El Govern impulsa la ampliación del aeropuerto sin descartar un alargamiento de las pistas

El Govern ha reactivado este martes la comisión Generalitat-Estado que tiene que hacer una propuesta para ampliar el aeropuerto de Barcelona. El encargo que tendrá este órgano es decir cómo se puede "mejorar la capacidad" de esta infraestructura para "satisfacer la demanda de vuelos intercontinentales". El ejecutivo de Salvador Illa quiere que este mismo mes de septiembre ya se reúna la comisión y tenga un plan elaborado antes de terminar el año.

La encargada de explicar esta decisión del Govern ha sido la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La idea es que la comisión haga una "propuesta técnica" con el "máximo rigor" y estudiando "diferentes posibilidades". Además, en pocos días ella se reunirá con el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, para abordar los integrantes de este órgano.

Lo que no ha quedado claro este martes es si el Govern es partidario o no de que una de las maneras de ampliar el aeropuerto sea prolongando las pistas actuales, una cuestión que siempre genera polémica. En este punto ha habido confusión. En la nota de prensa que ha facilitado la Generalitat se recogía que el futuro de El Prat pasaría por un "alargamiento de la pista al mar" con una "longitud que vendrá determinada por criterios técnicos y ambientales". Sin embargo, luego la Generalitat ha dicho que se trataba de un error y que no hay ninguna decisión tomada al respecto, ya que en el acuerdo del Consell Executiu no aparece este apunte. Paneque ha asegurado que el Govern "no tiene ninguna posición sobre este tema". "Es prematuro hablar de cuestiones concretas", ha zanjado, dejando en manos de los técnicos cómo debe llevarse a cabo la ampliación.

La prolongación de las pistas es el principal tema de conflicto que históricamente genera la ampliación del aeropuerto, ya que podría afectar las zonas protegidas de la zona. Además, los dos socios de investidura de Illa, ERC y los Comuns, ya han avisado de que no apoyarán ninguna reforma que alargue estas pistas. Los republicanos incluso han avisado de que para ellos es "una línea roja".

Respeto al medio ambiente

Paneque no ha querido ahondar en la polémica asegurando que no hay ninguna decisión tomada al respecto y que, en cualquier caso, será responsabilidad de la comisión formular las diferentes propuestas. La Generalitat lo que garantiza es que se respetará la "biodiversidad", "la convivencia con los vecinos", "las directivas ambientales europeas" y la "puesta en valor de los espacios protegidos" de la zona.

Hasta ahora no ha habido administración catalana que haya conseguido la cuadratura del círculo proponiendo un proyecto que logre aumentar la capacidad de El Prat sin afectar las zonas protegidas o sin aumentar el ruido de las zonas habitadas. Para poner un ejemplo: la última propuesta del Govern de Pere Aragonès aumentaba la capacidad de acoger vuelos sin alargar las pistas, pero molestó sobremanera a los vecinos de la zona por su impacto acústico.

Sea como sea, el Govern quiere tener una propuesta hecha en cuatro meses como máximo para que sea la base del nuevo plan director del aeropuerto, un documento que el ministerio tiene que empezar a tramitar durante el primer trimestre de 2025.

El futuro de Hard Rock

Otra cuestión candente del Govern en materia de infraestructuras es el futuro del macrocomplejo de ocio Hard Rock, que está pendiente de que la Generalitat dé el visto bueno al informe de impacto ambiental. Illa defendió el proyecto cuando estaba en la oposición, pero, para ser investido presidente, pactó con los Comuns que revertiría las ventajas fiscales que en su día se dio a los promotores, bajando el impuesto a los casinos del 55% al 10%.

Paneque ha asegurado que la Generalitat cumplirá con lo pactado con los Comuns y que, por lo tanto, subirá la fiscalidad del juego. Se dijo en su día que esta subida ponía en duda la viabilidad del proyecto y que ahuyentaría a los inversores que, en el peor de los casos, podrían demandar a la Generalitat. La consellera ha evitado valorar esta cuestión y ha asegurado que la Generalitat seguirá con todos los trámites previstos.