Llarena y Marchena pueden activar la euroorden pero prefieren no mover ficha hasta que lo haga Puigdemont

Una cacería de seis años, con el punto de mira sobre la misma presa, Carles Puigdemont, parece ir tocando a su fin. Y con la presa sin inmunidad europea desde el 12 de junio -el día que accedió a su acta de diputado del Parlament catalán- y amnistiado por imperio de la ley -decisión del legislador español-, con el desacuerdo de sus perseguidores -los jueces de la Sala Segunda del Supremo encabezados por Manuel Marchena y Pablo Llarena- resulta que ahora, cuando existe la oportunidad de complementar la actualizada orden de detención nacional el pasado 1 de julio, con una nueva orden de detención europea, esos mismos magistrados parecen cogérsela, como suele decirse, con papel de fumar.

¿Qué está pasando? El argumento de que la emisión de la euroorden fue paralizada en julio de 2023 a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -tras un recurso de Puigdemont ante la pérdida de su inmunidad resuelta por el tribunal inferior, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)- ya no vale, habida cuenta de que ese recurso ha perdido su objeto. Porque Puigdemont no es eurodiputado. Tampoco puede sostenerse que no hay petición en el procedimiento porque que la solicitud de Vox, acusación popular en la causa del procés, data del 4 de julio -documento que ha publicado este periódico.

El juez Llarena tiene una petición de reactivar la euroorden de detención sin tramitar contra Puigdemont

Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalan que tanto Llarena, el juez instructor, como Marchena, el presidente de la Sala que sigue el tema de la amnistía en la causa del procés, no quieren arriesgarse a perder el control de la situación actual de Puigdemont y que por ello se limitan a mantener, como hicieron el pasado 1 de julio, la orden de detención nacional.

¿Perder el control? En el hipotético caso de emitir una nueva euroorden por el delito de malversación y la misma se llegase a cumplimentar, Puigdemont sería detenido en el extranjero y se abriría el camino de su extradición. Los magistrados, pues, estarían al albur de ese procedimiento. Y por más seguros -como lo están- de que la ley de amnistía es inconstitucional lo cierto es que Puigdemont ha sido “amnistiado” por el legislador español. Ignoran, además, cuál será el veredicto del Tribunal Constitucional, ante el cual plantean varias cuestiones de inconstitucionalidad, a las que se sumará en su día (tienen tres meses de plazo) las que vayan a presentar el Partido Popular y Vox.

¿Y si el TC estima acorde con la constitución de amnistía? ¿Podría ello tener consecuencias? “Claro que las tendría. Porque si Puigdemont ingresa en prisión, se le mantiene en la cárcel y finalmente se reconoce tenía el derecho a que se la aplicara la amnistía, estaría en condiciones de presentar una querella por detención ilegal durante el periodo en el que se le mantuvo preso”, señala una fuente judicial a este periódico.

“Por tanto, Llarena y Marchena tienen que moverse con cautela. Si impulsan la euroorden y Puigdemont es detenido pierden el control de la situación, ya no depende todo de ellos”, enfatiza una fuente judicial consultada. Muy diferente es el mantenimiento de la orden de detención dentro de las fronteras españolas.

¿Por qué? Porque aquí Llarena tiene todo el control. Puede, nada más Puigdemont poner un pie en España, ordenar a la policía que le detenga y que le lleve ante el juez, es decir, ante Llarena, en el Tribunal Supremo. Una vez allí, puede enviarlo a prisión preventiva o dejarle en libertad provisional. ¿Con qué argumentos habida cuenta de que la derecha política, mediática y judicial, vigilará lo que hace Llarena conteniendo la emoción y el aliento? Pues, muy sencillo: Puigdemont se ha presentado voluntariamente y, así, de paso, ha desaparecido el riesgo de fuga.

¿Una situación a la Clara Ponsatí en marzo de 2023, que protagonizó el mismo juez Llarena? Pero argumentos procesales los hay para escoger. Uno de ellos sería que la decisión de hurtarle la aplicación de la amnistía al delito de malversación no es firme, ya que los recursos de Puigdemont se están tramitando por el instructor y la Sala de Recursos del Supremo. Y que la orden de detención tenía que ver con la resistencia del expresident a someterse a la acción de la justicia. Ahora, con Puigdemont en el mismísimo Supremo ante Llarena (y Marchena) su entrega sería el saldo final.

El juez deja en libertad a Clara Ponsatí tras ser detenida al volver a Catalunya

Por tanto, ese mantenimiento del control de la situación personal de Puigdemont es fundamental para no coquetear con la euroorden. “Con todo, Puigdemont tiene que contemplar, también, el riesgo de que, a diferencia de lo apuntado, su paso durante una temporada en prisión pudiera ser más larga, un periodo de tiempo equivalente a lo que tarda el recurso de amparo ante el TC en resolverse -seis, ocho o diez meses-, plazo en el que Llarena estaría en condiciones de terminar su instrucción sumarial de la malversación, dictar el auto de procesamiento, enviarle a juicio y ser condenado en juicio, otra vez en la”, explica otra fuente judicial consultada.

Todo ello podría ocurrir, pues, antes incluso de que el TC resuelva sobre los recursos de inconstitucionalidad contra ley de amnistía tanto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como de los partidos PP y Vox. Y no es difícil, en tal situación, avizorar el desenlace de esta evolución de los acontecimientos: el gobierno de Pedro Sánchez volvería a aprobar un indulto para Puigdemont.

Suscríbete para seguir leyendo