Plan urbanístico bloqueado

Otra sentencia avala el revés a la reparcelación del centro de Santa Coloma a la espera de un recurso

Un juez la vuelve a anular adheriéndose a una decisión del TSJ, contra la que se discute si cabe recurso del consistorio

PRECEDENTE | El TSJ de Catalunya deja sin efecto la reparcelación del casco antiguo de Santa Coloma de Gramenet

CONTEXTO | Una jueza cita a declarar en plena campaña a cargos de Santa Coloma por la reforma urbana del centro

Intersección de la zona afectada por el PERI, desde donde se divisa el edificio de 12 plantas a medio construir.

Intersección de la zona afectada por el PERI, desde donde se divisa el edificio de 12 plantas a medio construir. / Elisenda Pons

Manuel Arenas

Manuel Arenas

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La reforma urbana del centro de Santa Coloma de Gramenet continúa transitando laberínticos vericuetos legales. En una nueva sentencia judicial del pasado 23 de mayo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona (JCAB) vuelve a anular la última reparcelación (2016) del -bloqueado desde hace dos décadas- plan urbanístico conocido como 'PERI' (Plan Especial de Reforma Interior), consecuencia jurídica que ya le atribuyó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en noviembre del 2022.

En esta ocasión, la jueza se adhiere a la decisión y argumentación esgrimida por el TSJC hace medio año con la diferencia de que en esta nueva resolución se estima el recurso de otro vecino implicado en la reforma urbana, J. C. B. Este ciudadano reclamó contra la citada reparcelación -aprobada en una Junta de Gobierno del 18 de octubre del 2016- por no estar conforme con la compensación económica ofrecida por el Ayuntamiento de Santa Coloma a cambio de disponer de una vivienda de su propiedad, el número 2 de la C/Josep Pedragosa i Banús, para derribarla y acometer la reforma urbana de la zona.

Este aval al revés judicial del TSJC no es sin embargo definitivo. Tal y como la propia alcaldesa Núria Parlon (PSC) explicó en una entrevista con este diario, el consistorio decidió recurrir la primera sentencia del TSJC y en estos momentos se discute en sede judicial si, por una cuestión formal de plazos, cabe el citado recurso con el que la administración local defiende la validez de la mencionada reparcelación, la cual resultó clave porque desbloqueó algunos derribos en el casco antiguo colomense.

Consultadas ante la primera sentencia del TSJC, fuentes municipales del Ayuntamiento de Santa Coloma delimitaron los efectos de la decisión judicial, la cual ya advirtieron que recurrirían, a la configuración de las cargas y beneficios (derrocar la finca a cambio de una compensación) relativos a los propietarios e inquilinos de las fincas, entre los que se halla el vecino J. C. B. Pero la resolución, enfatizaron estas mismas fuentes municipales, no echaba por tierra la totalidad del plan urbanístico en sí (el 'PERI'), cuya legalidad "quedaba ratificada".

El transcurso de una "arriesgada" década

La argumentación del JCAB, que calca la de la primera sentencia del TSJC, va dirigida a tumbar la última reparcelación del 2016 por basarse en los términos de otra del 2006, cuyo contenido se mantiene vivo pese al transcurso de una década, escenario que el JCAB tilda de "arriesgada senda" en el mismo sentido que el TSJC criticaba a la administración local por "discurrir por la peligrosa senda de operar sobre la reparcelación ejecutiva del 2006".

Así lo consideran los togados porque, argumentan, la legislación aplicable a la repartición de cargas y compensaciones económicas derivadas del 'PERI', determinante para efectuar los cálculos y valoraciones técnicos, cambió del 2006 al 2016 y ello no se tuvo en cuenta por parte de la Administración.

A ojos de los jueces, por lo tanto, el inexorable paso del tiempo no debería haberse salvado en el 2016 con la figura urbanística de una modificación de la reparcelación ya prevista en el 2006, tal y como se hizo, sino con un nuevo proyecto de reparcelación al que fuera aplicable la regulación actualizada y vigente.

El origen de estas sentencias es una demanda de siete de los doce vecinos (cinco propietarios y dos inquilinos) con viviendas afectadas por el 'PERI', defendidos por el abogado Rafael Mendoza, que no estaban de acuerdo con las compensaciones propuestas por el Ayuntamiento de Santa Coloma y que se dirigieron a Mendoza para reclamar cuantías superiores. De las seis reclamaciones vecinales en curso, tres han sido estimadas por los tribunales, una no (aunque está recurrida), otras dos están en trámite y una séptima ya está resuelta en favor del cobro del propietario.

"Cada uno de mis clientes reclamaba algo diferente: uno 100.000 €, otro 30.000 €... El problema es que el Ayuntamiento no quiso sentarse a negociar con los vecinos", criticó Mendoza ante la primera sentencia del TSJC.

Desde la Plataforma Salvem el Barri Antic de Santa Coloma, impulsada por vecinos contrarios a la reforma, afirmaron que la sentencia del TSJC "es una gran noticia", en palabras del portavoz Antoni Sancho, porque "nos da la oportunidad de intervenir como plataforma en el nuevo proyecto de reparcelación [si es que finalmente lo hay], algo que no pudimos hacer en el 2016".

Próximas declaraciones por una querella

Al margen de estas sentencias relativas a la última reparcelación del 'PERI', las cuales se enmarcan en un ámbito puramente administrativo, durante la campaña de las pasadas elecciones municipales del 28M una jueza citó a declarar a cargos municipales de Santa Coloma el próximo 22 de junio, contra quienes se querelló (por la vía penal) otro vecino, J. T. L, por presuntos delitos de prevaricación urbanística, revelación de información privilegiada y coacciones relativos a sus actuaciones en torno al 'PERI'.

Al conocerse la citación judicial en plena campaña electoral a partir de una información que avanzó este diario, la hasta ahora oposición de Santa Coloma (Ciudadanos, 'Comuns' y ERC) aprovechó la coyuntura para hacer campaña contra la alcaldesa Parlon y forzó un Pleno extraordinario para que el Gobierno local explique los detalles de la actuación de los cargos citados a declarar.

Estos son Jordi Mas (PSC), exteniente de Alcaldía de Urbanismo y ahora coordinador del Área Técnica del Consorci de l'Habitatge del Área Metropolitana de BarcelonaLidia Montero (PSC)actual tenienta de Alcaldía de Seguridad Ciudadana y extenienta de Alcaldía de Urbanismo que no concurrirá a las municipales del próximo 28 de mayo; y Miquel Roigactual director de Urbanismo del consistorio y anterior jefe de Servicio del Gabinete de Acción Territorial.

Esta sesión extraordinaria saltó a después de las elecciones municipales y finalmente tendrá lugar este próximo viernes 9 de junio al mediodía.

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