamenta Cubells.

Necesidad de protección internacional

El servicio especializado de Barcelona, único en Catalunya, es quien más conoce esta realidad. Pero también la Generalitat es consciente del problema y pide un cambio de mirada. La Conselleria d'Igualtat i Feminismes destina, cada año, dos millones de euros a entidades sociales que ayudan a personas con 'necesidades de protección internacional'.

La palabra para designarlo no es casual. "Nos encontramos con muchas personas que se quedan en los márgenes del sistema, evidentemente refugiados climáticos, pero también víctimas de otro tipo o defensores de derechos humanos que no logran probar suficientemente su persecución. Necesitamos un cambio de mirada", insiste la directora general de Migraciones, Eunice Romero, quien reitera la necesidad de que el Govern pueda gestionar el plan de acogida a refugiados en Catalunya, tal como dictan varias sentencias del Tribunal Supremo.

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