Las lógicas del Supremo

La arquitectura legislativa y la judicial no actúan bajo las mismas lógicas. La primera se cimienta en organizar lo que está por llegar a partir de una mayoría política que es cambiante. Siempre es cambiante. La segunda tiene como fin ofrecer justicia a aquellas situaciones desconocidas, que todavía no han ocurrido, pero que tienen en las instituciones judiciales su solución al conflicto. Lo ocurrido con la ley de amnistía no se mueve en estos parámetros. Se trata de un texto construido para solventar una serie de exigencias desencadenadas por un acuerdo político. Quiero decir, cuestiones que ya sucedieron, no que podrían suceder. Como ven, esa ley está formulada con parámetros muy diferentes. Por ello, a nadie le debería sorprender la reacción de los magistrados del Supremo.

El listado de noticias de los últimos meses, desde que se supo que una amnistía era posible, iba en la línea de que el legislador consideraba que una buena ley era aquella que podía llenar de contenido aquellos espacios dudosos para que Puigdemont y compañía quedaran limpios de aquel golpe a la legalidad de 2017. A eso se dedicaron para lograr que Pedro Sánchez fuera presidente.

Por supuesto que se equivoca aquel que cree que lo hecho no era democrático. Lo fue porque salió adelante con una mayoría de votos del Congreso. Pero no me negarán que la forma en que se hizo fue todo lo contrario a cómo habitualmente se legisla. Los magistrados argumentan que ellos no se han salido de la ley. Es la misma ley que considera que, de existir malversación, el tema es punible y que, en este caso, hubo malversación porque el ahorro de ese dinero, que otros abonaron con su propio patrimonio, les enriquece, aunque sea de forma indirecta.

No hay duda de que es ingenioso. Tampoco les ha resultado demasiado difícil explicar el porqué de los errores. Sin ir más lejos, utilizan en su razonamiento textualidades de la Comisión de Venecia, como señalar que “los procedimientos legislativos por vía acelerada no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía".

La naturalidad con la que Carles Puigdemont saltó en contra del Tribunal al denominarlos “la Toga Nostra”, como si la justicia española se tratara de una mafia peligrosa, es normal. Lo extraño es que su análisis coincida con algunas voces que, en vez de salir en defensa del Estado, ponen más leña a un fuego debilitado por el largo listado de situaciones extremas que el independentismo ha conducido a las instituciones: las judiciales, pero también las legislativas. Y eso desde 2017.

El argumento del Supremo es imaginativo. Se debe inspirar en la cantidad de dinero aportado por particulares independentistas a favor de la logística ‘indepe’, que fueron unos cuantos millones. Si ellos se lo gastaron, ¿por qué no sus líderes? Eso que se ahorraron, parece decir Manuel Marchena en su auto, cuando concluye que se “hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio”.

A ver quién gana en argumentos.      

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