El PP exige al Gobierno “espacios físicos” en las CCAA para apoyar finalmente la Ley de Extranjería

El PP solo cambiará su postura para apoyar la Ley de Extranjería si el Gobierno acepta sus principales demandas. En el partido de Alberto Nuñez Feijóo se mantienen en el no porque consideran que la reforma legal no aportará soluciones al colapso migratorio -que irá a más con el verano- y solo permitirá al Gobierno derivar los menores migrantes a las comunidades sin garantías suficientes. Varias comunidades autónomas encabezadas por el PP -y ya sin Vox dentro de los gobiernos- han dejado claro a Génova que se oponen a la reforma tal y como está redactada.

En la dirección nacional reconocen que hay una ventana abierta, pero solo se abrirán a dar su apoyo si el Gobierno se compromete a reformar el texto legal que llevará el martes al Congreso. Lo indispensable es que el Ejecutivo ponga “espacios físicos” e infraestructuras propias en las CCAA porque hay territorios que ya tienen sus instalaciones colapsadas y otras directamente no tienen medios. 

Lo siguiente es que se extienda la declaración de emergencia nacional a todo el territorio y que no hable solo -como ahora- de Canarias, Ceuta y Melilla. El motivo es que aunque las islas son la puerta de entrada de los migrantes -menores y también adultos- hay otras zonas que también han rebasado el límite de su capacidad y pueden necesitar la derivación a otros lugares. Y, por último, que el Ejecutivo hable directamente con los presidentes autonómicos que deben gestionar a esos menores migrantes. El PP lleva días exigiendo la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para coordinar las acciones.

Sin estas tres condiciones no hay nada que hablar, recalcan en Génova. Como publicó este diario días antes de la Conferencia Sectorial de Santa Cruz de Tenerife que acordó el reparto inicial de menores migrantes previsto para este 2024  -y que terminó provocando la salida de Vox de los gobiernos autonómicos- las CCAA encabezadas por el PP estaban dispuestas a aceptar la distribución de adolescentes y niños pendientes para este año, pero se oponían con fuerza a la reforma legal. 

Y en la dirección nacional, que dejaron claro que sus autonomías sí acogerían a los menores, respaldaron esa posición de rechazo a la ley porque entienden que se trata de “un parche” que no soluciona nada más que una situación puntual, y deja “abandonadas” a las autonomías que a partir de ahora tengan que hacer frente a la acogida de menores que llegan a Canarias cuando las islas colapsen. 

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Varios presidentes autonómicos llevan días -también lo trasladaron así a la dirección nacional- dejando claro que “esta ley no se puede apoyar”. 

El Ejecutivo, en todo caso, podría forzar al PP a retratarse al lado de Vox votando en contra, aunque la norma no saliera adelante. Pero en la cúpula conservadora insisten en que no es un asunto que les incomode: “No hay mayor separación de la ultraderecha que el hecho de que hayan roto los gobiernos. Y pensamos que la ley no va a arreglar nada. Nos retratamos sin problema”, zanjan.

A esas tres condiciones preliminares se suman otras muchas propuestas que el PP está elaborando como un plan alternativo a la Ley de Extranjería, y que debe decidir si realmente lo convierte en una proposición de ley, dependiendo de cómo actúe finalmente el Gobierno. 

En la sede nacional y en el grupo parlamentario en el Congreso llevan semanas de trabajo analizando y aglutinando todas sus posiciones. El trabajo está hecho y la necesidad de actuar pasa por las previsiones del Ministerio del Interior y del propio Gobierno de Canarias, que hablan de que en lo que queda de año serán 70.000 los inmigrantes irregulares en las islas, 11.000 de ellos menores. 

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En lo que respecta a los recursos, desde el primer momento el PP exigía una memoria económica en la que se concretara la financiación para toda la acogida de los menores (son las CCAA las que deben gestionarlo hasta que cumplan la mayoría de edad). El compromiso financiero, insisten, debe ir acompañado de un fondo de contingencia plurianual en el que se prevean las necesidades de todos los menores hasta su emancipación. 

El otro punto clave, que Feijóo viene reiterando días, pasa por que sea el Gobierno central el que ponga a disposición instalaciones propias en los territorios. La Región de Murcia denuncia que su capacidad está ya al 200% y en la Comunidad Valenciana supera el 170%. No hay espacios físicos para atender a los menores migrantes. Y lo que piden las comunidades del PP es que se habiliten infraestructuras aunque luego sean ellas las que deban gestionarlas. 

El otro eje en el que los conservadores también llevan trabajando tiempo -ahí estuvo el patinazo de Miguel Tellado cuando habló de movilizar a la Armada, aunque en el PP siguen defendiendo la actuación de las Fuerzas Armadas- es el de la política migratoria a nivel internacional. Feijóo reprocha al Gobierno gestionar una crisis de primer orden con una reforma legal que es pan para hoy y hambre para mañana, denunciando que el problema es la falta de una política migratoria estable y clara durante años.

El PP exige medidas concretas que impidan los flujos de migración irregulares con controles específicos en las fronteras marítimas y en los aeropuertos (con un pasaporte de tránsito específico) y acuerdos de cooperación con los países emisores -disuasorios pero también con inversiones- además de órdenes de repatriación para todas las personas irregulares que tengan un expediente de expulsión. La otra gran exigencia pasa por involucrar a la Unión Europea al máximo. Por eso hace dos semanas Feijóo aprovechó un encuentro con el PP europeo, en presencia de Ursula von der Leyen, para pedir “ayuda”, insistiendo en que hacía “el trabajo” que debía haber hecho el presidente del Gobierno.