Modelo de financiación

Los inspectores de Hacienda rechazan el 'cupo catalán' y una agencia tributaria propia

Multimedia | ¿De qué hablamos cuando hablamos de financiación autonómica (singular o no)?

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès.

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès. / LaPresse

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha ido alertando en las últimas fechas de las consecuencias de que Catalunya recaude el cien por cien de los impuestos, así como de la fragmentación de la Agencia Tributaria. En este sentido, ha enumerado los diversos problemas que, a su juicio, ello conllevaría: según ellos, afectaría a la lucha contra el fraude fiscal, a la represión del narcotráfico y podría perjudicar a la 'caja única' de las pensiones y a la gestión de las retenciones, entre otras cosas.

Desde que se conoció la reivindicación independentista de una "soberanía fiscal" para Catalunya como la que ya tienen País Vasco y Navarra, los inspectores de Hacienda han realizado diversas declaraciones, informes e incluso han establecido unas líneas básicas en contra de esta propuesta planteada por el Gobierno catalán. Desde el Gobierno central no comparten la reivindicación de un 'cupo catalán', aunque en los últimos tiempos se han abierto a un trato singular en materia de financiación en Catalunya, a través de una fórmula imaginativa aún por definir.

En cualquier caso, los inspectores de Hacienda presentaron hace unas semanas un informe en el que denunciaban la "inconstitucionalidad" del 'cupo catalán', insistían en que supondría la Agencia Tributaria en Catalunya y alertaban de que esto repercutiría en el fraude fiscal.

El desarrollo del Estatut

Esta semana en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta al desarrollo del Estatut de Catalunya vigente, algo que ya han apuntado diversas fuentes del PSOE, que creen que el camino para convencer a ERC puede pasar por este asunto.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya apuntó en esta dirección a finales del año pasado, cuando se desplazó a Barcelona para reunirse con el president de la Generalitat ahora en funciones, Pere Aragonès. Después de aquella reunión, la primera entre ambos después de que Sánchez fue investido presidente del Gobierno, el jefe del Ejecutivo ofreció al independentismo un acuerdo para reforzar la financiación autonómica, el autogobierno y el uso del catalán. Al ser interrogado sobre si estaría dispuesto a desarrollar la Agencia Tributaria catalana, no cerró la puerta y dijo que "es algo que está en el Estatut de Autonomia" y está "por desarrollar". "Cuestión distinta es cómo se materializa", apuntó a continuación.

Sobre este aspecto también se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la Asociación de Inspectores de Hacienda, sosteniendo que la división de la Agencia Tributaria atentaría contra la "conculcación de los principios tributarios, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributaria". En su documento de líneas maestras, los inspectores de Hacienda advierten las consecuencias de la fragmentación de la Agencia Tribuaria en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado.

En este sentido, los inspectores señalan que la Agencia Tributaria también ejerce otras funciones, como las relativas a la gestión de otras prestaciones, ajenas al ámbito tributario, como las deducciones en el IRPF, las ayudas para madres trabajadoras o las destinadas a las familias numerosas, u otras como la bonificación en el gasóleo o la gestión del mínimo vital. "El desafío de la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete a la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión", advierten.

De este modo, resultaría afectado el sistema de información tributaria, "que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible". Por otra parte, los inspectores de Hacienda señalan que la necesidad de un sistema de caja única "también se vería afectada". "La gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la Agencia Tributaria, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada comunidad", añaden.

Y esto, según precisan, conllevaría un "gran riesgo" en la gestión de las retenciones, que "deben de realizarse de forma integrada por la Agencia Tributaria, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado".

Control aduanero y del contrabando

Del mismo modo, los inspectores de Hacienda alertan de los problemas en los planes de control aduanero y del contrabando, recordando que la Agencia Tributaria "viene prestando una especial atención a la represión del narcotráfico, así como a la evolución del contrabando de tabaco en general: "Los resultados más relevantes de estos planes difícilmente se podrían conseguir en una Administración tributaria independiente de Catalunya".

La propuesta del Gobierno catalán también afectaría a la lucha contra las tramas del IVA, según un informe reciente de los Inspectores de Hacienda. "Los resultados obtenidos en los últimos años son consecuencia de largas investigaciones, en las que intervienen los diferentes equipos de Inspección de todo el territorio nacional, actuando como órgano coordinador la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Estos planes no se podrían llevar a cabo en Catalunya si se fracciona la Agencia Tributaria", alertan.

También implicaría problemas en la lucha contra el fraude organizado, habida cuenta de que "el fraude fiscal más complejo y sofisticado se extiende por los más diversos territorios, utilizando frecuentemente sociedades domiciliadas en distintas Comunidades Autónomas". "Fragmentar la información disponible equivale en la práctica a no poder combatir en un plazo adecuado los fraudes más graves", añaden.