TRIBUNALES

El empresario recomendado por Begoña Gómez reprocha a Peinado que no interrumpiera su declaración para imputarle

Juan Carlos Barrabés presenta un recurso ante el juez en el que asegura que "carece de cualquier justificación citarle ahora como investigado"

El empresario Carlos Barrabés.

El empresario Carlos Barrabés. / EP

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El empresario Juan Carlos Barrabés ha presentado un recurso en el que reprocha al juez que investiga el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "de haber razones para ello, en su caso, debería de haberse interrumpido su declaración en calidad de testigo y requerir a este para que designase abogado" para ser imputado, según especifica un escrito dela defensa, al que ha tenido acceso este periódico.

"Lo que evidencia no haber procedido de ese modo es que no existieron motivos para hacerlo durante su declaración, ni tampoco los hay tan solo cuatro días más tarde para llamar de nuevo a Juan Carlos Barrabés, ahora como investigado, puesto que no existe elemento alguno que lo justifique", prosigue el escrito, que concluye que "carece de cualquier justificación citarle ahora en calidad de investigado por el contenido de los dos informes de la UCO que obraban en la causa y que no sirvieron para hacerlo en la primera ocasión que declaró como testigo".

Además, Barrabés advierte a Peinado de que su forma de actuar podría provocar "la nulidad de la declaración efectuada como testigo".

"Sin indicios"

El letrado recuerda, además, que en el momento en el que su cliente presta declaración como testigo, el 15 de julio, ya "obraban en las mismas los dos informes de la UCO que aparecen referidos en el auto que ahora acuerda su imputación. El primero fue aportado el 14 de mayo de 2024 y el segundo entró en el Juzgado el 2 de julio, "es decir, 13 días antes de su declaración como testigo".

"Si el señor instructor consideraba que los informes tenían un carácter incriminatorio, dado que los tenía desde fechas muy anteriores a su declaración como testigo, debió de acordar entonces la declaración como investigado. Sin embargo, resulta sorprendente y carece de toda lógica que, a pesar de tenerlos a su disposición, mantuviera la condición de testigo para declarar con juramento o promesa de decir verdad", destaca el letrado defensor de Barrabés.

"Por lo tanto, a pesar de ser perfectamente conocidos los dos informes de la UCO, al haber sido aportados con antelación suficiente, el instructor no encontró razones para modificar la citación de mi representado como testigo, para el pasado 15 de julio, por lo que entendió, como es obvio, que de los mismos no se deducía circunstancia alguna que pudiera justificar su llamada a la causa como investigado", continúa el recurso, que lamenta que tras la declaración, "sin que por el juez, ni por ninguna de las partes, con el objeto de salvaguardar su derecho de defensa, se interesase la suspensión de la declaración al entender que sus respuestas pudieran ser incriminatorias, tan solo cuatro días después, se dicta" un auto imputando a Barrabés.

Petición de Vox

"Entre la declaración de mi representado y el auto que ahora recurrimos, únicamente medió un escrito presentado por la acusación popular del partido político Vox, en el que, sin aducir razón alguna, ni justificación para ello, solicitaba la declaración de mi representado como investigado", destaca el letrado, que concluye por todo ello: "No solo no existen en la causa diligencias que arrojen un resultado diferente, sino que, tanto de las declaraciones prestadas como de los dos informes de la UCO se deduce precisamente lo contrario, las adjudicaciones a dicha empresa se produjeron con absoluta normalidad",

Finalmente, el abogado concluye que no hay ninguna evidencia, "no sólo de la existencia de indicio alguno de responsabilidad criminal, sino ni tan siquiera de irregularidad alguna se puso de manifiesto por la UCO en ese primer informe respecto de la actuación del señor Barrabés". Asimismo, el empresario recomendado por Begoña Gómez defiende en su escrito que las adjudicaciones públicas "se produjeron con absoluta normalidad".