El Supremo pregunta a la fiscalía antes de abrir causa contra Álvaro Ortiz

Una vez abierto formalmente el nuevo año judicial, el Tribunal Supremo ha retomado su actividad. Este lunes ha procedido a dar el primer paso en la tramitación de la exposición razonada que elevó el Tribunal Superior de Justicia madrileño contra el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de la expresidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una nota de prensa sobre la causa en la que Alberto González Amador está imputado por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.

Su primera actuación ha sido solicitar al propio ministerio público un informe sobre competencia y contenido en relación con la exposición razonada remitida por el TSJM y con las denuncias y querellas planteadas por otras asociaciones por el mismo asunto. El dictamen corresponderá a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que es la persona que sustituye al fiscal general en caso de enfermedad o cuando debe apartarse de algún procedimiento, como lógicamente ocurre con este, donde la acción penal se dirige contra él.

La número dos de la carrera fiscal es la que redactó también los informes del ministerio público en los casos en los que la jefatura fiscal no comparte opinión con el fiscal adscrito al caso, como con salvedades ocurrió en Tsunami Democràtic y en el 'procés', del que fueron apartados los fiscales que actuaron en el juicio contra los líderes independentistas.

En la diligencia de ordenación, hecha pública esta lunes, el tribunal acuerda acumular en una única causa las diferentes acciones presentadas contra Ortiz. Se trata de una querella de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que fue la primera que se presentó el pasado mes de marzo, una denuncia y una querella del sindicato Manos Limpias y la exposición razonada elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Sala que estudiará la admisión a trámite de esas acciones estará formada por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Camen Lamela, y Susana Polo, que ha sido designada ponente.

El fiscal general ha manifestado en varias ocasiones que está tranquilo e, incluso, ha anunciado su intención en seguir al frente de su cargo, aunque la Sala de lo Penal decida finalmente imputarle e investigarle, al considerar que su actuación respondió a la obligación de transparencia que debe regir la el ministerio público y su intención fue evitar que se difundiera un bulo a partir de la versión de la defensa.