El juez del caso Begoña Gómez impulsa su investigación mientras la Audiencia de Madrid decide si la frena

El juez Juan Carlos Peinado impulsará la próxima semana su investigación sobre tráfico de influencias y corrupción en los negocios presuntamente cometidos por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la que interrogará el día 19. Antes, este mismo lunes, declarará en calidad de testigo Juan Carlos Barrabés --finalmente por videoconferencia desde su domicilio-- el empresario que participó y fue recomendado desde la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense. Mientras tanto, la Audiencia de Madrid tiene sobre la mesa dos recursos de la defensa y la Fiscalía que buscan frenar una instrucción que califican de prospectiva y fruto de una "deriva procesal" que incumple los preceptos legales.

Sobre Gómez pesan una diversidad de hechos cuya presunta trascendencia penal apuntan las cinco acusaciones populares personadas en las actuaciones --Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Movimiento de Regeneración Política de España y el partido Iustitia Europa--. Van desde las relaciones de Gómez con directivos de Globalia coincidiendo con el rescate de Air Europa, pasando por diversas adjudicaciones públicas obtenidas por empresas con la que se habría relacionado, hasta la actividad de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que es la que parece centrar las últimas pesquisas de Peinado.

Frente a este conjunto de acusaciones, el abogado y exministro del Interior Antonio Camacho y el fiscal de Madrid José Manuel San Baldomero buscan que la Audiencia clarifique qué es exactamente de lo que se acusa a la mujer del presidente del Gobierno de España. Reprochan al juez no haberlo motivado, por lo que consideran que la indefensión de la investigada es total.

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Ambos se basan en un auto dictado por la propia Audiencia el pasado mes de mayo, en respuesta a sendas peticiones de archivo de la causa, en el que se fijaba el objeto central de las pesquisas en dos contratos adjudicados por la entidad pública Red.es a la UTE integrada por Innova Next --de Barrabés-- y Escuela de Negocios The Valley, por un importe total de 10.6 millones de euros. La cuestión es que ambos contratos han sido derivados a la Fiscalía Europea, por haber sido financiados con fondos de la UE, y Peinado ya no puede investigarlos.

Otras consideraciones, como lo referido a Globalia, fue calificado por los magistrados de la Audiencia de Madrid de "simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales", si bien en dicho momento aún no se habían acumulado querellas y ampliaciones posteriores referidas a la actividad de la cátedra en la Complutense, impulsadas especialmente desde la asociación provida Hazte Oír.

"No hay hilo conductor racional"

En su recurso, el fiscal pide expresamente que se ordene al titular del Juzgado de Instrucción número 41 delimitar la causa y excluir de la investigación todo lo relativo a Globalia "en tanto no surjan hechos nuevo y de signo incriminatorio". Agrega que las diligencias que se vienen acordando por el juez --ya ha declarado como testigo el decano de la Complutense, Joaquín Goyaneche y el próximo viernes están también citados el vicerrector y otro cargo académico-- "ni se adaptan a los parámetros del auto de 29 de mayo de 2024 ni tampoco se justifican ni comprenden las diligencias que se acuerdan".

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Tampoco encuentra la Fiscalía claridad "ni en el criterio decisor respecto de cuáles son los contratos analizados, ni en la finalidad", al no apreciar un "hilo conductor racional en las diligencias acordadas en relación con los contratos que no se llevó la Fiscalia Europea de Innova Next SLU, en caso de que esta línea general de investigación estuviera comprendida" en la resolución que dictó la Audiencia el pasado mayo. Por eso insiste ante la Audiencia de Madrid que atienda sus peticiones "en atención a las dificultades expuestas, en aras a la mejor tramitación de la causa, lo que a su entender constituyen los hechos objeto de investigación de la presente causa". 

El fiscal incide en la "incertidumbre y deriva procesal" en la que se desarrolla la instrucción de Peinado y se defiende de los reproches que el juez apunta en alguno de sus autos y providencias. Afirma que la postura contraria a acusar "será o no acertada, y será o no aceptada, pero no es, ni pretende ser, ni puede tacharse de desleal en modo alguno" apunta.

Por su parte, Camacho se dirigió también a la Audiencia de Madrid por lo que considera que supone una suerte de "investigación universal" prohibida por nuestra legislación. De acogerse sus argumentos, la causa puede dar un giro e incluso quedar vacía de contenido para el juez Peinado, a no ser que las comparecencias de esta semana afiancen su posición y den pie a la realización de nuevas diligencias contra Gómez.