La AN rechaza investigar el presunto fraude de 76 millones a un fondo inglés por la empresa extremeña que secuenciaba el genoma humano

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que carece de competencia para investigar el presunto perjuicio por valor de 76, 7 millones de euros del que el fondo inglés Pemberton responsabiliza a Global Invest Agrotech y otras mercantiles vinculadas a la familia Larrasa, que buscó financiación en esta gestora de deuda privada asegurando que contaba con un proyecto que permitiría avanzar de forma exponencial en la lucha contra enfermedades como el cáncer a través de la secuenciación del genoma humano. 

El secreto empresarial que los industriales extremeños valoraron en 400 millones de euros se basaba en "determinados conocimientos de detección genética de aves y cerdas de alta fertilidad", según la querella presentada en su día ante los órganos centrales.

Según confirma la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una resolución del pasado 5 de julio, a la que ha tenido acceso este periódico, y aún "siendo importante la cuantía de lo supuestamente defraudado" no cabe apreciar que la estafa pudiera tener grave repercusión en la economía nacional o en la seguridad del tráfico mercantil. 

Tampoco se puede considerar, al contrario de lo que defienden los querellantes, que existan múltiples perjudicados, por lo que el órgano central se inhibe en favor de los juzgados ordinarios sin que quepa recurso alguno. El pasado mes de febrero, la Audiencia ya acordó derivar a los juzgados de Badajoz otra acción penal presentada por el fondo de inversión Eureka Corporate Group LLC contra Laboratorios Larrasa, según informó El Español, mientras que en el ámbito mercantil un juez de la capital pacense ha declarado estos laboratorios en concurso de acreedores.

La querella se ha presentó por tres entidades, Pemperton Strategic Credit Holdings S.A., Pemberton Managed Account A Holdings y Pemberton Managed Account B Holdigsa, contra dos responsables del grupo en el que se integra Global Invest Agrotech y la propia compañía. Para los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Jesús Eduardo Gutiérrez, sin embargo, se trata del perjuicio causado a un solo particular, una sola persona jurídica, de modo que no cabe hablar de pluralidad de perjudicados dispersos a lo largo de toda la geografía nacional.

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Acusan de organización criminal

El fondo de inversión británico denuncia concretamente delitos de falsedad en documento privado, estafa, falsedad documental, insolvencia punible, frustración a la ejecución, blanqueo de capitales e incluso pertenencia a grupo u organización criminal

Según los querellantes no debería hablarse, sin embargo, de un único particular afectado, puesto que son tres los vehículos financieros que canalizan las aportaciones de múltiples inversores que confiaron en el fondo de inversión de deuda para depositar sus ahorros, unos inversores que se encuentran además dispersos por varios países. La Audiencia les contesta a este punto que los perjudicados identificados en la querella se limitan a las tres sociedades de Pemberton, "por más que aglutinen y gestionen, al parecer, según dicen, inversiones de particulares que les confiaron sus fondos".

Alegaban igualmente los ingleses que las acciones denunciadas han llevado ya a la justicia abrir procedimientos en Sevilla --por parte del auditor de la compañía por falseamiento de documentos contables-- y también en Badajoz, donde Hacienda está personada por presunto blanqueo de capitales, ello sin otros procedimientos de naturaleza criminal abiertos en Brasil por falsedad documental por parte de las entidades BRF y Stonex, amén de otras firmas como Finalbion, BTG Pactual, Caja Rural y Banca March, que inyectaron fondos en el proyecto. 

Llegan a apuntar a una financiación obtenida "de forma supuestamente fraudulenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). También cita el fondo inglés que la Agencia Tributaria española considera a los querellados "como uno de sus mayores morosos con una deuda de 13,7 millones de euros y la Seguridad Social, habiéndose iniciado acciones en Brasil por otras entidades".

Complejidad por hechos en Brasil

Asimismo, Pemberton considera que la investigación será compleja, puesto que habrá que contar con mecanismos de cooperación judicial internacional al haberse desarrollado parte de los hechos en Brasil, la existencia de posibles delitos cometidos por españoles en el extranjero.

El fraude denunciado pivota sobre la falsedad de dos contratos brasileños que fueron entregados a Pemberton con la finalidad de generar la falsa creencia de que las empresas del grupo tenían unos ingresos recurrentes de varios cientos de millones de euros anuales. Estos contratos son, según Pemberton, de dos empresas brasileñas "que han reconocido que conocen a los querellados, pero que nunca firmaron esos contratos, ni reconocen el contenido de los mismos", por lo que al conocer su utilización por lo que interpusieron la correspondiente denuncia ante la Policía brasileña. La investigación en el país sudamericano, sin embargo, se suspendió al no poderse identificar si la falsedad había sido cometida en Brasil o en España.

Tras la entrega de los contratos brasileños, y tras la valoración de los Larrasa de la compañía "en más de 400 millones de euros debido a su 'secreto empresarial', Pemberton puso a disposición del grupo 100 millones de euros, de los que en el mismo día de la firma dispusieron de 65 millones de euros que, al parecer, se transfirieron a Brasil a una serie de filiales controladas por los querellados como también con posterioridad el dinero ingresos en las cuentas españolas.

La querella continúa señalando que "incumplidas las condiciones del contrato de financiación, al no constituir las cargas hipotecarias sobre determinados activos localizados en Brasil, ni llevarse a cabo labores de georreferenciación exigidas bajo derecho brasileño en relación con las fincas", y tras declinar la entrega de los 35 millones restantes, los británicos declararon el vencimiento anticipado y reclamaron el pago de la deuda.

Estado de las cuentas

No obstante, al ir a ejecutar los pagos, el fondo de inversión comprobó que la prenda de cuentas pactada sobre las cuentas bancarias operativas tenían solo el 5% del importe declarado en los últimos estados financieros por parte de los Larrasa y, cuando se reclamó información sobre el saldo, se informó de que había utilizado para pagar material por valor de 38,5 millones de euros. 

Pese a suscribir tres 'pactos de espera' concediendo plazos adicionales para que Global Invest Agrotech y el resto de empresas concernidas pudieran devolver los préstamos, éstos fueron incumplidos y también se vio frustrado el intento de ejecutar la prenda de participaciones, la ejecución de la hipoteca sobre el único activo inmobiliario de Pemberton y la ejecución de la garantía personal. El perjuicio total se cifra en 76.787.430,66 euros, según la querella que ahora será investigada por un juzgado ordinario de Badajoz.