Trabajo suspende hasta septiembre la negociación para reducir la jornada con los sindicatos en pie de guerra

El resultado de una nueva ley para la reducción de la jornada laboral deberá esperar hasta, como mínimo, el mes de septiembre. La estrategia de dilación de la patronal ha funcionado y el Ministerio de Trabajo no ha logrado, como pretendía, cerrar esta carpeta antes de irse de vacaciones veraniegas. Los sindicatos, que ven como a mayor dilación, más concesiones van logrando los empresarios, han salido de la reunión de este lunes ratificando su amenaza de movilizaciones a partir de septiembre para tratar de espolear las conversaciones.

Pocos avances ha logrado el Ministerio de Trabajo este lunes en la cita que ha mantenido con patronal y sindicatos para abordar la reducción de jornada a las 37,5 horas semanales. Una reforma que está llamada a ser la ley estrella, laboralmente hablando, de la legislatura y que tendrá un amplio impacto en el mercado laboral, ya que puede afectar a la jornada máxima de ocho de cada 10 asalariados cubiertos por un convenio colectivo, según los datos recopilados por el Ministerio sobre negociación colectiva.

La patronal, pese a que en las dos últimas reuniones el departamento liderado por Yolanda Díaz le ha ido dando cuerda con mayor capacidad para distribuir la jornada a lo largo del año o abriéndose a una aplicación escalonada de la reducción, ha mantenido su postura contraria a abordar por ley esta cuestión. "Seguimos rechazando una reforma impuesta de la jornada legal, puesto que esa materia ya se trabaja en la negociación colectiva", afirman fuentes consultadas de la CEOE.

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Un mensaje de rechazo que contrasta con el optimismo que ha querido imprimirle el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. “La mesa ha avanzado de manera muy positiva, hemos concretado el perímetro en el que nos estamos moviendo. [...] El clima de la mesa ha sido muy oportuno. Creo que ha habido un intento constructivo de todas las partes para alcanzar un acuerdo”, ha sostenido.

Una opinión que no han compartido los sindicatos. "Apelamos de nuevo a la patronal para que por fin se una a una negociación de buena fe", ha declarado tras el cónclave el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján. "Si hay posibilidad de acuerdo, si la patronal quiere entrar a negociar de buena fe, nosotros entraríamos también a negociar esa flexibilidad [en la entrada en vigor], siempre con unos ciertos límites y que el objetivo son las 37,5 horas", ha afirmado el secretario de estudios y formación sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez.

Mayores multas por incumplir el registro horario

Trabajo ha remitido una nueva propuesta a los agentes sociales que incorpora mayores sanciones a aquellas empresas que incumplan su obligación de registro horario. El Ejecutivo plantea ahora que las empresas sean multadas por cada uno de los empleados a los que no compute eficazmente su jornada, no solo una multa por empresa, tal como está contemplado ahora en la norma. Una modificación que multiplicaría sustancialmente el importe a pagar para las sociedades incumplidoras.

El secretario de Estado de Empleo también ha planteado a patronal y sindicatos la necesidad de reformar el derecho a la desconexión digital, para hacer más garantista para los trabajadores esta cuestión, que ya está ampliamente recogida en la legislación nacional e internacional.

Nueva reunión: 9-S

Lo que hace unas semanas parecía una negociación relámpago se ha ido empantanando. Trabajo fue flexibilizando su postura inicial y logró que los empresarios entrarán a negociar, si bien todavía con grandes reticencias y muy lejos de un acuerdo. Desde Moncloa se censuró la premura que quería imprimirle Yolanda Díaz a las conversaciones y le reclamaron darle más margen a la mesa para tratar de atraer a la CEOE a un acuerdo. Aunque ello se acabe traduciendo, como ya materialmente por tiempos parece encaminado, a un incumplimiento del programa electoral de la coalición.

En su acuerdo de legislatura, PSOE y Sumar prometieron rebajar la jornada laboral máxima ya a 38,5 horas este 2024 y a 37,5 horas a partir del 1 de enero del 2025. La norma todavía no ha superado la fase de diálogo social y luego deberá ir al Congreso, donde a día de hoy no tiene los apoyos asegurados. Un segundo trámite que presumiblemente se alargará meses. De haberse cerrado este mes de julio la norma podría haber entrado en vigor a finales de diciembre. Ahora, con las conversaciones en el diálogo social suspendidas hasta septiembre, es virtualmente imposible tener en vigor la norma a 1 de enero del 2025, si el PP utiliza su mayoría en el Senado para demorar la tramitación de la norma.

El secretario de Estado de Empleo ha manifestado su intención de cerrar esta carpeta en septiembre. "En septiembre esperamos ya concluir con acuerdo para enviarlo cuanto antes al Parlamento", ha afirmado. Trabajo ha vuelto a citar a los agentes sociales para una nueva reunión el próximo 9 de septiembre.