Pendiente de la sentencia

El dinero que puede recibir Daniel Sancho del Gobierno de España

Nuevo dato en el caso Daniel Sancho: la extraña compra que realizó antes de cometer el crimen

Así se fraguó la participación de Rodolfo en 'El caso Sancho': "No quería hacerlo"

Una imagen de Daniel Sancho.

Una imagen de Daniel Sancho. / EFE

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Daniel Sancho conocerá, al fin, cuál será la sentencia que dicte la justicia tailandesa en lo que se refiere a su polémico caso el próximo 29 de agosto. El chef español reconoció haber asesinado y descuartizado al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta en el país asiático hace un año.

El hijo del actor Rodolfo Sancho podría recibir la pena de muerte, el método mediante el cual se castiga un homicidio con premeditación en Tailandia. Mientras que la Fiscalía pide esta sentencia para el chef español, la defensa sigue sosteniendo que la muerte del colombiano fue causada de forma accidental, al golpearse con un sanitario, mientras ambos forcejeaban después de que Sancho descubriera las presuntas intenciones de Arrieta de abusar sexualmente de él.

El equipo jurídico que contrató el padre del acusado, Rodolfo Sancho, se ha mostrado muy optimista de cara a la decisión que vaya a tomar el juez. Aun así, es cierto que ya no hablan de absolución, sino de evitar la pena de muerte y la cadena perpetua, con el objetivo de que el joven pueda volver a España en un plazo aproximado de dos años.

Posible reclamación al Gobierno

Por ahora, Daniel Sancho se encuentra en prisión en el país asiático, lo que le da derecho a reclamar una ayuda concreta al Gobierno de España. Y es que la administración pública está obligada a conceder una cantidad económica a los españoles encarcelados en prisiones del extranjero que tengan unas condiciones inferiores a las de los centros penitenciarios españoles.

De este modo, los presos españoles en el extranjero tienen pleno derecho a recibir la atención del personal de embajadas y consulados desde la comunicación de su detención y, también, a una ayuda mensual de 150 euros en caso de que la familia no se la pueda proporcionar.