Endesa sigue a Iberdrola y pelea con Hacienda por 180 millones de sus centrales nucleares

La pugna entre las grandes eléctricas y los sucesivos Gobiernos por el impuesto sobre el combustible de sus centrales nucleares arrancó hace más de una década. Y aún sigue. Las compañías energéticas desplegaron una batalla legal para intentar tumbar el tributo, pero sin éxito. Y luego se lanzaron a tratar de recuperar parte de lo pagado, y con ello sí están consiguiendo triunfos millonarios frente a la Agencia Tributaria. Iberdrola ha conseguido la devolución efectiva de más de 100 millones de euros, y Endesa ha logrado una primera victoria con un reintegro menor de 5 millones y ahora pelea con Hacienda por una gran devolución de 139 millones de euros (que con los intereses de demora superaría holgadamente los 180 millones).

El Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2012 un impuesto específico para gravar los residuos radiactivos y el combustible gastado generados por las centrales nucleares, como una de las vías de cuadrar las cuentas públicas y del sistema eléctrico en plena crisis económica. Las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola y Endesa con participaciones mayoritarias cambiantes en las plantas, Naturgy y EDP con paquetes muy minoritarios en varias de ellas) intentaron durante casi una década en los tribunales anular el impuesto por considerarlo inconstitucional y contrario al derecho de la Unión Europea. El Tribunal Supremo desestimó en 2021 los recursos de las compañías eléctricas y avaló la legalidad del tributo.

Las energéticas no lograron tumbar por completo el impuesto, pero sí que han ido consiguiendo posteriormente imponerse en la pugna con la Agencia Tributaria sobre cómo aplicar exactamente el tributo, lo que se traduce en devoluciones millonarias de una parte de todo el dinero abonado por el tributo. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) dio la razón a las energéticas en su reclamación de reducir la cantidad de combustible gastado a la que se le puede aplicar el impuesto y la Agencia Tributaria ha aprobado actas de conformidad para ejecutar devoluciones a algunas de las centrales nucleares, pero aún queda pendiente de resolver un gran reintegro a Endesa.

Ascó y Vandellós, a la espera

Hacienda aprobó en 2022 la devolución parcial de los impuestos de años previos para las centrales nucleares de Trillo, Almaraz y Cofrentes. Iberdrola constata en sus cuentas de los últimos ejercicios que recibió por este concepto 80,7 millones de euros y también unos intereses de demora de 25 millones de euros, por lo que la compañía ha percibido ya algo más de 100 millones de euros como reintegro del tributo y como compensación por el retraso. Endesa también se anotó en sus resultados 16 millones de euros por su participación minoritaria en Trillo y Almaraz.

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Endesa mantiene aún una pugna millonaria con Hacienda por las devoluciones pendientes de parte del impuesto a las centrales de Vandellós y Ascó, en las que la compañía es el principal accionista. La eléctrica controlada por la italiana Enel incluye en sus cuentas semestrales que la Agencia Tributaria le dio la razón y acordó el pasado marzo que procede hacerle una devolución de 5 millones de euros. Pero ésta es sólo una parte muy menor de la pelea legal y Endesa aún se juega mucho con sus centrales catalanas.

Y es que Endesa también mantiene abierta una reclamación a la Agencia Tributaria por otros 139 millones de euros de impuestos pagados por el combustible nuclear de Ascó y Vandellós, a los que deben sumarse más de 40 millones adicionales en concepto de intereses de demora, por lo que la pelea entre eléctrica y Hacienda asciende a más de 180 millones de euros.

El detalle que vale millones

El impuesto creado en 2012 impone un gravamen al combustible nuclear gastado (uranio y plutonio) y a los residuos provocados por la producción eléctrica de las plantas nucleares cuando las barras son extraídas definitivamente del reactor. El propio Gobierno de Rajoy introdujo un cambio legal para que las eléctricas no pagaran el impuesto por el combustible que estaba en los reactores con anterioridad al 1 de enero de 2013, la fecha en que el tributo entró en vigor.

Una reforma legal de urgencia que buscaba que el tributo no tuviera efectos retroactivos y que se aprobó después de que Endesa e Iberdrola paralizaran unilateralmente a finales de 2012 las operaciones de la central nuclear de Garoña y sacaran todo el combustible del reactor precisamente para evitar el pago del nuevo impuesto antes de su entrada en vigor. Sin embargo, esa reforma no tuvo en cuenta que las centrales nucleares comúnmente extraen las barras de combustible del reactor para guardarlas en sus piscinas de almacenamiento, pero posteriormente lo reutilizan volviendo a colocarlo en el reactor para seguir produciendo electricidad.

Las grandes eléctricas se encontraron con que la Agencia Tributaria les impuso el pago de las cantidades de este impuesto calculadas como si ese combustible nuclear hubiese sido utilizado de manera permanente durante todos los años de manera interrumpida y no sólo durante periodos alternos, lo que reduciría sustancialmente el importe de los abonos.

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Las nucleares habían solicitado una rebaja sustancial de los pagos, especialmente de los años 2017 y 2018, para abonar el impuesto sólo por los días exactos en los que el combustible estuvo dentro del reactor. El Tribunal Económico-Administrativo Central les acabó dando la razón y la Agencia Tributaria empezó a hacer devoluciones tras un lustro de reclamaciones por parte de los grupos energéticos. Un proceso que en el caso de Endesa se está alargando aún más.