comparecencia parlamentaria

El Homrani defiende su gestión en las residencias durante el covid ante el estupor de la oposición

El exconseller de Afers Sociaks no pide perdón a los familiares de los pacientes de los geriátricos, donde murieron 8.000 personas en Catalunya, pero hace un listado de medidas que habría que aplicar en el sector

El ex conseller' de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani

El ex conseller' de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani / Marta Sierra / ACN

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El exconseller de Afers Socials Chakir El Homrani ha defendido este viernes en el Parlament la gestión en las residencias durante lo peor de la pandemia del coronavirus. "Las decisiones se basaban en el conocimiento del momento", ha dicho El Homrani en una comparecencia ante el Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de la Covid-19 en las Residencias. El exconseller aseguró que se adelantaron con algunas actuaciones incluso antes de que se declarara el estado de alarma, indicó medidas impulsadas para detener los contagios en los centros y apuntó que se intervino en 35 residencias, aunque se actuó en 350. La oposición reprochó al exconseller la "falta de autocrítica" y lamentó que no se ha hecho ninguna "reparación" a familiares de las víctimas.

Por otro lado, El Homrani también ha justificado el traspaso de competencias de Asuntos Sociales a Salud en lo que se refiere a la gestión de la pandemia en las residencias. "Era claramente una crisis de salud y había que evitar cualquier obstáculo burocrático", apuntó. Los grupos parlamentarios, por el contrario, han replicado que las competencias "se le quitaron".

El Homrani recordó que fueron meses "muy intensos" y argumentó que se actuó con la información disponible sobre el virus y la pandemia de la covid-19 en cada momento. También se refirió a las dificultades para conseguir mascarillas o gestionar los contagios hasta que se pudieron realizar cribados. Sin embargo, consideró que en cada ola de contagios se fue mejorando la respuesta y destacó que "en el ámbito residencial es imposible atender sin contactar", ya que la mayoría de casos son residentes con grados elevados de dependencia.

El exconseller sacó pecho de la "proactividad" y indicó que ya antes de la declaración del estado de alarma, en Catalunya se suspendieron las visitas a las residencias y se hicieron unas recomendaciones generales, además de poner en marcha un call center. El Homrani también ha recordado que se contrató personal de refuerzo, se facilitaron epis sin distinguir entre la titularidad del centro residencial y se realizaron planes de contingencia y aislamiento.

Debilidades y dificultades

Durante la intervención, el ex conseller pidió a los grupos entender las "debilidades" del sistema que se encontraron. En este sentido, ha explicado que el sector servicios no está estructurado como un "verdadero pilar del sistema de bienestar" como el sector salud o el educativo. Es un sector, destacó, con mucha diversidad de operadores y gestión de servicios. "Tener tanta diversidad de actores quita robustez al sistema y dificulta la capacidad de respuesta frente a una crisis", admitió.

A su vez, el ex secretario de Asuntos Sociales Francesc Iglesies ha subrayado otras dificultades como el déficit crónico de financiación en las residencias; los salarios "muy bajos" de los profesionales en condiciones laborales "muy duras". También recordó que tuvieron que construir el vínculo con las residencias, que tenían carencias en los sistemas de información, entre otros.

Reivindicación de un cambio de modelo

Tras constatar los déficits del modelo de residencias, los exdirigentes de la conselleria de Asuntos Sociales en la crisis de la Covid-19 han pedido más recursos para transformar este sistema, sobre todo más financiación y más planificación. Iglesias ha pedido desarrollar un modelo de calidad para las residencias partiendo del consenso de que no deben ser hospitales, sino el domicilio de las personas, y "cerrar filas" para reclamar al Estado más financiación y que el Gobierno conciba los sectores como un servicio esencial. Además, pidió una "alianza estratégica" con el mundo local. También ha dicho que es necesario "combatir la precarización laboral" y que Catalunya lidere el modelo de residencias integradas.

El Homrani compareció con Oriol Amorós, que actualmente es secretario general de Drets Socials. Ha dicho anunciado inversiones como la construcción de tres nuevas residencias propias de la Generalitat, la reforma de ocho y cinco centros de discapacidad y ha hablado de 36 nuevas residencias junto con ayuntamientos.

La oposición le reprocha la falta de autocrítica

El socialista Raúl Moreno ha lamentado la falta de autocrítica del exconseller pese a hacerse cargo de la dificultad de la situación. Moreno criticó la falta de información de las residencias en aquellos momentos y también preguntó si la conselleria "recibió o produjo alguna instrucción de no derivar a personas enfermas en los hospitales". Amorós le respondió que no le consta "ningún documento de este tipo" y dijo que, por ejemplo, en las primeras cinco semanas se realizaron cerca de un millar de traslados a centros hospitalarios en Barcelona, entre urgentes y no urgentes.

Glòria Freixa, de Junts, también ha echado de menos "más autocrítica" e incluso pedir "perdón" por la situación que vivieron las residencias. Desde el grupo de ERC, la diputada Najat Driouech ha espetado a Freixa que a pesar de ser oposición, entonces Junts también estaban en el Gobierno de coalición con los republicanos.

En Comú Podem también ha lamentado que no se haya hecho ningún acto de "reparación". Jessica Gonzalez ha criticado que no hay garantías de no repetición porque la situación en las residencias "no ha mejorado" y se siguen "vulnerando derechos".

La CUP considera que la gestión de la pandemia por parte del Govern fue "negligente". "Esperábamos autocrítica y no la hemos visto", ha dicho la diputada Laura Estrada, que ha pedido más presencia del sector público en el sector, actualmente solo 56 centros de los más del millar existentes son públicos."Si tuviéramos que tener 1.050 residencias públicas haría falta una inversión de 10.000 millones", ha respondido Amorós.