"Operación Persiana": El estado francés externaliza a un fondo el cierre de Stuart en España y el resto de Europa por 82 millones

A mediados del pasado abril los repartidores de la empresa Stuart, distinguibles de otras empresas de la competencia como Glovo o Uber por sus ropas y mochilas de color azul celeste, recibían la noticia de que iban a ser despedidos. La dirección de la empresa de reparto les comunicó su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) que actualmente está negociando y que en España se traducirá en más de 500 repartidores cesados. 

Internamente los directivos de la firma la han bautizado como ‘Operación Persiana’, según explican fuentes conocedoras del proceso. Una reestructuración que no se circunscribe únicamente a España y se extiende también a Reino Unido, Polonia, Portugal e Italia y su origen se activó en un despacho francés. Concretamente del Ministerio de Economía francés.

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Actualmente la propiedad de Stuart la ostenta Mutares, un fondo de inversión creado en 2008 y que cotiza en la bolsa de Fráncfort. Esta sociedad está especializada en comprar empresas en “estado de transición”, tal como ellos lo definen. Es decir, que no pasan por su mejor momento y precisan de una reestructuración para hacerlas rentables… o acabar cerrando. El 23 de agosto de 2023 Mutares compró al Estado francés Stuart, una marca que un año antes había realizado 51 millones de entregas y facturado 408 millones de euros, por 1 euro y anunció el acuerdo definitivo tres meses después, en noviembre. 

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Un acuerdo que incorporaba una cláusula adicional: la administración francesa garantizaba un presupuesto de hasta 82,1 millones de euros para “cubrir las necesidades de financiación derivadas de la gestión operativa de Stuart y, por otra parte, a proporcionar los importes necesarios para su reestructuración”, según figura en el informe elaborado por una comisión dependiente del Ministerio de Economía de Francia y que daba el 27 de noviembre del 2023 la luz verde definitiva al acuerdo. 

Y es que Mutares le compró Stuart a Geopost, una filial de la empresa pública de mensajería La Poste (el Correos francés) y que a través de Stuart, y otras inversiones, tanteó si en las nuevas plataformas de reparto había o no un negocio rentable. A tenor de las experiencias del resto de grandes operadores y del informe redactado por el Estado francés, no lo es. El mismo reconoce que “desde su creación, la actividad de Stuart ha sido estructuralmente deficitaria. Además, Stuart está hoy expuesto a riesgos de mercado, riesgos legales, especialmente debidos a cambios en la legislación laboral, y litigios por importes importantes”. 

Modelo laboral polémico

En España, Stuart ha seguido la estela -algo menos mediática, pero de muy similar trazado- de firmas como Glovo o Uber, que irrumpieron en el sector emergente de las entregas de última milla, principalmente comida de restaurantes a domicilios, a través de un modelo de flotas de autónomos. Empresas de reparto sin repartidores, que se ahorraban los costes de Seguridad Social que pagaban los ‘riders’. Un modelo que la Inspección de Trabajo y los tribunales han ido censurando, tanto en el caso de Stuart, como de Uber o Glovo. 

El caso más acusado es el de esta última ‘app’, que acumula 40.889 repartidores falsos autónomos regularizados y 253 millones de euros en requerimientos y sanciones de la Inspección de Trabajo. Stuart, a menor proporción, pero también ha ido recibiendo varapalos judiciales en este sentido. Recientemente, la empresa desistió de presentar más recursos judiciales a la resolución de Inspección que le obligó a regularizar a 505 repartidores en Barcelona.

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El Gobierno de España precisamente aprobó una ley para obligar a las empresas del sector del reparto a domicilio a tener, por defecto, como asalariados a sus ‘riders’; conocida la norma como ‘Ley Rider’ y cuya entrada en vigor fue en agosto del 2021, dos años antes de que el Estado francés decidiera desprenderse de Stuart. Francia fue uno de los estados europeos más importantes que se manifestó en contra de la ‘Ley Rider’ europea que, durante la presidencia española, promovió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hasta el punto de que su veto, sumado al de Alemania, tumbaron el primer proyecto de ley. Si bien, en una versión posteriormente rebajada, dicha se acabó aprobando en marzo. 

Venta para evitar males mayores

En agosto del 2022, Geopost decide que no quiere invertir todo el dinero que necesitaría reconvertir el negocio de Stuart en Europa y que ya no le interesa. “Como parte de la revisión de sus prioridades estratégicas en el cuarto trimestre de 2022, Geopost consideró a Stuart como un activo no central”, resume el informe elaborado por el Ministerio de Economía francés. “La Comisión señala también que la única opción alternativa a la venta a Mutares sería la liquidación del grupo Stuart. Los riesgos financieros, estimados por Geopost y cuantificados en el informe de valoración antes mencionado, resultantes de la solución de liquidación serían significativamente mayores que los resultantes de la venta”, añade.

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A partir de ahí Geopost busca a alguien a quien traspasarle la operación de cierre o reestructuración. Y encuentra a Mutares. “Stuart sería la séptima adquisición de Mutares en 2023. Mutares no tiene experiencia en el sector empresarial específico de Stuart de entrega bajo demanda, pero Mutares dice que tiene una experiencia significativa en el sector del transporte y la logística”, recoge el informe. La dirección de Stuart ha declinado responder a las preguntas de este medio.

Negociaciones en curso

Actualmente la dirección de Stuart está negociando su reestructuración en varios países, entre ellos España, donde dejará de repartir. “Estamos en un sector donde todas las empresas están perdiendo dinero desde hace tiempo y jugando a ver cuál de ellas aguanta más para quedarse el mercado. Y eso no lo van a pagar los trabajadores”, afirman fuentes consultadas de la CGT, sindicato mayoritario. 

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De la mano del bufete de abogados Col·lectiu Ronda, ven varios visos de nulidad en el proceso. Por un lado, denuncian que hay 164 repartidores que siguen operando como autónomos pese a las resoluciones previas de Inspección y a los que Stuart renuncia a reconocer como asalariados. Por el otro, consideran que la dirección no está negociando de buena fe ya que les oculta información del grupo a nivel internacional. 

Las conversaciones entran en su fase decisiva, ya que la empresa puede optar por finiquitar unilateralmente el proceso en las próximas dos semanas. Los trabajadores, vista como irrevocable la decisión de cesar operaciones en España, esperan obtener la máxima indemnización posible. Y, para la parte del personal de oficinas que no se verá afectado, voluntariedad en las salidas y mínima afectación.

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