Una nueva ley industrial para el siglo XXI

El anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica que el Gobierno de España ha presentado recientemente es una gran oportunidad para el impulso y la modernización del sector industrial, pero se sabe poco de ella. Esta nueva normativa, que sustituye a la Ley de Industria de 1992, introduce una serie de novedades y objetivos que buscan no solo fortalecer el tejido industrial, sino también adaptarlo a las exigencias del siglo XXI, marcadas por la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad global.

La ley fomenta la adopción de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y computación cuántica, alineándose con la Agenda Digital 2030. La sostenibilidad es otro eje central de la normativa. El compromiso de la industria con la descarbonización en 2050 no solo responde a las demandas medioambientales actuales, sino que también puede posicionar a España como un líder europeo en la industria verde gracias al impulso de las energías renovables.

El anteproyecto pone énfasis en la cooperación entre empresas y la creación de ecosistemas industriales. Además, la ley busca utilizar la política industrial como una herramienta para la cohesión territorial, abordando desafíos como la despoblación rural mediante la reindustrialización. La ley también pretende promover la creación de empleo, la formación y la recalificación de los trabajadores, así como la igualdad de género.

Otro aspecto relevante del anteproyecto es el fortalecimiento institucional y la mejora de los mecanismos de gobernanza en el sector industrial, entre la que se incluye la colaboración con las comunidades autónomas, ya que serán estas las que tendrán que desarrollar la ley porque tienen las principales competencias en materia industrial. 

Aunque, sin duda, los aspectos que considero más novedosos de la ley son los siguientes. El primero de ellos es la Reserva Estratégica de Capacidades de Producción Industrial (RECAPI), con la que se pretende prevenir y responder ante las crisis de suministros que puedan suceder en el futuro tanto en España como en la UE (como pasó durante la pandemia). Se prevé la creación de un sistema de certificación para la identificación de empresas e inversiones que contribuyan a este objetivo. España, además, es pionera en Europa con esta iniciativa. 

La segunda gran novedad es el desarrollo de “proyectos estratégicos de inversión”, una concepción que ya existe en la política industrial catalana. Estos proyectos se beneficiarán de la implementación de un sistema de seguimiento, la posibilidad de recibir ayudas públicas y la reducción de los plazos administrativos. Se considerarán en esta categoría aquellos proyectos con un volumen de inversión relevante, o bien que cuenten con una certificación para la autonomía estratégica o que puedan substituir una desinversión en marcha. 

En tercer lugar, la ley pretende reordenar los procesos de reindustrialización. En este sentido, la empresa que tenga previsto el cierre o reducción de la actividad deberá comunicarlo al Ministerio al menos con nueve meses de antelación, para poner en marcha una serie de medidas paliativas. 

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En cuarto lugar, los PERTE continuarán existiendo más allá de la finalización de los fondos Next Generation, vinculados a algún ecosistema industrial estratégico. Será importante ver cómo se prevé agilizar y mejorar el mecanismo de colaboración público-privada y, sobre todo, cómo se van a financiar. 

En este sentido, sería deseable la creación de un fondo europeo de política industrial único. Los países del sur de Europa están a favor, los del norte son reacios y la decisión final dependerá de lo que decidan Alemania y Francia. Si Europa quiere fortalecer su política industrial es necesario crear un fondo común de financiación en la que los países más pobres tengan las mismas posibilidades de apoyar a su industria que las economías más ricas o con mayor margen fiscal.

En definitiva, una ley necesaria para avanzar en la modernización y fortalecimiento del sector industrial en nuestro país. Recordemos que la industria representa el 16% del PIB en España, frente al 18,1% en la eurozona. Pero requerirá ser concretada e implantada con eficiencia por parte de todas las administraciones públicas, y con la colaboración del sector privado. 

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