La 'ley Rider' cumple tres años con miles de repartidores que siguen como autónomos y Glovo en los juzgados

Agosto, España se adentra en la cuarta ola de calor del verano y se prepara para batir récords de temperatura. Frente al centro comercial Glòries de Barcelona se reparten la sombra un grupo de repartidores, asidos a su bicicleta y mochila -de distintos colores y marca- al hombro. Esperan su pedido de alguno de los múltiples restaurantes de comida rápida de la zona.

La estampa es similar a la que tiene lugar a la misma hora casi a los pies de la Sagrada Familia, donde en una esquina se disputan las marabuntas de turistas tres populares cadenas de hamburgueserías, o en otros centros comerciales, como La Maquinista. La imagen se produce en plena canícula, pero se repite llueva o nieve, pues todos esos repartidores que aguardan su pedido para ingresar por él una minuta de cuatro o cinco euros son autónomos.

Este lunes 12 de agosto se cumplen tres años de la entrada en vigor de la conocida como 'ley Rider', con la que el Gobierno buscaba laboralizar el sector, es decir, que la inmensa mayoría de esos repartidores pasaran a ser asalariados. Un sector que sigue, mayoritariamente, circulando por su propio carril, que va desfilando por los juzgados y que, por falta de rentabilidad, cada vez lo forman menos empresas.

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Tres años después de que entrara en vigor la norma, tres grandes empresas se reparten el sector del reparto a domicilio, una vez varias hayan ido saliendo del país por el camino. Los márgenes son estrechos o inexistentes, hasta el punto de que la empresa que más pedidos mueve todavía no ha salido de pérdidas en los casi 10 años de vida que acumula. Dos de las tres siguen operando mayoritariamente, y pese a la consigna establecida en la ley, con repartidores autónomos. Y una de ellas, la que atesora mayor volumen de repartos, está citada el mes que viene a juicio por persistir, tras múltiples sentencias e inspeciones en contra, en repartir con autónomos.

Los primeros testigos de la causa abierta por la Fiscalía contra Glovo está previsto que comparezcan el próximo 16 de septiembre. Más adelante lo hará el consejero delegado y cofundador de la compañía, Óscar Pierre, directamente acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Agujero para la Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo espera hacer de esta causa judicial un escarmiento público para el resto de compañías y que cesen en su empleo de autónomos para repartir, una vez los juzgados han ido sentenciando que el modelo de flotas de estas plataformas no se ajusta a la ley y que las compañías dejan de pagar cada año millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social.

"La ley Rider española es uno de los ejemplos pioneros de cómo llevar a cabo una transición digital justa, en el sentido de que no podemos permitir que la incorporación de las nuevas tecnologías y la gestión algorítmica de las relaciones laborales constituyan, en lugar de un avance, un retroceso a las condiciones del siglo XIX", afirman desde el Ministerio de Trabajo. 

Glovo, el principal operador y el más perseguido por la autoridad laboral, acumula, desde que comenzó a operar en 2015, casi 253 millones de euros abonados a la Seguridad Social, entre requerimientos y sanciones. Y es que la Inspección de Trabajo le ha obligado a dar de alta como asalariados a un total de 40.889 repartidores que ejercían como falsos autónomos para la plataforma digital. Uber, otro 'pez gordo', apenas ha sido inspeccionado, si bien a principios de junio tuvo lugar un macro juicio en Barcelona con centenares de repartidores por una actuación que se remonta a 2020 y que le costará a la multinacional menos de un millón de euros. "Vamos a garantizar el cumplimiento de la ley, sea Uber, sea Glovo, sea quien sea", insisten desde Trabajo.

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A la espera del juicio, su veredicto -que puede tardar años- y de las distintas nuevas actas de Inspección de Trabajo que puedan seguir llegando, si hoy una persona en su casa pide una hamburguesa a través de la aplicación de Glovo o Uber lo más probable es que se la traiga un repartidor autónomo. Y en tanto que autónomo, seguirá sin vacaciones pagadas, sin que la empresa le facilite agua en las olas de calor o crema protectora o sin bajas remuneradas si tiene un accidente, entre otros.

España, al igual que el resto de estados miembros de la UE tiene pendiente transponer la nueva directiva de trabajo en plataformas, que aquí se traducirá en ampliar ese supuesto de laboralidad a todas las plataformas digitales, más allá del reparto de comida a domicilio. Yolanda Díaz pretende poner el acento, especialmente, en las 'apps' de empleadas del hogar y cuidados. En este campo, la Inspección de Trabajo ya ha puesto coto a plataformas -hoy extintas- como Joyners.

Un sector cada vez más concentrado

A finales de junio Stuart cerró sin acuerdo un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a más de 400 trabajadores y dejar de repartir en España. Este era un 'pez pequeño' dentro del estanque del 'delivery', que se reparten Glovo, Uber y Just Eat. De estos, el único que solo reparte con asalariados, contratados y subcontratados, es el tercero.

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El sector del reparto a domicilio se ha ido concentrando durante los últimos años en pocas manos. Apenas da dinero y la promesa de que lo dará en un futuro cada vez le cuesta más asumirla a los inversores, especialmente en un contexto de altos tipos de interés.

El cierre de Stuart -que justificó directamente su decisión aludiendo que si cumplía con la 'ley Rider' no sería rentable, si bien también cerró en otros mercados donde esta no rige- ha sido el más reciente, pero ni mucho menos el único. Deliveroo -el primer gran operador que aterrizó en España- ya se marchó en 2021, antes de que entrara en vigor la norma, aduciendo también que no le salía a cuenta cumplirla.

Por el camino también se han ido cayendo todas aquellas compañías que buscaron hacer dinero con el negocio de las entregas ultrarrápidas de productos de supermercado, como Gorillas o Getir, y no acabaron sabiendo sacarle rentabilidad.

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