Política tributaria
Foment del Treball rechaza que el Gobierno amplíe impuestos extras a bancos y energéticas
Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball. / EFE
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La patronal catalana Foment del Treball ha rechazado este domingo que el Gobierno quiera ampliar al año que viene los impuestos extraordinarios a las empresas energéticas y a los bancos y lo ha considerado "un castigo sin sentido a ciertos sectores económicos y con ánimo confiscatorio".
En un comunicado, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha indicado que "el Gobierno debería repensar (la ampliación) y recordar que estos impuestos eran temporales y en un contexto en el que se pidió un esfuerzo a todo el mundo, mantenerlo parece una persecución". Los impuestos extraordinarios a entidades bancarias y empresas energéticas recaudaron 2.900 millones el pasado 2023, según datos de la propia patronal.
El Ministerio de Hacienda publicó esta semana en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo 2025, en la que se recoge la ampliación de los dos impuestos.
Iba a ser temporal
Foment compara estos impuestos, que se anunciaron como temporales, con el impuesto de patrimonio, "que también había de ser temporal en su momento y del que Foment pide su erradicación total". La patronal presentó un recurso ante la Audiencia Nacional sobre el impuesto de patrimonio, al entender que cumple una función confiscatoria.
"Si no se ganara en esta instancia judicial, Foment tiene preparado un recurso para llevar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la eliminación del impuesto de patrimonio", ha anunciado la entidad empresarial, que ha considerado que su mantenimiento "no aporta nada, tan solo querer poner de manifiesto un posicionamiento ideológico, que hace tiempo que ha abandonado la totalidad de países de la UE, excepto España".
En cuanto a una posible armonización en las comunidades del impuesto de sucesiones y donaciones, la patronal ha asegurado que "va contra las competencias de las comunidades autónomas y se suma a la carrera intervencionista del Gobierno a nivel fiscal, lo que frena la actividad económica y hunde la competitividad de las empresas".
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