La ley del alcohol y menores sigue adelante: sale a consulta pública

El Ministerio de Sanidad ha elevado a audiencia e información pública el anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en personas menores de edad. Las empresas, entidades, asociaciones y particulares que quieran hacer aportaciones, pueden efectuarlas a través del correo electrónico informacion_publica@sanidad.gob.es antes del 6 de septiembre.

La normativa fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de julio y está dirigida a reducir los altos índices de consumo de alcohol entre los adolescentes. Pese a que se trata de una conducta prohibida, la Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias ESTUDES indica que en 2023 el 75,9% de los chavales entre 14 y 18 años admitió haber ingerido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, el 73,6%, en el último año y el 56,6%, en el último mes. Y la edad media de inicio es a partir de los 14 años.

Ante ello, la ley busca cambiar los determinantes sociales, culturales y comerciales que incitan a los más jóvenes a beber alcohol. Para ello, prohíbe el consumo para todas las personas -adultos y menores- en los centros educativos, centro de menores, residencias de estudiantes que admitan a menores o centros deportivos y de ocio cuando haya espectáculos públicos destinados a niños, como partidos o conciertos infantiles.

La publicidad

También se establecen limitaciones a la exposición y venta, como la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas a menos de 200 metros de centros educativos o sanitarios. Tampoco se permite promocionar el ‘consumo moderado’ o ‘responsable’.

La norma contiene varias sanciones, entre las que destaca que se multará con entre 601 y 30.000 euros a los adultos que faciliten o inciten a los menores a beber.

La ley tiene aún un largo recorrido por delante. Además de someterse a audiencia pública, debe recabar los informes del resto de ministerios y de otras instituciones y organismos, antes de volver a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria.