Como imputados

Qué puede esperar el juez Peinado que declaren ahora Barrabés y el rector de la Complutense sobre Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tiene previsto interrogar de nuevo este lunes a los dos imputados tras cambiarles la condición y a otros tres testigos

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a los juzgados.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a los juzgados. / Europa Press / Alejandro Martínez Vélez

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El juez Juan Carlos Peinado quiere despedirse en alto de la instrucción de la causa que sigue contra Begoña Gómez antes de las vacaciones de verano. Solo así puede considerarse la toma de declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa este martes. Pero, pese a lo noticioso por insólito que resulta esa diligencia, la traca final va a comenzar el lunes con la citación de cinco personas, dos de ellas el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que volverán a estar ante el juez en cosa de días, pero ahora como imputados.

El magistrado ha previsto declaraciones desde las 9.45 hasta las 12 horas en intervalos de 30 minutos. Están citados de nuevo Barrabés y Goyache, así como tres personas más como testigos, aunque viendo cómo les fue a los primeros es probable que también anden preocupados. El primero en volver a comparecer ante el juez será el propio Goyache, al que le cambió la condición después de que manifestara que Begoña Gómez le propuso la constitución de la Cátedra en Moncloa y que no era necesaria titulación para ello.

El juez no ha motivado su cambio de condición, aunque las preguntas que le dirija deberán tener en cuenta que ahora es también un presunto autor de un delito de tráfico de influencias por haber admitido, cuando estaba obligado a decir verdad, que creó una Cátedra para Gómez tras reunirse con ella en Moncloa. El que era vicerrector entonces, Juan Carlos Doadrio, declaró como testigo que Goyache le dijo que "tenía que" concederle la dirección de la Cátedra a Begoña Gómez y que si eso suponía un problema para él dada su afiliación pública al PP. Se presume difícil que el rector pueda añadir algo más a lo que declaró como testigo.

Las acusaciones personadas en la causa, Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y el Movimiento por la Regeneración Política, consideraron que la declaración del empresario recomendado desde la cátedra codirigida por Begoña Gómez había sido "evasiva", pero si realmente fue así como testigo, condición en la que está obligado a decir verdad, más lo será como imputado, en la que tiene derecho a no declarar o, al menos, a no hacerlo contra sí mismo.

Juan Carlos Barrabés ha recurrido la imputación alegando que le debería haber cambiado la condición durante la propia declaración que prestó en el momento en que algo pudiera resultarle incriminatorio, para garantizar su derecho de defensa. Además, asegura que los informes de la UCO que ha esgrimido el juez en su contra ya estaban en poder del juzgado antes de la testifical que realizó, por lo que debería haberle tomado declaración como investigado desde el primer minuto.

Entre ambos declarará el directivo del Grupo Barrabés Luis Miguel Ciprés, como testigo; luego lo harán en la misma condición el supuesto monitor de esquí de la pareja, Félix Jordan de Urries Mur, y el marqués Diego del Alcázar Silvela, presidente del Instituto de Empresa, que creó el Africa Center que dirigió Begoña Gómez.

Leticia Lauffer, exdirectora de la empresa Wakalua, integrada en Globalia y que se comprometió a financiar el África Center de Begoña Gómez con 40.000 euros, pero que al final desembolsó solo 1.700, ha sido citada finalmente para el 26 de agosto.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso de súplica en la Audiencia Provincial de Madrid para intentar que acelere la resolución del recurso que ha presentado contra la instrucción de la causa. El exfiscal y exministro Antonio Camacho denuncia una decena de vulneraciones del derecho de defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero también de Juan Carlos Barrabés y Joaquín Goyache, por la forma en la que se produjo el cambio de condición procesal.