El Gobierno quiere volcarse en los Presupuestos y las leyes sociales tras la amnistía y las elecciones europeas

La complicada legislatura actual ha estado marcada hasta ahora por dos fenómenos: la tramitación de la ley de amnistía y un primer semestre del año repleto de elecciones. Gallegas, vascas, catalanas y por último las europeas del próximo 9 de junio. Los esfuerzos negociadores del Gobierno con ERC y Junts en el Congreso de los Diputados, indispensables para sacar cualquier iniciativa adelante, se han centrado en la norma que establece el carpetazo judicial al ‘procés’, y al mismo tiempo todo ha estado condicionado por las citas con las urnas, un contexto que dificulta alcanzar acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios. Pero el escenario está a punto de cambiar. 

La Cámara baja aprobó este jueves entre insultos de la ultraderecha la ley de amnistía, dejando su aplicación en manos de los jueces. Dentro de 10 días, el domingo de la semana que viene, se cerrará este frenético ciclo electoral. Tras un inicio de mandato de sequía legislativa, los colaboradores de Pedro Sánchez avanzan que se quieren volcar ahora en la aprobación de leyes. Buena parte de ellas de contenido social. “Vamos a ello. Tenemos muchas leyes aprobadas por el Consejo de Ministros y en tramitación parlamentaria”, explica un miembro del Gobierno. 

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Una producción escasa

Desde que Sánchez fue investido presidente del Gobierno el pasado 16 de noviembre, la producción normativa ha sido escasa. Apenas dos decretos leyes convalidados (uno con medidas contra la crisis y otro de índole judicial), la reforma de la Constitución para eliminar el término 'disminuido', la ley de enseñanzas artísticas y la amnistía. Se trata de un ritmo muy inferior al de la anterior legislatura, cuando el Ejecutivo logró sacar adelante 118 leyes en cuatro años.

El entorno del presidente del Gobierno ya anticipaba justo antes de su reelección que este iba a ser un mandato parco en normas. En la Moncloa señalaban que el hecho de que necesitasen a todos los miembros del bloque de la investidura en cada una de las votaciones (a diferencia del periodo anterior, cuando podían echar mano también de Ciudadanos en votaciones clave), complicaba el esfuerzo. Las mismas fuentes se consolaban apuntando que se trata de “consolidar” las reformas del pasado reciente. El esquema sigue siendo válido, pero los interlocutores reconocen varios meses más tarde que no esperaban aprobar tan pocas leyes en este inicio de la legislatura. Los esfuerzos a partir de ahora, continúan, se centrarán en revertir esta situación.  

El plan anual

El Congreso está tramitando en estos momentos unos 20 proyectos de ley. Dos de ellos, el de derecho de defensa y el de desperdicios alimentarios, ya se encuentran en fase de ponencia, así que su aprobación definitiva no debería estar muy lejos. Pero no son solo estas iniciativas, claro. Hay que sumar la más importante de todas, los Presupuestos Generales del Estado, y las 51 leyes que incluye el plan anual normativo para este año. “Es posible aprobarlas todas”, señalan fuentes del Ministerio de Presidencia, alejando así los rumores de las últimas semanas sobre un posible anticipo de las elecciones generales tras las inminentes europeas. Este paquete legislativo incluye normas de gran calado social, como la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, sin que mengüe el salario, y el “blindaje” del sistema público de salud frente a las privatizaciones.

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La tarea no resulta sencilla, reconocen los colaboradores de Sánchez. Los recientes fracasos parlamentarios del PSOE con las leyes del suelo y contra el proxenetismo no prefiguran nada bueno en sus relaciones con Sumar, el socio minoritario de la coalición. El contexto postelectoral en Catalunya, con Junts intentando cortocircuitar la investidura del socialista Salvador Illa y ERC todavía digiriendo su severa derrota en las urnas, tampoco. 

Pero las mismas fuentes se muestran optimistas. Aseguran que los choques con la formación de Yolanda Díaz solo están motivados por el ambiente de campaña, así que después quedarán en nada, y creen que los partidos independentistas catalanes, junto al resto de miembros del bloque de investidura (del PNV al BNG, pasando por Bildu y Podemos), acabarán apoyando las leyes si estas incluyen medidas “positivas” y a cambio también se ofrecen contrapartidas.

De momento, tanto el presidente de ERC, Oriol Junqueras, como el secretario general de Junts, Jordi Turull, evitaron este jueves grandes compromisos. “Lo que garantiza la estabilidad de cualquier legislatura es el compromiso con la democracia y con el bienestar económico y social de la ciudadanía”, señaló el republicano frente al Congreso, donde asistió, como el posconvergente, al debate de la amnistía. “Todo aquello que sea favorable a los intereses de Catalunya tendrá nuestro voto a favor. Todo aquello que sea contrario a los intereses de Catalunya y del autogobierno, tendrá nuestro voto en contra”, dijo Turull. 

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