El alcalde de Piera multa con 3.000 euros al párroco por acoger niños migrantes

Conflicto abierto entre un párroco solidario y el alcalde de Piera (Anoia) por la acogida de menores migrantes desamparados. El consistorio ha ordenado el cierre de dos equipamientos donde vivían 20 adolescentes tutelados por la Generalitat y ha impuesto dos sanciones a la parroquia y la cooperativa que gestiona el centro. El alcalde, Josep Llopart (Junts), justifica su actuación atendiéndose a la normativa: "No tienen licencia para ello". Pide que se vayan a otro pueblo mientras la situación no se regularice. "Hemos puesto en práctica las actitudes evangélicas de acogida y hospitalidad", responde el obispado. Fuentes del centro dicen sentirse perseguidos, tachan al alcalde de "racista", y temen que la situación tenga consecuencias psicológicas para los jóvenes.

El frío empieza a calar por las mañanas y Felisa Serra, vecina de Piera, se enfunda en su abrigo para dar un paseo. Es la única habitante de la plaza de la Iglesia. Hace ocho meses que sus vecinos, los menores migrantes desamparados, dejaron la antigua rectoría para irse a otro local que la parroquia tiene en el pueblo. Da fe de que los chicos no suponían ningún problema. "Les echo mucho de menos, me hacían compañía. No tengo ni una queja... no entiendo por qué el alcalde les ha echado. Si fueran blancos, incluso ucranianos, no habría pasado esto", sigue Serra. "Felisa siempre llama cuando hay algo de ruido. No hubo ni un problema. El alcalde les quiere fuera. Es bastante evidente", corrobora otro vecino, Joan Vallès. "Todo el pueblo está en contra de que el alcalde los expulse", abunda Santiago Aguera.

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Aceptación social

A diferencia de otros municipios de Catalunya, en Piera no hay ni un atisbo de conflicto social con los mal llamados 'mena'. Son niños y adolescentes menores de edad, que han llegado a España solos y la Generalitat se hace cargo de ellos. La inmensa mayoría proceden del Magreb o del África subsahariana, y se han jugado la vida para llegar hasta Europa, a borde de pateras y embarcaciones más que inestables. Es el caso de los 20 niños que han estado viviendo en Piera desde junio de 2018, el año en que la Generalitat desbordó y las comisarías se convirtieron en su hogar.

Fue entonces cuando la Generalitat, la Cooperativa Suara, el párroco y el entonces alcalde, Jordi Madrid Roca (ERC) decidieron reconvertir la rectoría en desuso en un hogar para 20 niños. "Se había usado como casa de colonias y nos pareció que estábamos en la obligación de acogerles: por puros derechos humanos", sostiene Madrid, actualmente concejal en la oposición. Atendiéndose a la normativa, el espacio no cumplía con los requisitos legales. "En 2019 fuimos regularizándolo mientras ellos seguían allí, lo que no íbamos a hacer era mandarlos a la calle", sigue el exalcalde. "Esto que está haciendo el alcalde es intolerable, simple y llanamente: no quiere estos chicos en el pueblo", exclama.

El 'factor hidrante'

En diciembre de 2020 hubo un cambio de gobierno municipal. Junts, con el apoyo del PSC, ganó una moción de censura, convirtiendo en alcalde a Josep Llopart. El centro siguió con su proceso de regularización y los bomberos pidieron entonces instalar un hidrante de agua.

Paralelamente, los chicos evolucionaban a mejor. Varios voluntarios se involucraron en proyectos de mentoría. "Estos chicos no tienen a nadie aquí. Desde que les conozco han experimentado un cambio muy grande. Hacemos un bien a ellos y también al pueblo. Deben formar parte de nuestra sociedad, son una pasada", defiende Eduard Motivero, un voluntario que imparte clases de fotografía.

El pasado febrero todo cambió a raíz de una violación que se produjo en una casa ocupada. Llopart dice la casa estaba habitada por migrantes, pero admite desconocer si los detenidos eran menores del centro o si habían pertenecido a él. El hecho es que a partir de ese momento, el consistorio puso el ojo en los adolescentes de la parroquia. "Los técnicos del ayuntamiento se pusieron muy nerviosos, había un riesgo por la integridad y seguridad en el centro. Había que actuar", argumenta el alcalde. "El centro no cumplía la normativa y podía haber problemas", insiste el alcalde. Ahí empezó la deriva de sanciones que ha estallado ahora en el conflicto con la Iglesia.

Traslado rechazado

El 22 de febrero, el equipo de gobierno de Llopart redactó un informe técnico que obligaba a la clausura del centro con el argumento de que se tenía que instalar el hidrante que habían pedido los bomberos en 2021. El 14 de marzo el ayuntamiento recordó a la cooperativa SUARA que debía asumir las obras del hidrante, cifradas en casi 100.000 euros, y advirtió de que si los chicos no se iban, la entidad podía ser multada con hasta 6.000 euros. Los jóvenes salieron de la rectoría el 30 de marzo.

Se instalaron en otro local parroquial, ofrecido por el cura de forma temporal, y que ya había brindado hospedaje caritativo a quien lo necesitara. "La comunidad parroquial, por motivación religiosa, es decir, para poner en práctica las actitudes evangélicas de acogida y hospitalidad, decidimos dar un techo a estos menores que se encontraron de forma súbita sin espacio donde pernoctar", argumenta el obispado de Sant Feliu.

La alternativa de la parroquia no gustó al consistorio. El 13 de mayo, el ayuntamiento notificó al párroco que su otro local tampoco tenía permiso para acoger a los menores y amenazó con sanciones.

Parroquia en riesgo

En julio, el ayuntamiento volvió a notificar que los niños debían abandonar el local parroquial, y por ende, el pueblo. En octubre, a través de un decreto, el alcalde les obligó a abandonar el nuevo local e impuso cuatro sanciones graves. Dos a la cooperativa SUARA por valor de 1.500,50 euros cada una, y dos más idénticas a la parroquia. El motivo, prestar acogida en Piera en un local sin licencia, incumpliendo los usos del suelo y no habiéndolo comunicado previamente al ayuntamiento. En caso de que no dejen el local, no se descarta que la Policía Local termine precintando la parroquia, lo que obligaría a dejar de celebrar misas o clausurar Cáritas, entre otras actividades parroquiales.

El traslado de los jóvenes fuera de Piera no parece la mejor solución a ojos de las personas que trabajan con los chicos. "Hay muchos voluntarios que no podrán desplazarse a otro municipio. Se romperán los vínculos y los niños se volverán a quedar solos", lamenta Montivero. "Es otro trauma para ellos, una traba más en su integración. El alcalde actúa de forma racista", se sinceran varios trabajadores del centro a este diario.

De momento, el ayuntamiento aún no ha aprobado el proyecto de obras para instalar el hidrante. "No es que no les queramos, es que hay que cumplir la ley. Se tendrán que ir porque en Piera no tenemos otro espacio alternativo", se defiende el alcalde, que añade que estos jóvenes son "un problema" cuando cumplen la mayoría de edad y la Generalitat les deja solos. "Algunos deciden delinquir", apunta. Una afirmación rebajada por los Mossos. Llopart asume que en todo este asunto quizás se equivocó en las formas. "Antes de empezar con los expedientes administrativos, podíamos haber hablado", reconoce.

La Dirección General de Atención a la Infancia i Adolescencia (DGAIA), y responsable de los menores, guarda por ahor silencio. El alcalde dice que ni tan solo le han llamado.

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