¿Servirán las medidas del Gobierno para que los alquileres sean más baratos?

Parches, soluciones rápidas para un problema estructural, el de la vivienda de alquiler. El caso es que la demanda sobrepasa con creces a la oferta disponible y, una parte de esta se desvía hacia alternativas más rentables como los arrendamientos de temporada o los turísticos, algo a lo que el Gobierno pretende poner coto. Pero ¿servirá eso para abaratar los alquileres, disparados en los últimos años.

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José García-Montalvo, catedrático de Economía y profesor en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) e investigador de la Barcelona Graduate School of Economics y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), opina que las verdaderas soluciones han de surgir de aumentar la oferta. Y eso se hace por dos vías: con más construcción de pisos para arrendar pero, sobre todo, con mejoras en la seguridad jurídica para los propietarios.

"¿Alguien se pregunta por qué hay caseros que optan por el alquiler de temporada cuando el de residencia habitual tiene mayores ventajas fiscales?", plantea este experto. Y es porque, a su entender, los alquileres de temporada suelen contar con clientes de mayor poder adquisitivo o que es más seguro que paguen (directivos, trabajadores expatriados, estudiantes, de cuya renta responden los padres, etc). Incluso hay propietarios que, como años atrás, retiran viviendas del mercado esperando que sus hijos sean mayores y se emancipen, asegura.

De igual modo se expresa el presidente la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana. "Todo el mundo piensa que los del sector queremos que se construya más, pero no se trata solo de eso sino de la suma de muchos factores", que incluyen desde reforzar la seguridad jurídica para los propietarios a la colaboración público-privada, la agilización de trámites o la movilidad, es decir, mejorar en el transporte público. En el mercado del alquiler, además, más del 80% de los dueños son pequeños propietarios y, en muchos casos, soportan hipotecas, por lo que su prioridad es cobrar la renta cada mes, advierte.

Y es que es en la seguridad jurídica en la que se centra por ejemplo el reciente documento presentado por el Cercle d'Economia, en el que se abogaba por el alquiler concertado como se hace con la sanidad o la educación, lo que evitaría que todos los costes recayeran sobre el propietario. Mediante este sistema como solución a corto plazo, el propietario ofrecería a las administraciones su vivienda a precios inferiores a cambio de contar con la seguridad en el cobro de la renta. También en el aumento de la oferta se centró otro estudio llevado a cabo en este caso por la entidad Barcelona Global, en la que se proponía un plan urgente para movilizar 25.000 viviendas en el área metropolitana de Barcelona.

En lo que coinciden muchos analistas es en que la limitación de las rentas, incluida en la ley de vivienda y que por ahora solo aplica la Generalitat en Catalunya, puede resultar contraproducente e incluso provocar retirada de oferta que opta por alternativas más rentables como los alquileres turísticos. Vilajoana recuerda una encuesta enter sus asociados, que representan al 90% del sector y "el 50% han paralizado inversiones que tenían previstas en el mercado de alquiler". En resumen, el efecto resulta ser el contrario del que se perseguía.

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ve la formas de distinta forma y aseguró en una visita al Cercle d'Economia en Barcelona, que esa reducción de la oferta se está produciendo desde 2019, mucho antes de que entrara en vigor la limitación de rentas.

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La verdad es que la regulación de los alquileres de temporada o un mayor control de los pisos turísticos "es solo una gota en el mar", según García Montalvo, que recuerda que por cada oferta de alquiler, que además se está reduciendo en Barcelona, hay más de 100 demandantes. Los promotores no ven problema en blindar y acotar legalmente los alquileres de temporada siguiendo las directrices de la directiva europea. En todo caso, García Montalvo alerta del riesgo de introducir más trámites en la actividad económica al exigir documentación para justificar que se requiere una residencia durante menos de un año.

Y tampoco la solución puede venir por medidas como la anunciada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que afirmó que en 2028 se anularán todas las licencias par pisos turísticos. "En Barcelona, 10.000 viviendas son poco más del 1% del total y el 4,2% de la oferta de alquiler residencial", recuerda. A su juicio, actuar sobre "una parte tan pequeña del mercado" apenas tendrá efectos. Vilajoana, que considera que una medida de este tipo es "demencial", reclama visión amplia, diálogo, "aunque dure unos meses o un año" para consensuar soluciones duraderas.

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