Génova ve "muy difícil" retomar el pacto migratorio y mantiene intactas sus exigencias de financiación

No hay motivo para el optimismo a pesar de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en que solo hace falta voluntad política para que Gobierno y PP consigan pactar la Ley de Extranjería que el Congreso tumbó en julio. En Génova aseguran que “no hay ningún avance” ni tampoco ha habido contactos con el Ejecutivo en estas semanas. Fuentes de la dirección nacional recalcan también que las exigencias que pusieron por escrito el mes pasado -y que pasan, necesariamente, por una concreción en la financiación para la acogida de menores migrantes y la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, además de implicar a la Unión Europeo en la situación- siguen intactas.

En la cúpula popular dejan claro que no se moverán porque, entre otras cosas, ya asumieron la ruptura de los gobiernos con Vox por continuar firmes en su posición de que los menores migrantes acordados en el reparto entre comunidades para este año se llevaría a cabo. Sin embargo, la reforma de la Ley de Extranjería -que ya sufrió un varapalo parlamentario- y que pretende una agilización mayor a la hora de resituar a los adolescentes y niños que llegan en una situación irregular a las islas y también a Ceuta, no tendrá el apoyo del PP si no se tienen en cuenta sus peticiones.

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El portavoz nacional de los conservadores, Borja Sémper, alejó un posible pacto en su comparecencia este lunes tras el comité de dirección del partido. “Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno, desgraciadamente no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque no atiende nuestras propuestas. Hace caso omiso”, advirtió. Otros miembros de la dirección reconocen que no solo no hay conversaciones sino que no ven viable ese acuerdo a futuro.

El propio presidente canario lleva días asumiendo las peticiones del PP, que tilda de “razonables”. Sobre todo lo que tiene que ver con la financiación, los espacios y las infraestructuras que las comunidades autónomas reclaman para poder llevar a cabo la acogida. “Canarias está saturada, Ceuta está igual. Pero es que la Región de Murcia no puede acoger a un solo menor más. No tiene condiciones. Aunque quiera no se puede. Muchos territorios están al límite”, insisten en la dirección nacional del PP, que acusan al Gobierno de “no querer” entrar al fondo del asunto y sentarse a hablar de una política migratoria integral.

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La petición del PP -además de una Conferencia de Presidentes que sigue sin fecha- plantea que se definan con concreción las plazas que cada autonomía tiene capacidad de ofrecer y gestionar para la acogida de menores migrantes y que cuando se superen sea el Estado quien ponga los recursos completos hasta la emancipación de cada menor. En algunas autonomías tampoco hay espacios físicos -como está ocurriendo en Canarias, que recurre desde hace mucho tiempo a carpas provisionales- para dar respuesta.

Todas estas medidas, en todo caso, están destinadas solo a los migrantes que son menores de edad. El fenómeno es mucho mayor y en el PP reclaman que se implique por ese mismo motivo a las instituciones europeas como han hecho en otros momentos Italia o Grecia. La acusación que se repite hacia el Ejecutivo es la de una “inexistente política migratoria” que, según dicen en Génova, ahora quieren solventar “con parches” como esta reforma de la Ley de Extranjería.

El debate migratorio será otro de los asuntos que Alberto Núñez Feijóo aborde en su reunión con los presidentes autonómicos del PP el próximo 6 de septiembre. Todo el foco lleva puesto días en el concierto fiscal de Cataluña después del pacto entre PSC y ERC. Ese encuentro de los conservadores pretende dar una respuesta común, pero en el PP reconocen que habrá otros asuntos significativos encima de la mesa y este será uno de ellos.

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El PP también debe abordar su estrategia para el resto de legislatura en las autonomías donde Vox rompió los gobiernos. Feijóo consiguió que todos sus presidentes defendieran la posición del partido, incluso en casos como el de la Comunidad Valenciana, que acumuló dudas en los días finales. El partido de Santiago Abascal apretó mucho y cumplió con su amenaza dejando los ejecutivos regionales. En el partido algunos barones consideran que la gestión de aquella crisis fue un golpe de autoridad del líder del PP, que ahora también necesita mantenerlos a raya en el asunto de la financiación.

En Canarias la situación política también parece estabilizada. En el PP estaban convencidos de que el PSOE trataba de hacer descabalgar su pacto con Coalición Canaria en la búsqueda de una ruptura. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Clavijo en que se debe producir un acuerdo entre los dos grandes partidos, el presidente canario defiende como propias las peticiones del PP. Ya durante el debate en el Congreso la diputada de los nacionalistas en las islas, Cristina Valido, pidió retirar el debate si eso contribuía a sentarse en una mesa populares y socialistas. El Gobierno no accedió. En este momento el PP asegura que no hay ningún contacto para retomar un debate que todos califican de urgente.