Repsol, Cepsa y BP denuncian la entrada del “crimen organizado” en las gasolineras de España

Las grandes petroleras hacen frente común para lanzar la voz de alarma por el fraude milmillonario en la venta de combustibles que se está registrando en España y alertan de la entrada del “crimen organizado” en el sector a través empresas piratas que no pagan los impuestos ni las tasas obligatorias y que están rompiendo el mercado por completo con su competencia desleal. Al no pagar impuestos -que representan en torno al 80% del precio de venta final- estas compañías ilícitas pueden ofrecer el carburante a precios más bajos y obtener rentabilidades muy superiores a las que consiguen las compañías con actividad ajustada a la legalidad.

Los máximos responsables de Repsol, Cepsa y BP -que controlan las tres mayores redes de gasolineras del mercado español- han advertido al unísono de la proliferación del fraude en el pago del IVA y de otros cargos vinculados a su actividad. Las cifras que maneja las asociaciones empresariales del sector apuntan a que el fraude se ha extendido tanto como para afectar ya a una cuarta parte de las ventas del sector, que están implicadas unas 1.200 gasolineras (una de cada diez estaciones de servicio del país) y que el año pasado provocó un agujero en las arcas públicas de 1.000 millones de euros.

“Hablar sólo de fraude del IVA suena inocente. Eso es lo que hace el pintor que va a casa y trabaja sin hacer factura. Esto es crimen organizado en un sector estratégico”, ha denunciado el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, en un foro informativo organizado por el diario El Economista. “Con el dinero que hacen estas redes criminales van a entrar en otros sectores”.

Las cifras que maneja el sector apuntan a que el fraude fiscal en la venta de combustibles alcanzó el año pasado los 1.000 millones de euros, tanto en impago de IVA, como en la elusión de las aportaciones por biocombustibles o para financiar las reservas estratégicas. “Con lo que supone este fraude del IVA se podrían construir diez hospitales al año en España, con lo que no se paga por biocombustibles se podrían construir cinco hospitales. Es una cuestión de seguridad nacional”, ha denunciado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que también alerta de las consecuencias ambientales de estas prácticas por sortear el uso obligatorio de biocombustibles. “El fraude amplía las emisiones de CO2 todo lo que han reducido el uso de coches eléctricos en España”,ha resumido.

La expansión de las gasolineras ‘low cost’ desborda el dominio histórico de Repsol, Cepsa, BP y Galp

Varios miles de las 12.000 gasolineras operativas en el mercado español estarían ofreciendo precios de los combustibles por debajo de los costes mínimos generales, lo que implica la venta a pérdidas. Los fraudes son variados y se extienden a todas las obligaciones financieras que se aplica a las compañías del sector: desde los impagos por parte de muchas empresas del IVA o de los impuestos especiales hasta el escaqueo en los abonos de las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

“El fraude nos preocupa muchísimo. No jugamos con las mismas reglas de juego y genera un problema de competitividad. Y eso retrae inversiones en el sector”, ha alertado Olvido Moraleda, presidenta de BP España. “Tenemos que actuar ya. Mi objetivo es atraer inversiones a España, pero nuestras intenciones de invertir en este país se ven muy mermadas”.

Medidas urgentes

Entre las medidas propuestas desde el sector petroleras figura el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los propios depósitos en los que se almacena y así reducir las opciones de los defraudadores, como se ha empezado a aplicar en Italia con éxito, así como las liquidaciones mensuales del IVA o un mayor control y expulsión rápida del registro de operadores a los que cometen estos tipos de fraude. El Gobierno estudia introducir mejoras legislativas para actuar de manera más efectiva contra estas prácticas.

El Gobierno lanzó ya una reforma de la Ley de Hidrocarburos para poner coto a la proliferación de estos fraudes millonarios. Una reforma que el Ejecutivo incluyó en el decreto ómnibus de medidas económicas de finales del año pasado, pero cuyas medidas no entraron en vigor hasta el 28 de marzo. Una moratoria de tres meses que, según el sector de las gasolineras, ha hecho que se disparara exponencialmente las prácticas fraudulentas antes de que se aplicaran los cambios legales. Un fraude que, según advierten, tampoco se ha frenado después de la entrada en vigor de la nueva regulación.

La reforma legal aprobada por el Gobierno, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no paguen estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar expediente, por ejemplo inhabilitándoles de manera temporal.

El Gobierno puso el foco en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, al entender que es en este campo en el que es más fácil cometer irregularidades. Por un lado, a partir de ahora se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas. La ley de hidrocarburos permitía en su redacción actual que los distribuidores al por menor pudieran suministrar a otros distribuidores.

Cuando en 2015 se introdujo esta medida, se consideró que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. “Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario”, se argumenta desde el Gobierno.