Seis días después de las elecciones

La crisis en Venezuela amenaza con abrir un nuevo capítulo de los conflictos mundiales

María Corina Machado informa de que pasa a la clandestinidad porque teme por su vida

Brasil, Colombia y México piden respetar la "verificación imparcial" de actas en Venezuela

Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro. / Bloomberg

Abel Gilbert

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El conflicto político venezolano ha vuelto a desatarse después de la apresurada proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio y la inmediata ola de malestar que suscitó durante 48 horas el resultado: 160 protestas dispersas y espontáneas. El Gobierno las redujo a meras conjuras planificadas por una "ultraderecha" que recurrió a "drogadictos" para llevar adelante un "golpe de Estado", y advirtió sobre posibles coletazos violentos que trata de evitar con la militarización de las ciudades y la construcción de cárceles de seguridad. Este sábado las calles volverán a ser escenario de la disputa entre el Partido Socialista Unificado (PSUV) y la oposición, que reclama para sí la victoria "abrumadora" de Edmundo González Urrutia. María Corina Machado, a estas alturas líder indiscutida del antimadurismo, había anunciado su pase a la "clandestinidad", pero su inmersión en el anonimato absoluto no parece ser duradero. Maduro y Jorge Rodríguez, la principal autoridad parlamentaria, pidieron la cárcel para ella por haber organizado no solo las "guarimbas", como llaman genéricamente a las situaciones de enfrentamiento entre civiles y policías, sino un ataque informático contra el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por el momento no hicieron más que elevar la figura de la dirigente derechista y abonar la creciente sospecha de que se trata de una narrativa difícil de aceptar.

Las calles de Venezuela no constituyen, a casi una semana de las elecciones, los únicos escenarios en los que se despliega el enfrentamiento. El mapa de un mundo convulso y con varios frentes de guerra se apresta a asignar un lugar al país sudamericano. Estados Unidos ya consagró ganador de la contienda electoral a González Urrutia, una decisión que Brasil calificó de apresurada. Blackwater, la empresa de seguridad militar privada más grande del mundo, se postuló para entrar en acción. "Si Kamala Harris y Joe Biden realmente quieren apoyar la libertad y las elecciones legítimas en Venezuela, deberían elevar las recompensas a 100 millones de dólares cada uno por estos criminales ya buscados Nicolás Maduro y Diosdado Cabello", aseguró su dueño, Erick Prince. Una elocuente contribución al argumento del Palacio de Miraflores de que Venezuela es una plaza sitiada desde afuera. China y Rusia, en tanto, avalaron los resultados del CNE. Irán hizo lo propio. El Gobierno, en tanto, anunció la asistencia de Pekín y Moscú a Venezuela en materia de "bioseguridad".

Los temores regionales

La perspectiva de que la crisis venezolana se desmadre y acentúe las grietas regionales es la que ha llevado a México, Brasil y Colombia, a actuar con decisión. Andrés Manuel López Obrador, Luiz Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro, reclamaron al CENE la publicación "expedita" de los "datos desglosados de las elecciones". Sostuvieron que "el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados". Remarcaron que "las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional" y sin injerencias. Los tres países expresaron a su vez la "disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano". Petro ha incorporado en los hechos a Chile en esa estrategia conjunta al conversar telefónicamente con Gabriel Boric. Los Gobiernos progresistas latinoamericanos intentan evitar los peores desenlaces. López Obrador calificó de "imprudente" el reconocimiento norteamericano de Urrutia. Es necesario, remarcó, encontrar una salida del laberinto. Argentina, en tanto, quiere soluciones más drásticas de las que por ahora están contempladas por Washington. Para el ultraderechista Javier Milei, Venezuela es uno de los teatros de operaciones de su batalla ideológica.

Más allá de los posicionamientos políticos, una preocupación común atraviesa a muchas de las administraciones latinoamericanas: la eventual consolidación de Maduro, a un precio político y social exorbitante, dispararía una nueva ola migratoria. El éxodo venezolano, que la ACNUR contabiliza en más de siete millones, se ha dispersado especialmente por Colombia, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Donald Trump ya avisó que la situación venezolana y la cuestión migratoria formarán parte de su agitación electoral.

Varios actores globales de peso han sentido la necesidad de fijar una posición. El papa Francisco se ha abstenido hasta ahora de hacerlo, pero no se descarta que haga transparente su preocupación tras su oración mariana del Angelus, este domingo. El episcopado venezolano ha pedido una verificación transparente de las actas electorales. En su mensaje hablaron a su modo en nombre del Vaticano. "La Santa Sede se suma a cuanto ha sido expresado por la Conferencia Episcopal Venezolana en su comunicado".

Escenarios en el Supremo

Un Maduro que posee la fuerza que emana de su control del Estado, ha llevado la controversia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dijo que el PSUV está "listo" para presentar todas las actas. El presidente ha pedido que la Sala Electoral del tribunal decida qué ocurrió con el escrutinio, oficialmente completado en un 97%, con un "peritaje de alto nivel técnico". Abogados constitucionalistas consultados por portal 'Efecto Cocuyo' advirtieron que es en rigor competencia del CNE aclarar la cuestión con el simple hecho de publicar todas las actas y permitir la impugnación de los resultados por parte de los actores que se sientan afectados. En ese sentido señalaron que pretender que un TSJ aliado al Palacio de Miraflores se pronuncie ahora es, en los hechos, una violación de la autonomía de otro poder público, el electora. Los constitucionalistas consultados por la publicación creen que si el TSJ no fuera un apéndice del Gobierno debería declarar inadmisible el recurso de Maduro y ordenar al CNE que complete los pasos que faltan para dar por cerrada la vía administrativa. Numerosos observadores advierten que, si el máximo tribunal hace lo contrario y dictamina en favor de Maduro, Venezuela se convertirá definitivamente en una caldera. Por lo pronto, el TSJ ha llamado a todos los participantes de los comiicios a "actar y respetar" la sentencia que se emita.

Jorge Rodríguez, uno de los alfiles más punzantes del madurismo, aseguró que la PUD no tiene "ni un registro confiable ni decente" de las actas con las que dice contar. A su criterio, "no se le puede conferir ninguna credibilidad" a los documentos que subieron a un sitio de internet abierto un día antes de las elecciones. "De las 9400 actas pahí existentes hay miles dañadas, sin resultados, con firmas iguales entre sí. Esto es pura basura. Ningún poder electoral, ni un centro de estudiantes puede aceptar ese registro y Blinken lo acepta. Lo hicieron pasar una vergüenza. Gracias Machado, acá está la prueba de la farsa que presentaron. Lleven lo que dicen que son actas al Tribunal Supremo. Allí nos vemos". Rodríguez habló con la certeza de que han pasado a la ofensiva y retomarán el control de la situación.

El petróleo

Venezuela es un país definido por los especialistas como un sultanato sudamericano: el 94% de sus exportaciones son petroleras. Todo gira alrededor de lo que se extrae del suelo. La crisis también tiene su veta relacionada con los hidrocarburos. La OPEP ha saludado el triunfo de Maduro, pero los precios internacionales del crudo han sentido un leve remezón negativo y no solamente por la continuidad de la guerra en Gaza y un posible debilitamiento de la demanda china. Washington ha puesto sobre la mesa la posibilidad de nuevas sanciones contra Caracas, lo que podría incidir en una merma de las exportaciones petroleras venezolanas. Maduro recordó en una rueda de prensa del viernes que él es el único garante de las multinacionales y los inversionistas para que extraigan de Venezuela riquezas extraordinarias.