Más de 100 víctimas del 17-A siguen sin indemnización siete años después de los atentados

Hace siete años que Catalunya sufrió un zarpazo que no ha cicatrizado. El recuerdo de los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils el 17 y el 18 de agosto de 2017, en los que murieron 16 personas, se ha ido diluyendo, aunque sus efectos aún laten. Muestra de ello es que la alerta antiterrorista continúa en nivel alto y la extrema derecha gobierna Ripoll con una indisimulada ojeriza hacia el islam, tras la conmoción que supuso que adolescentes y veinteañeros musulmanes de la localidad perpetrasen los atentados. 

En cualquier caso, el 17-A pervive ante todo en las víctimas. Decenas de testigos del atropello masivo de La Rambla y el apuñalamiento indiscriminado en Cambrils han sobrellevado el tormento de haber presenciado la matanza sin que se les concediera el derecho a ser reparados durante años. Baste como prueba que todavía más de un centenar de afectados sigue sin ingresar la indemnización que les corresponde al alcanzarse el séptimo aniversario de la infamia, que se cumple este sábado.

Las personas a las que el Ministerio del Interior negó la condición de víctimas a indemnizar han empezado a ser desagraviadas solo en los últimos meses. Se trata de supervivientes que huyeron para salvarse de ser arrollados, contemplaron los asesinatos de cerca o auxiliaron a heridos, a costa de que su salud mental se resintiera. 

Ramon Serrano es uno de ellos. En mitad del pánico que una furgoneta desquiciada desató en el centro de Barcelona, bajó de un autobús que subía por La Rambla para socorrer a varios heridos tendidos en un escenario desolador. Tuvo que esperar a que el Tribunal Supremo cerrase la causa en diciembre de 2023 para que la sentencia ya firme del caso corrigiera la negativa de Interior a aceptar que las secuelas psicológicas que desarrolló lo convertían en un damnificado más del 17-A. 

“Sentí mucha rabia y mucha impotencia porque el ministerio dijera que yo no era víctima, porque no había estado en la trayectoria de la furgoneta. De haberlo estado, podría ser que ya no estuviera para contarlo”, replica Serrano. Piensa que la Justicia ha dado “un tirón de orejas” a Interior por haber privado de amparo a decenas de personas como él. 

Tras el juicio en que se condenó a tres acusados, la Audiencia Nacional amplió el número de víctimas que Interior admitía hasta entonces. La resolución que dictó en mayo 2021 obligó a que se incluyeran 225 nombres a la lista de damnificados, aunque no se hizo efectivo hasta que el Supremo dirimió los recursos a finales del año pasado. 

Caras nuevas y reencuentros de víctimas en el homenaje a las víctimas del 17A en la Rambla de Barcelona

“Las víctimas han sido las grandes olvidadas” durante la investigación, afirmó la sentencia, hace ya más de tres años. Serrano consta entre quienes la Justicia impone al ministerio que reconozca y compense. En todo caso, la rectificación no ha disuelto el dolor. “Eso no lo quita nadie -opone Ramon-, aunque ahora me siento tranquilo con lo que hice y satisfecho porque se reconozca. No quiero que me vean como un héroe, sino que hice lo que cualquiera hubiera hecho”.

368 víctimas, balance definitivo

La Audiencia Nacional estableció un balance definitivo de 368 víctimas causadas por los atentados. Constató que, como mínimo, en torno a una cuarta parte sufrió trastornos psicológicos. Desde que la sentencia pasó a considerarse definitiva el 13 diciembre de 2023 y hasta el pasado 31 de julio, 160 personas han instado a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo -que depende del Ministerio del Interior- que ejecute la sentencia y les repare por las lesiones, los días de baja y los tratamientos que los jueces acreditaron que se debieron a los ataques.

Quienes han reclamado en los últimos meses son más que los 143 afectados que Interior declaró víctimas del 17-A e indemnizó hace años. El ministerio aclara que dentro del cúmulo reciente de peticiones tras el fallo judicial figuran también personas a las que ya se les efectuó un ingreso tiempo atrás. En esos casos, Interior indica que la dirección de apoyo a las víctimas “prepara el abono de la indemnización reconocida en sentencia, cuantía de la que se descuenta el adelanto ya entregado”.

Aunque Interior no precisa cuántas personas han percibido un subsidio, de los datos se desprende que aún se debe la indemnización a más de 105 afectados. “Las cifras nos dan la razón cuando decíamos que el ministerio no ha hecho un trabajo proactivo de asesorar, localizar y ofrecer a cada víctima los derechos que le corresponden”, interpreta Robert Manrique, miembro de la desaparecida Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT). La entidad ha arropado a decenas de supervivientes, muchos de ellos con afecciones de salud mental. “Interior espera a que la gente acuda, sin haberla buscado ni informado durante años. No puede ser que la administración sea reactiva”, reprocha Manrique.

El ministerio añade que, de las 160 solicitudes cursadas en el pasado medio año, 120 se han resuelto con el abono de la compensación. Por ahora, seis personas han discrepado con la cuantía que el ministerio les transfiere y han recurrido para que se revise. 

Otros 40 afectados están a la espera de que sus expedientes se cierren para cobrar. Serrano se cuenta entre ellos. “Yendo bien, la indemnización no llegará hasta el año que viene”, deduce. 

Al margen, aún quedan varias decenas de víctimas citadas en la sentencia que no han dado el paso para obtener la indemnización. No son menos de 65 personas. “El ministerio no las busca”, piensa Manrique. “Si ha habido gente que nos hemos leído los 68.000 folios del sumario y hemos encontrado direcciones, ‘emails’, teléfonos e informes médicos, ¿cómo es posible que el ministerio no los encuentre? Aparte, como mínimo hay 123 nombres en el sumario que no salen en la sentencia y otras personas que no aparecen en ningún listado. Todos ellos se quedan sin reconocer”, advierte.

Más de 8 millones de euros

El Estado ha sufragado 8.407.202,19 euros hasta el pasado 1 de agosto en compensaciones a víctimas de los atentados de Catalunya en 2017. De la suma, 801.605,99 euros se han trasferido desde diciembre de 2023 como resultado de la sentencia. 

El 62% de los radicales violentos detectados en Catalunya el año pasado están vinculados al yihadismo

La ley de víctimas del terrorismo de 2011 reconoce un auxilio de 250.000 euros para los familiares de los fallecidos. En otros casos, los tribunales asignaron cuantías más elevadas, como en el 11-M, con una ayuda de 900.000 euros para los allegados de cada víctima mortal. 

“Ningún familiar ha pedido una revisión, porque quieren que los dejen tranquilos y les reconozcan sus derechos, las lesiones psicológicas y lo que sufren los huérfanos, los padres y las parejas”, esgrime Manrique, superviviente del atentado de ETA en Hipercor. Deja claro que “cobrar una indemnización no repara el dolor”: “Lo único que hace es cerrar uno de los muchos problemas que se generan cuando eres víctima, pero quedan muchos más”. Serrano desconoce en cuánto tasará el ministerio su pesar. “No sé lo que será, pero, sea lo que sea, no quitará el sufrimiento ni las imágenes que tengo en la cabeza”, intuye.

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