Conflicto con el alcalde
El Govern apoya al cura de Piera y pide que los niños migrantes se queden en el pueblo
La DGAIA hace público un informe que demuestra que el ayuntamiento lleva cinco meses retrasando las obras de adecuación del centro de menores
El párroco se enfrenta a una multa de 3.000 euros del consistorio por acoger a los adolescentes en equipamientos de la Iglesia
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Elisenda Colell
Redactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
"Trasladamos un agradecimiento sincero a los vecinos y al párroco de Piera por la acogida que han hecho de estos niños". Así de contundente ha respondido la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya sobre el conflicto que ha estallado en esta localidad de la comarca de Anoia por la acogida de menores desamparados, avanzado por este diario. El Govern no tan solo se posiciona a favor del párroco, que se enfrenta a dos multas de 3.000 euros por acoger a 20 niños migrantes, sino que carga tintas contra el alcalde posconvergente de la localidad, Josep Llopart (Junts).
Así, la DGAIA pide al edil que permita que los niños permanezcan en el pueblo, niega que no haya estado en contacto con el ayuntamiento y hace público un informe que demuestra que el consistorio lleva cinco meses retrasando las obras para regularizar el hogar de los menores acogidos.
La Conselleria de Drets Socials, con Carles Campuzano al frente, se posiciona en favor del cura de Piera que ha acogido 20 adolescentes migrantes desamparados en la parroquia desde el pasado mes de marzo. Le agradece la acogida y el esfuerzo para que los menores tengan "una vivienda digna", "un entorno afable" y "un ambiente de estima y tranquilidad". Este posicionamiento que no es baladí, dado que la Generalitat es la responsable última de los menores y poseedora de su tutela.
El conflicto viene de lejos, pero estalló en febrero de este año. Los técnicos municipales cerraron la antigua rectoría de Piera, que se había reconvertido en hogar de acogida de estos menores. Faltaba un hidrante, según un informe de los Bomberos de 2021, y ese fue el argumento del alcalde para expulsar a los menores y precintar el local. Dado que la obra costaba más de 100.000 euros, la cooperativa SUARA, gestora del centro que también se enfrenta a dos multas de 3.000 euros, hizo una propuesta alternativa para construir un depósito de agua.
A la espera del permiso municipal
El proyecto fue aprobado por los bomberos el 27 de junio de este año, en un documento que ha hecho público la Conselleria de Drets Socials visto el revuelo que ha generado el caso en la localidad. Lo firma Anna Martín, inspectora del cuerpo de bomberos. "Para iniciar las obras, solo faltaría recibir los permisos municipales. A pesar de los informes técnicos favorables, el ayuntamiento lo ha denegado", reprochan desde Drets Socials. El proyecto aún está pendiente de la aprobación municipal. Este 27 de noviembre hará cinco meses que ya podría haberse tramitado.
En este documento que ha hecho público la 'conselleria', no se habla de ningún lugar alternativo donde se podrían trasladar a los niños. "El objetivo siempre ha sido que puedan seguir en el pueblo, donde al cabo de los años han forjado vínculos con los vecinos, participan de proyectos locales y hacen actividades formativas", zanjan.
Contactado por este diario, el alcalde de Piera aseguró que la Generalitat no se había puesto en contacto con él ni con su consistorio. La Generalitat le acusa de mentir. "Hemos estado en contacto con el consistorio de Piera para resolver cualquier cuestión técnica y burocrática con la mayor celeridad", afirman fuentes de Drets Socials.
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