23J: Urgencias y riesgos climáticos de la nueva legislatura

Las próximas elecciones generales serán una prueba de fuego para calibrar el peso real del cambio climático en la elección del voto de los españoles. Con el paro domado y la economía al trote, las políticas de resiliencia y de lucha contra la crisis climática pueden tener un papel muy relevante en los comicios, que se celebrarán en plena sequía y con las temperaturas veraniegas previsiblemente por encima de la media.

Las últimas encuestas indican que los efectos del calentamiento global son una de las preocupaciones principales de la sociedad. El informe Transatlantic Trends 2022, que analiza las percepciones de las principales amenazas en países situados a los dos lados del Atlántico, revela que para los españoles el cambio climático supone una amenaza mayor que Rusia o la propia guerra. Se da la paradoja, sin embargo, de que esa preocupación no siempre se traduce en orientación del voto, es decir, que las propuestas para resolver el calentamiento global no son determinantes a la hora de atraer votantes. Por eso los partidos verdes son en casi toda Europa minoritarios.

Esto explica que, si bien la sociedad española atribuye una gran preocupación a la crisis climática, en las elecciones de 23 de julio el único partido abiertamente negacionista climático (Vox ) puede formar parte de una eventual coalición gubernamental con el PP. Si ello se concretara, uno de los efectos más inmediatos podría ser la postergación del apagón nuclear, previsto para 2035, según los planes del actual Ejecutivo .

“Hay un riesgo real de sufrir un retroceso”, explica en una entrevista con ENTENDER MÁS Raquel Montón, responsable de campañas en el Área de Incidencia Política y Paz de Greenpeace España. “Ojalá la sociedad civil tenga el músculo suficiente para hacer frente a las regresiones, pues ya vamos 25 o 30 años tarde en materia climática”, dice, al evocar las decenas de miles de personas que salieron a las calles de todo el país durante la Huelga Mundial del Clima de 2019. Luego la pandemia truncó esa movilización inspirada por la joven ecologista Greta Thunberg para presionar a los gobiernos de todo el mundo a acelerar la transición energética.

Crisis hídrica y transición energética

“La crisis hídrica es el impacto climático que España sufre con mayor fuerza, junto con la desertificación”, recuerda Montón, que urge a “repensar” el modelo agropecuario español, pues consume “el 80% del agua” disponible. Greenpeace acaba de proponer recortar en más de medio millón el número de hectáreas destinadas al regadío  en España, sobre todo en zonas tensionadas y en las que los acuíferos están en mal estado. Se localizan principalmente en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Andalucía.

Joaquim Estellé Bordes, técnico del área de defensa ambiental del GEPEC-Ecologistes de Catalunya, también cree que la gestión del agua es prioritaria en un área tan azotada por la sequía como Catalunya, donde los embalses, a pesar de las lluvias de las últimas semanas, todavía están por debajo del 30% por ciento de su capacidad . Pero apunta que otro tema prioritario para los próximos cuatro años, tanto en Catalunya como en otras zonas de España, será la gestión de los conflictos sociales derivados de la implantación de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos en el campo.

“Hay un rechazo bastante claro en el medio rural al modelo de grandes instalaciones”, dice Estellé, que aboga por un modelo más minimalista y quizá “a menor ritmo de instalación, como en Catalunya” que tenga en cuenta las exigencias sociales locales y contenga los impactos a la biodiversidad. Existen dudas sobre que este modelo permita cumplir los plazos de descarbonización exigidos por Bruselas, pues las grandes instalaciones son cruciales para responder a la demanda de la industria. De hecho, el nuevo conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha anunciado esta semana una inversión de 51.000 millones de euros para compensar el retraso de Catalunya en esta materia .

Fiscalidad verde y aumento del gasto

El 23-J habrá dos modelos de fiscalidad encima de la mesa. El PP y Vox abogan por reducir impuestos y recortar el gasto público “superfluo”, en el cual entran algunas ayudas para incentivar la descarbonización. En los partidos de izquierda se defiende la implementación de nuevos impuestos. Hace unos días fue la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien propuso un gravamen climático de entre el 1,5% y el 3% en el patrimonio de quien tiene más de 100 millones de dólares. 

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