Las seis veces que la Fiscalía ha defendido a Begoña Gómez frente a la instrucción del juez Peinado

Desde que el pasado 16 de abril el juez Juan Carlos Peinado abrió causa penal contra Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias la Fiscalía de Madrid ha venido defendiendo la inexistencia de inicios que permitan sostener la instrucción de este asunto. Esta postura será previsiblemente refrendada durante el interrogatorio a la esposa del presidente del Gobierno prevista para el próximo viernes, 5 de julio.

En diferentes escritos que obran en el sumario y han sido analizados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el Ministerio Público ha ido argumentando sus posiciones, coincidentes con la defensa de la mujer de Pedro Sánchez. En el último de ellos, fechado el pasado 20 de junio, el fiscal opta de nuevo por esa línea al solicitar una concreción de las presuntas conductas investigadas para evitar una "causa general".

La propia Audiencia de Madrid limitó en principio las pesquisas apuntando a unos contratos financiados con fondos de la UE que obtuvo Juan Carlos Barrabés --el empresario recomendado desde la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid-- que a día de hoy han pasado a ser competencia de la Fiscalía Europea. Ello no ha impedido al titular del Juzgado de Instrucción mantener la fecha de su declaración en calidad de investigada, que coincide con la citación como testigo del rector Joaquín Goyache.

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En su primer escrito, tras ser notificado de la apertura de las diligencias a raíz de una denuncia de Manos Limpias basada en informaciones de prensa, el fiscal José Manuel San Baldomero recurrió directamente a la Audiencia de Madrid solicitando un archivo inmediato. En ese escrito ya calificaba la investigación de "prospectiva", una posibilidad vetada en la Constitución.

"Celeridad inusitada"

Pese a no poder responderle directamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha aprovechado diferentes providencias dictadas para resolver otros asuntos para reprocharle haber acudido directamente en apelación al órgano superior para a tratar de cerrar el caso "con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida".

Llegó incluso a apercibirle por sus "frecuentes e inusuales visitas personales" a la sede del órgano para conocer "con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse". El resultado: una orden a su letrado de la administración de justicia para que contarla las veces que acudía a la sede judicial.

Pero San Baldomero no cambió su posición y en posteriores escritos afeó a Peinado haber "orillado y omitido de forma improcedente" sus peticiones para el levantamiento del secreto de sumario, que se prolongó hasta finales del pasado mes de mayo. En uno de estos informes, con fecha del día 23 de dicho mes, el representante del Ministerio Público afirmaba, en coincidencia con la defensa ejercida por Antonio Camacho, el abogado de la mujer de Pedro Sánchez, que el mantenimiento de dicho secreto resultaba desproporcionado. 

Añadía que la instrucción se estaba llevando a cabo a espaldas de Gómez, lesionando sus derechos fundamentales. Más tarde, en otro escrito llegaba a calificar de "chocante" que "persistiera en el error" y mantuviera inicialmente las pesquisas de forma secreta. 

Una vez el secreto fue levantado, el fiscal San Baldomero pidió al juez que se ciñera a las consideraciones presuntamente delictivas que le había indicado la Audiencia de Madrid, esto es, los contratos sospechosos de haber supuesto fraude para la UE cuya competencia se había avocado la Fiscalía Europea.

Audiencia de Madrid

En este escrito, con fecha del pasado 4 de junio, el fiscal hacía suyas las palabras de la Audiencia de Madrid que señalaba textualmente que de lo que le había quedado a Peinado solo podía hablarse de "un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos, otro, el referido al rescate de Globalia en el que la vinculación de la denunciada es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales" con directivos de esta compañía. Dichas coincidencias, sin embargo, "quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno", descartando así que puedan ser tildadas de delictivas.

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En este escrito el fiscal también explicaba al instructor el recorrido que había tenido antes de llegar a sus manos una denuncia inicial de Hazte Oír sobre las actividades de Begoña Gómez. Fue presentada el pasado 5 de abril ante la Fiscalía Provincial de Madrid, si bien la organización provida, como no obtuvo respuesta alguna, optó finalmente por ir directamente a los juzgados.

 La Fiscalía excusó su retraso señalando que el escrito de Hazte Oír tuvo entrada en la Fiscalía General del Estado el día 8 de abril, y tras el análisis preliminar, la jefa de la Secretaria Técnica, Ana Isabel García León, acordó remitirla de nuevo a la Fiscalía de Madrid, donde se designó un fiscal encargado del asunto el día 18 de ese mismo mes. Para esa fecha ya se había presentado la querella en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), por lo que el Ministerio Público hubo de abstenerse en favor del juez, como ordena la ley. 

En otro escrito posterior, ya el 14 de mayo, el fiscal se daba por enterado del pago de la fianza por Vox y pidió que todas las acusaciones que se habían personado hasta este momento fueran bajo la misma dirección letrada, una petición que sí fue acogida por el juez Peinado. Aprovechó dicho informe para atacar algunas de las peticiones de las acusaciones, concretamente la formulada por Manos Limpias para que le fuera retirado el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, lo que calificó como desproporcionado y carente de justificación.

Último escrito

En su último escrito, San Baldomero se alinea de nuevo con la defensa y pide al juez que concrete qué investiga sobre Begoña Gómez, además de solicitar también justificación de la citación como testigo el próximo viernes, el mismo día del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Dicha concreción, según el fiscal, es primordial "a efectos de garantizar la plenitud del derecho de defensa". Así, sostiene que las últimas providencias dictadas por el juez Peinado "ponen de relieve la indeterminación y falta de claridad y concreción del objeto de la causa".

Incide en que "más allá de referencias contenidas en las denuncias y querellas en las que pueda aparecer referenciada la Universidad Complutense de Madrid, no existe resolución judicial que recoja siquiera, sea sucintamente o por referencia, qué hechos se investiga". Se refiere en este último caso a las noticias publicadas en relación con el ejercicio de otras acciones penales en las que aparecen referidos juntos la Complutense y Begoña Gómez, "bien sea por la configuración y acceso de la investigada a la cátedra de la universidad, o bien sea por una presunta apropiación de un software a nombre de una empresa suya".