Lea aquí la carta íntegra de Puigdemont confirmando su regreso inminente

El expresident catalán Carles Puigdemont ha dado este sábado por hecho que será detenido cuando regrese a España, lo que ha prometido que hará cuando tenga lugar un debate de investidura en el Parlament: "Si se salen con la suya, imagino lo que me espera y lo que debo hacer", ha dicho. En una carta de tres páginas publicada en la red social X, el expresident también asume que si es arrestado -sobre él pesa una orden de detención nacional, tras no aplicársele la amnistía por el delito de malversación- su estancia en prisión puede ser larga.

Puigdemont asume que será detenido en su regreso y carga contra ERC por investir a Illa

Lea aquí el texto íntegro de la carta publicada en sus redes sociales:

"He pasado casi siete años en el exilio. Fui con la carga de incertidumbres, pero convencido de que el camino que podía recorrer protegería la institución de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya que acababa de ser ilegítimamente destituida por la decisión del PP y del PSOE. Quería preservar-la, como fuera, del intento de liquidarla, y proteger el derecho de los catalanes a tomar libremente sus decisiones.

La Presidencia de la Generalitat no es una institución cualquiera. No lo es en términos políticos ni tampoco en términos históricos; de hecho, es una institución excepcional. Se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos, desde que en 1359 se nombró Berenguer de Cruïlles como primer presidente. La sucesión en la presidencia se interrumpió en 1714, y se recuperó formalmente en 1931, año a partir de la cual el cargo se ha ido renovando estuviera en el exilio o en el inteiror. Mi exilio partía de la idea de que había que asegurar aquella continuidad institucional histórica que las principales fuerzas españolas habían querido interrumpir con la aplicación abusiva del artículo 155 de la Constitución y el inicio de la causa general contra el independentismo. Si desde un punto de vista constitucional, entre el 27 de octubre de 2017 y el 17 de mayo de 2018 la presidencia de la Generalitat estuvo intervenida por el Gobierno español, desde el punto de vista de la legitimidad histórica de la institución, la presidencia continuó ocupada en el exilio. En 2018 la presidencia se vio llegada al presidente Quim Torra a través del Parlamento de Catalunya. La continuidad había sido salvada.

Una vez asegurada esta continuidad institucional, necesitaba mantener la posición política y defenderse de la represión española en mejores condiciones que lo que no se puede hacer desde una prisión, y todavía menos desde una prisión española. Es lo que he intentado hacer a lo largo de estos últimos años, convencido de que los resultados de este esfuerzo, sumados a los resultados de los esfuerzos de los de dentro y de todos aquellos que se han comprometido con la independencia de Catalunya, deberían servir para preparar mejores condiciones y retomar la lucha. Todo lo que hemos hecho, a algunos siempre les parecerá poco. A otros, de hecho, demasiado. Sea poco o mucho, sea un éxito o sea un fracaso, aquello que se ha hecho ha sido, en mi opinión, extraordinario y excepcional. Solo una visión muy pequeña y corta puede hacer poco valor el esfuerzo —que no se quiere discutir ni el acierto ni los resultados— de los que han sido capaces de hacer en condiciones terriblemente adversas. La lista de lo que hemos conseguido es muy larga, en un combate que ha sido diario. Cada día, en todos los frentes; asumiendo riesgos y enfrentando una exposición pública creciente y frágil ahora, pero que había tenido que luchar prácticamente sin red de seguridad. A la intemperie muchas veces. Yendo a contracorriente, habiendo de luchar contra un adversario muy poderoso y con recursos económicos, humanos y técnicos ilimitados.

Los éxitos conseguidos y la actitud siempre combativa y sin concesiones ni a la nostalgia ni al victimismo han relativizado, pero, las enormes diferencias entre los dos bloques en conflicto y me han impedido valorar la trascendencia y la importancia de los logros conseguidos. La internacionalización y las victorias en tribunales de diferentes estados europeos, el litigio estratégico en el TJUE y también en el Consejo de Europa, todo esto ha sido amplificado y directamente logrado por la existencia de un exilio militante que ha aprovechado todas las tribunas que ha tenido al frente.

Todo esto ha comportado un desgaste muy grande, sobre todo porque la represión del Estado se ha incrementado a medida que íbamos manteniendo la posición y fracasaban en su intento de liquidarnos. Nos han puesto en el centro de todas las dianas, se han orquestado durante años campañas de difamación masiva y se han abierto multitud de frentes judiciales con el objetivo de agotar nuestros esfuerzos y provocar el efecto disuasivo que toda represión comporta. Como en todo conflicto híbrido, se ha atacado nuestro entorno para intimidarlo y neutralizarlo, buscando nuestro aislamiento y desconexión, y se ha llevado una guerra narrativa basada en falsedades que aún dura, con espionaje y herramientas de violencia política que se equiparan a movimientos terroristas para desacreditar todo un movimiento democrático y no violento.

Yo, mientras tanto, he continuado plantando cara y intentando explicar —no siempre nos han dejado explicar, intentando contrastar los hechos permanentes de la poderosa maquinaria de propaganda española que no ha escatimado ningún esfuerzo; ni tampoco ha faltado el esfuerzo de funcionarios españoles de las instituciones europeas en medios de comunicación entregados a su causa patriótica, pasante por jueces, fiscales, policías, empresarios y profesionales diversos, y una legión de voluntarios y espontáneos activos desde los que se les habrá permitido amenazar-te, insultar-te o vejar-te a veces solo por hablar en catalán.

A partir de las elecciones generales de 2023, algunas cosas comenzaron a cambiar. Se abrió la puerta a la posibilidad de neutralizar la represión desatada desde 2017 y anular sus consecuencias judiciales, con la idea de que esto ayudara a crear las condiciones para un proceso de negociación con el gobierno español que devolviera la política a un conflicto que solo se puede resolver desde la política. En el llamado Acuerdo de Bruselas fijamos la necesidad de una amnistía integral como parte esencial de estas condiciones, sin la cual no se podría hacer política de manera libre. La estrategia de los indultos era una estrategia española; la de la amnistía es una estrategia catalana. Había que acabar con las condenas, los procesos judiciales, las causas secretas, los exilios y toda la criminalización contra el independentismo si el Gobierno español quería mantener una negociación con quienes le proporcionan los votos imprescindibles para gobernar. Por primera vez en todos estos años se vislumbraba la posibilidad de una amnistía real y el fin del exilio, y también la posibilidad de hacer política en condiciones de mínima normalidad.

La tramitación de la ley desató una verdadera tormenta social, política y mediática en España, que tuvo un gran eco en las instituciones europeas y en los medios internacionales. Nadie dudaba de que la ley era fruto de un acuerdo político con el independentismo que permitía al PSOE mantenerse en el Gobierno español, pero tampoco nadie tenía ninguna duda sobre quiénes serían los destinatarios de la ley y qué resultados se buscaban.

Después de una negociación más larga y difícil de lo que nosotros hubiéramos querido, se llegó a un acuerdo en el redactado de la ley que fijaba claramente lo que entraba en el ámbito objetivo de la amnistía. El redactado cerraba la puerta a las interpretaciones perversas a las que nos tienen acostumbrados los jueces patrióticos y solo les dejaba una única opción si querían evitar los efectos de la ley: el incumplimiento. Es decir, la rebelión contra las instituciones democráticas.

Y, en efecto, han urdido una estrategia para incumplir la ley sabiendo que los responsables que deberían castigarles por esta vulneración democrática siempre serán... los mismos. Se han mofado de la ley, que es lo mismo que decir que se han mofado de las Cortes españolas y de la democracia, sabiendo que esto no tendrá ningún coste para ellos en ningún sentido: ni personal ni profesional. Así, España no podrá ser nunca un estado de derecho mientras los jueces desobedezcan el Parlamento y, sobre todo, si cuando lo hacen no les pasa nada.

En este contexto, lo que yo denomino un golpe de estado híbrido, sé que mi retorno puede comportar la detención y el ingreso en prisión, que sé que puede ser cuestión de tiempo. Si se salen, imagino que lo que me espera es lo que me he de hacer. También lo que no he de hacer; por ejemplo, convertirme en un objeto de negociación y no abandonar ninguna decisión política que comporte renunciar a la lucha. Pero más allá de si ha habido la detención o el largo período de espera y fracasaron el intento, lo que no cambiará serán dos cosas. La primera, la necesidad de la independencia como única alternativa a la supervivencia nacional, social, cultural, lingüística, económica y democrática de Catalunya. La pertenencia a un Estado español nos enfoca en la decadencia en todos estos aspectos, como queda acreditado observando las cifras oficiales. Y nos enlaza en un sistema originariamente corrupto, asfixiante para las minorías e irreparablemente centralista. Aún esta finalidad de los poderes del Estado hace impracticable un nivel de violencia política incompatible con la democracia, como ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La segunda, mi determinación personal a defender la causa de la independencia en cualquier situación y en cualquier contexto, sin ningún tipo de remisión. Ni en la negociación bilateral cuando se den las condiciones, ni en la acción unilateral tanto cuando sea la única alternativa a nuestro abasto. Todos estos son democráticamente legítimos, especialmente cuando se impide y se criminaliza el ejercicio democrático de los derechos humanos colectivos.

La decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat hace que la detención sea una posibilidad real de aquí a muy pocos días. Siempre he sido consciente de este riesgo. Pero he preferido esperar a publicar este texto después de conocer la decisión de los militantes republicanos porque no se me acuse de hacer chantaje emocional —cosa que en estos años y el exilio he de luchar siempre— ni de interferir en el proceso interno de otra formación política. Las críticas y el acuerdo se han centrado siempre en la impunidad negativa de un gobierno de Catalunya con carácter españolista. Un gobierno alérgico a la plena normalización de la lengua catalana y que no tendrá capacidad de negociación real con el gobierno español para resolver un conflicto histórico, que no es de hace siete años, sino entre Catalunya y España. Y por eso creo que aún se han de dar los votos para que un gobierno del PSC en Catalunya explore otras alternativas, incluso la repetición electoral en nuevas condiciones.

En cualquier caso, el riesgo de detención ha provocado diversos comentarios y reflexiones, también muchos mensajes personales, tanto de la idea de si valía la pena arriesgar la prisión por intentar asistir a un debate de investidura que no fuera el mío. Hay gente que me ha pedido que, atendidas estas circunstancias, reconsidere mi compromiso de retorno.

A todos les he explicado las razones por las cuales hay que mantener el compromiso, y que así como ir al exilio fue una decisión política, volver también lo es. Desde el principio he sido el objetivo de muchas campañas de desprestigio y ataques personales sin ninguna consideración ni rigor, de una deshumanización completa y persistente. Fui víctima de una campaña ignominiosa cuando en las elecciones de 2017 anuncié que volvería si era investido presidente de la Generalitat. El pleno en el que se me debía votar fue suspendido a última hora y naturalmente no regresé. Visto lo que hemos conocido con el escándalo de las campañas de guerra sucia organizadas por ERC, tengo pocas dudas de cómo se alimentó aquella campaña de desprestigio, un patrón que nos encontraremos con más intensidad: de la comprensión inicial por quedarme unos años más en el exilio trabajando y ahorrarme la cárcel, pasaremos a una nueva campaña de denigración personal de gran envergadura que tendrá consecuencias muy difíciles de asumir para mí y para todo lo que defiendo. La política catalana ha entrado en una nueva etapa, compleja y difícil y requiere que haya organizaciones capaces de devolver confianza y esperanza a la gente que sueña con una nación libre y próspera. Hay que expulsar las malas artes y la toxicidad como tácticas de ganancias partidistas y debemos dirigirnos sin subterfugios ni estrategias de comunicación viciadas a toda esa gente que ha dejado de confiar en la política como vehículo para discutir los problemas y resolver el futuro. Gente que se ha quedado en casa o que milita en otros partidos, o que cree que fórmulas simples y automáticas resolverán cuestiones enormemente complejas y cambiantes.

Si me detienen, no será la primera vez. He estado en una cárcel alemana y en otra italiana; he sido arrestado en una comisaría belga y he sido convocado por la policía antiterrorista francesa. Todo esto, claro, por órdenes del aparato judicial español. El hecho relevante no será este. El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español mira con la indolencia del resignado. Hace más escarafalls porque un juez imputa a la mujer del presidente del Gobierno y la cita a declarar que no pasa cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única ley de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución. Quien piense que esto no tendrá consecuencias, se equivoca.

Verme encarcelado ha sido el sueño frustrado de los perseguidores españoles durante siete años. Para hacerlo tendrán que violar muchas cosas. No es solo la ley de amnistía; es embarcarse en una detención ilegal y desobedecer las decisiones internacionales que han adoptado el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de los presos políticos catalanes. Sé que todo esto ni les calienta ni les enfría; les da igual. Pero en la lucha por la independencia, en este largo camino para salir del sistema español que compromete nuestra existencia como nación, esta actitud antidemocrática y antiliberal de los aparatos del Estado no es intranscendente.

Al margen de las estrategias y de las etiquetas políticas de cada uno, la grave anomalía democrática que representaría la detención debe entenderse en clave de confrontación contra un régimen demofóbico y no de lamento o de victimismo. Tenemos mucho trabajo pendiente, y somos muchos los que decimos que hay que continuar y acabar. Que ninguna cárcel ni amenaza nos vuelva a dividir y paralizar, ni a desvirtuar el sentido de nuestra lucha: no es contra la represión que trabajaremos por la independencia, sino que es trabajar por la independencia lo que confrontaremos y conjuraremos la represión. No puede haber estrategia antirrepresiva si antes no hay una estrategia por la independencia, y tampoco puede haber estrategia por la independencia si no hay una de nacional, de país, al servicio de la gente de Catalunya contra quienes la quieren liquidar como nación.

Como me comentó una asistente en el acto que organizamos en los Baños de Arlés, no se trata de derramar lágrimas ni pedir disculpas.

¡Viva Catalunya libre!

Carles Puigdemont i Casamajó"