Vinculada al Plan Especial de Reforma Interior

Una tercera sentencia judicial respalda la nulidad de la reparcelación del centro de Santa Coloma

Los jueces de lo contencioso siguen adhiriéndose a la decisión del TSJ al estimar recursos de vecinos discrepantes

PRIMERA SENTENCIA | El TSJ de Catalunya deja sin efecto la reparcelación del casco antiguo de Santa Coloma de Gramenet

SEGUNDA SENTENCIA | Otra sentencia avala el revés a la reparcelación del centro de Santa Coloma a la espera de un recurso

A la izquierda, casas bajas afectadas por el PERI, condenadas a desaparecer. Al fondo, el esqueleto del edificio de 13 plantas que este prevé levantar.

A la izquierda, casas bajas afectadas por el PERI, condenadas a desaparecer. Al fondo, el esqueleto del edificio de 13 plantas que este prevé levantar. / ELISENDA PONS

Manuel Arenas

Manuel Arenas

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La sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dejó sin efectos la reparcelación del centro urbano de Santa Coloma de Gramenet, vinculada al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la ciudada catalana, continúa siendo replicada por otras sentencias de juzgados de lo contencioso-administrativo que durante este último año han encadenado estimaciones de recursos de los vecinos discrepantes que acuden a los tribunales.

Ya ocurrió en junio y vuelve a ser así en una nueva resolución notificada a finales del pasado septiembre, la tercera sentencia que se adhiere a la nulidad de la reparcelación contando la decisión del TSJ en noviembre del 2022, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En ella, consecuencia de un recurso de la vecina M. R. T., una inquilina que reclamó la nulidad porque, en contra de lo que prevé la reparcelación, desea seguir viviendo en el inmueble, la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (JCA) núm. 13 de Barcelona vuelve a reproducir la decisión y argumentación esgrimida por el TSJC en noviembre del 2022.

La argumentación del JCA, que calca la de la primera sentencia del TSJC, se enfoca en tumbar la última reparcelación del 2016 por basarse en los términos de otra del 2006, cuyo contenido se mantiene vivo pese al transcurso de una década, escenario que el JCA tilda de "arriesgada senda" en el mismo sentido que el TSJC criticaba a la administración local por "discurrir por la peligrosa senda de operar sobre la reparcelación ejecutiva del 2006".

Así lo consideran los tribunales porque, argumentan, la legislación aplicable a la repartición de cargas y compensaciones económicas derivadas del PERI, determinante para efectuar los cálculos y valoraciones técnicos, cambió del 2006 al 2016 y ello no se tuvo en cuenta por parte de la Administración.

A ojos de los jueces, por lo tanto, el inexorable paso del tiempo no debería haberse salvado en el 2016 con la figura urbanística de una modificación de la reparcelación ya prevista en el 2006, tal y como se hizo, sino con un nuevo proyecto de reparcelación al que fuera aplicable la regulación actualizada y vigente.

Este aval al revés judicial del TSJC no es sin embargo definitivo. Tal y como la propia alcaldesa Núria Parlon (PSC) explicó en una entrevista con este diario, el consistorio decidió recurrir la primera sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo y en estos momentos todavía no se ha resuelto su admisión a trámite.

Consultadas fuentes municipales del Ayuntamiento de Santa Coloma sobre el goteo de sentencias favorables a los vecinos, estas admiten que el tema "es complejo" y que, ante la nulidad de la reparcelación y a la espera del recurso ante el Supremo, "es posible que haya que hacer una nueva reparcelación que incluya a todos los vecinos: los de la segunda y los de la primera [reparcelaciones], que el TSJ dice que debieron incluirse en la primera", explican desde el consistorio, advirtiendo que la nueva configuración de cargas podría llegar a perjudicar económicamente a algunos de los vecinos que han acudido a la Justicia.

El origen, vecinos discrepantes con las compensaciones

El origen de estas sentencias es una demanda de siete de los doce vecinos (cinco propietarios y dos inquilinos) con viviendas afectadas por el PERI, defendidos por el abogado Rafael Mendoza, que no estaban de acuerdo con las compensaciones propuestas por el Ayuntamiento de Santa Coloma y que se dirigieron a Mendoza para reclamar cuantías superiores. 

De las seis reclamaciones vecinales en curso, cuatro han sido estimadas por los tribunales (tres de ellas adhiriéndose a la nulidad total del TSJC y una cuarta en términos parciales), una no (aunque está recurrida), otra está en trámite y una séptima ya está resuelta en favor del cobro del propietario.

"Cada uno de mis clientes reclamaba algo diferente: uno 100.000 €, otro 30.000 €... El problema es que el Ayuntamiento no quiso sentarse a negociar con los vecinos", criticó Mendoza ante la primera sentencia del TSJC.

Desde la Plataforma Salvem el Barri Antic de Santa Coloma, impulsada por vecinos contrarios a la reforma, afirmaron asimismo que la sentencia del TSJC "es una gran noticia", en palabras del portavoz Antoni Sancho, porque "nos da la oportunidad de intervenir como plataforma en el nuevo proyecto de reparcelación [si es que finalmente lo hay], algo que no pudimos hacer en el 2016".

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