El Gobierno deberá devolver a Iberdrola, Endesa y Naturgy más de 800 millones del bono social de la luz

El Tribunal Supremo tumbó en 2022 (por tercera vez) el sistema de financiación del bono social eléctrico, el descuento en el recibo de luz que se aplica a los hogares vulnerables. Las grandes compañías eléctricas emprendieron una nueva batalla en los tribunales para conseguir que se les devolviera los pagos millonarios que habían realizado para financiar el programa social entre 2016 y 2021. Tras años de litigios, Iberdrola, Endesa y Naturgy lo están consiguiendo.

Los sucesivos gobiernos han tenido que ir retocando y reformulando la manera en que se financia el mecanismo de ayuda a hogares vulnerables cuando la justicia daba la razón a las empresas e iba anulando los diferentes sistemas aplicados. En las dos ocasiones anteriores en que el Tribunal Supremo ya tumbó la fórmula de financiación (que ha ido estableciendo diferentes repartos para que lo pagaran las compañías eléctricas) las eléctricas ya consiguieron devoluciones millonarias de los importes aportados.

Ahora los tres gigantes del sector están volviendo a obtener el respaldo de los tribunales en su empeño y van a conseguir ser compensados con indemnizaciones que de manera conjunta van a sumar en torno a 740 millones de euros, y a los que se deberán añadir intereses de demora que sumarán otras varias decenas de millones más para resarcirles por el retraso y por el impacto de no haber dispuesto de ese dinero durante años. En total, las compensaciones a los gigantes eléctricos españoles superarán holgadamente los 800 millones de euros.

Compensaciones pagadas y por pagar

El Alto Tribunal anuló hace dos años el modelo de financiación aprobado por el último Gobierno de Mariano Rajoy, tras una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la UE, y ordenó al Ejecutivo actual que compensara a las grandes eléctricas por el coste asumido para aplicar descuentos en las facturas de más de un millón de hogares beneficiarios del bono social durante más de un lustro. Esas devoluciones fueron retrasándose y el propio Tribunal Supremo ha ido atendiendo los requerimientos de las grandes eléctricas de que se ejecutaran las resoluciones administraciones y las sentencias, y forzando al Estado a realizar pagos millonarios.

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Con cerca de un año de retraso en relación a la orden explícita del Supremo, las tres grandes eléctricas ya han recibido de forma efectiva indemnizaciones de 320 millones (más intereses de demora) por los importes del bono social asumidos por sus comercializadoras de tarifa regulada de luz 2016 y 2021. Las compensaciones han sido de 152,27 millones de euros para Endesa, 102,8 millones para Iberdrola y 64,2 millones para Naturgy. Cantidades ya percibidas, ordenadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y que salen de las cuentas del propio sistema eléctrico español.

El Tribunal Supremo también ha dictado sentencias que reconocen de manera definitiva el derecho de cobro de algunas de las comercializadoras del mercado libre de luz de las grandes eléctricas, una vez que han demostrado que no repercutieron a los clientes de estas empresas los cargos por el bono social. El Alto Tribunal ha reconocido en sendas sentencias (de mayo y de este mismo julio) por este concepto a las filiales con tarifas libres de Iberdrola por 183,4 millones de euros y de Naturgy por otros 63 millones, según se recogen en los últimos informes de resultados financieros de las compañías correspondientes al primer semestre de este año. Con estos precedentes jurídicos, Endesa da por hecho que su comercializadora del mercado libre percibirá los 150 millones de euros reclamados, según trasladó esta semana la compañía en un encuentro con analistas con motivo de la presentación de sus resultados semestrales.

En paralelo, los magistrados del Alto Tribunal también han dado la razón de manera definitiva a Iberdrola para ser compensada con 17,8 millones por los costes asumidos para poner en marcha los sistemas informáticos y los equipos de personas para gestionar el bono social durante ese lustro y han reconocido el derecho de Endesa a percibir 7 millones por este mismo concepto.

.¿Quién paga el bono social?

El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad de los clientes. No obstante, actualmente, como parte de las medidas anticrisis los descuentos se han elevado de manera temporal hasta el 65% y el 80% del recibo eléctrico. Esta ampliación extraordinaria sigue vigente, pero el Ejecutivo aplicará a partir del próximo año una reducción progresiva de estas rebajas adicionales para volver paulatinamente a las rebajas normales.

Inicialmente el coste de este mecanismo lo asumían sólo las grandes eléctricas forzadas a comercializar la tarifa regulada de luz: Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo (estas dos últimas han sido sustituidas por Totalenergies y Repsol con los años y tras diferentes operaciones corporativas). Las sucesivas reformas del sistema de financiación tras los revolcones judiciales han ido ampliando la lista de compañías que tenían que asumir el coste de los descuentos para hogares vulnerables.

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El actual Gobierno, atendiendo los requerimientos de la UE y tras la última anulación del Supremo, aprobó hace dos años una reforma que carga el coste del mecanismo a todas las compañías del sector eléctrico sin excepción (comercializadoras, distribuidoras, generadoras...). El grueso de la financiación sigue recayendo en los grandes grupos energéticos, ya que el peso se reparte en función de la cuota de mercado de cada empresa. La grandes eléctricas insisten desde hace años (ahora lo hacen también muchas de las compañías medianas y pequeñas) en reclamar que sea el Gobierno, a través de los presupuestos generales del Estado, el que asuma el coste por tratarse de una política social y que no se cargue a las compañías.