El PP azuza a Sánchez con la crisis migratoria y sube el precio de un pacto por la ley de extranjería

El PP prepara el arranque de curso empleando la crisis migratoria como ariete contra la gestión del Gobierno. El importante aumento de migrantes irregulares, con un 66% más que el año pasado por estas fechas, ha llevado al principal partido de la oposición a tratar de liderar este debate y a poner nuevas exigencias sobre la mesa para alcanzar un pacto sobre la ley de extranjería, después de que fracasara el primer intento hace unas semanas en el Congreso de los Diputados. Las vacaciones de Pedro Sánchez en Canarias, la comunidad más afectada, ha llevado además al partido de Alberto Núñez Feijóo a elevar el tono contra el presidente de Gobierno, que tras días de peticiones por parte del Gobierno canario y una ofensiva abierta por los populares, se reunirá este viernes con su presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, además de anunciar un viaje la semana que viene a Mauritania, Senegal y Gambia, algunos de los principales países de origen de estos flujos migratorios.

Las cifras

El debate sobre la migración irregular ha ido ganando protagonismo político en los últimos meses, conforme crecían las cifras de llegadas y aumentaba la presión en las zonas de entrada, con Canarias, Ceuta y Melilla triplicando su capacidad de acogida. En las últimas horas, el Gobierno de Canarias se ha visto obligado a instalar carpas para alojar a los más de 1.200 migrantes que han llegado en agosto. Hace unos días, Ceuta también pidió auxilio por la saturación de los centros de menores.

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Según el último balance del Ministerio del Interior, en lo que va de año hasta el pasado jueves 15 de agosto, un total de 31.155 migrantes habían llegado a España de forma irregular, 12.410 personas más (es decir, un 66,2%) que en el mismo periodo de 2023 (18.745). Del total de migrantes que han llegado por vía marítima, 22.304 han entrado en Canarias, un 126,1% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 9.864. A estas cifras oficiales habría que sumar al menos otros 514 migrantes que llegaron a las costas españolas sólo durante el fin de semana, de los que 340 desembarcaron en Canarias.

Ya antes de verano la situación era insostenible, y Canarias hizo un llamamiento a repartir la presión migratoria con el resto de comunidades. Por entonces, sólo se logró una solución provisional, y la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia acordó un reparto voluntario de 347 menores no acompañados entre los distintos territorios, un reparto del que sólo se descolgó Cataluña (ERC). Una solución que el propio Gobierno calificó como un "parche".

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Pero aquel acuerdo supuso un inesperado terremoto político, después de que Vox respondiese al pacto rompiendo con el PP los cinco gobiernos autonómicos que sostenían. Este movimiento llegaba pocas semanas después de que las elecciones europeas, donde fuerzas populistas de distintos países, como el fenómeno Alvise en España o Le Pen en Francia, experimentasen un importante auge en las urnas gracias al discurso anti inmigración.

Primer naufragio parlamentario

La solución planteada por el Gobierno para aliviar el colapso de Canarias consistió en plantear una reforma en el Congreso para incluir dentro de la ley de extranjería un mecanismo de reparto 'automático' entre CCAA de los menores migrantes que llegaran a zonas saturadas donde el número de acogidos superase el 150% de las plazas totales disponibles.

Esto era una manera de evitar las arduas negociaciones entre comunidades autónomas cada vez que debe efectuarse un reparto de este tipo, pero el PP lo rechazó alegando que era una manera del Gobierno de desviar la responsabilidad a los territorios, en su mayoría gobernados por los populares.

Durante le debate parlamentario, el partido de Alberto Núñez Feijóo pidió, al igual que Coalición Canaria, retirar la norma para seguir negociando, pero tras la decisión de mantenerla del Gobierno, la reforma cayó con los votos en contra de Vox, Junts y PP.

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Pero el debate está lejos de acabar, y la reforma de la ley de extranjería se presenta como uno de los grandes asuntos pendientes que el Sánchez deberá abordar al comienzo de curso, ante la imposibilidad de 'automatizar' los repartos el pasado julio. Y tras fracasar el primer intento, los presidentes de Canarias y de Ceuta -Juan Jesús Vivas, del PP- continúan pidiendo una reforma de la ley de extranjería que sólo podría salir adelante por la vía del real decreto.

El Gobierno ya dejó claro que una norma de este tipo, para garantizar la seguridad jurídica, debería tener asegurados los apoyos en el Congreso antes de aprobarse en Consejo de Ministros, puesto que es la Cámara Baja la que debe convalidar los decretos en los 30 días siguientes a su publicación en el BOE. Una mayoría que debería contar con el apoyo del PP, tanto para lograr las mayorías necesarias, como para evitar una rebelión territorial por parte de las comunidades gobernadas por los populares.

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Las exigencias

El debate migratorio se ha demostrado como una palanca en el tablero político, y ante la radicalización de Vox y el auge del populismo sobre este asunto, los populares han planteado nuevas exigencias al Ejecutivo para marcar perfil propio y justificar ante su electorado la posibilidad de alcanzar un acuerdo en este punto. Así, el PP reclamó este martes incorporar una serie de propuestas para poder alcanzar un acuerdo sobre esta materia, pidiendo al Gobierno mayor implicación. "Lo que le pedimos al Gobierno es que ese real decreto incorpore ya lo que nosotros estamos planteando porque entonces tendrá mucho más fácil que nosotros lo podamos convalidar", defendió este martes la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Alós.

En la propuesta registrada por los populares en el Congreso, y que Génova planteó como punto de partida para la negociación, se incluyen medidas como el refuerzo de control de fronteras, dotar de más medios a las oficinas de extranjería para desarrollar un "modelo efectivo de migración vinculado al mercado de trabajo" o "dotar de un fondo de contingencia suficiente a para financiar a las Comunidades autónomas la atención a los menores extranjeros no acompañados".

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La iniciativa registrada también daba cuenta de la ofensiva del PP por este asunto, elevando el tono contra un Gobierno al que acusan de estar "favoreciendo" la inmigración irregular. "No se puede hablar de habilitar, mejorar e impulsar las vías regulares de migración, ordenadas y vinculadas al mercado laboral, si el Gobierno continúa favoreciendo, con la ausencia de políticas nacionales para el control y la ordenación de flujos migratorios irregulares, las vías no habilitadas de llegadas a España". Unas vías que, prosigue, "no sólo ponen en riesgo la vida de las personas que migran, sino que también alimentan a las mafias que trafican con seres humanos lucrándose de la necesidad y la pobreza".

Viaje a Mauritania

En su escrito, el partido de Alberto Núñez Feijóo reclama "trabajar en el control y la ordenación de flujos, así como en la protección de nuestras fronteras", un objetivo al que acusan al Gobierno de haber renunciado "de manera consciente", algo que tachan de "irresponsable". Entre las medidas que reclamaba el PP en su propuesta está la de alcanzar acuerdos con los países de origen de la migración irregular, citando expresamente Mauritania, Senegal o Marruecos. Precisamente este lunes, el presidente de Gobierno anunció un viaje la próxima semana a los dos primeros países, además de Gambia, aunque sin visitar territorio marroquí.

Será la segunda vez en poco más de seis meses que Sánchez viaje a Mauritania, ya que el pasado 8 de febrero se desplazó a ese país junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y anunciaron una ayuda de más de 500 millones de euros para facilitar el progreso del país y la lucha contra la migración ilegal. En esas fechas el 83% de las llegadas irregulares a Canarias procedían de Mauritania.