Pensiones
El Gobierno y los agentes sociales se dan hasta el 31 de julio para pactar la reforma de la jubilación activa y parcial
Las mutuas ganaran peso en el tratamiento médico de las bajas por motivos traumatológicos
Los jubilados que sigan trabajando podrían combinar el 100% de pensión y salario a los cinco años en activo
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales se dan de fecha hasta el 31 de julio para alcanzar un acuerdo sobre el paquete de reformas del sistema de pensiones que lleva negociando desde finales del 2023. Este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, patronal y sindicatos han mantenido una nueva reunión para avanzar en los cambios en materia de jubilación activa, jubilación parcial, mayor implicación de las mutuas colaboradoras en los tratamientos traumatológicos y coeficientes reductores para el retiro anticipado. Si bien desde el Gobierno insisten en que quieren un acuerdo "cuanto antes", el encuentro de este lunes se ha saldado sin mayor entente tangible que esa fecha límite del 31 de julio.
Las partes van avanzando a cuenta gotas en todas las materias, si bien el gran escollo de las conversaciones sigue estando en la jubilación parcial. El Gobierno no está por la labor de abrirse a los postulados sindicales, que reclaman volver a las condiciones previas a la reforma del 2013, lo que elevaría el gasto público. Y los sindicatos no asumirán acuerdos que beneficien a unos sectores sí, pero otros no o que impliquen seguir renovando anualmente los acuerdos, como suceden actualmente en la industria manufacturera. Fuentes consultadas de la patronal han declinado realizar valoraciones sobre el estado de las negociaciones, si bien sí comparten esa fecha límite del 31 de julio para cerrar esta carpeta de reformas.
"Todas las partes han manifestado su firme voluntad de alcanzar un acuerdo próximamente", ha manifestado el Ministerio de Seguridad Social en un escueto comunicado. Donde más acercadas están las posturas, a tenor de lo manifestado por los sindicatos, es en el nuevo protocolo para aumentar la participación de las mutuas en el tratamiento de las bajas de origen traumatológico. Con el objetivo de agilizar la asistencia médica, acelerar la recuperación y reincorporación al puesto de trabajo.
Por ejemplo, actualmente si un empleado se rompe una pierna jugando a futbol en su tiempo libre debe esperar su turno para ser tratado en la Seguridad Social, lo que implica una lista de espera que puede ser elevada. Ahora la Seguridad Social propone que la operación y rehabilitación la asuma la mutua, con unos servicios menos congestionados. Lo que aceleraría su recuperación y vuelta al trabajo. El coste de las pruebas no implicaría nuevos pagos desde el erario público y sería asumido por el excedente de las mutuas, que ya cada año reciben dinero de la Seguridad Social vía cotizaciones.
"Será algo acotado, solo para patologías de carácter traumatológico y siempre con el consentimiento previo de cada actuación por parte del paciente. La tutoría o la tutela de todo el procedimiento sigue estando en el servicio público de salud a través del médico de cabecera o en su caso el especialista tanto para las altas y las bajas del procedimiento", ha declarado la secretaria de política institutcional de UGT, Cristina Estevez. "En esto hay avances significativos que todas las partes reconocen", ha apuntado el secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo.
Fuentes sindicales consultadas explican que la CEOE no está conforme con el punto actual del redactado. Y es que los empresarios esperaban mayor poder de decisión de las mutuas en el proceso. Según esas mismas fuentes, la Seguridad Social plantea que sea el médico de la sanidad pública quien decida si el tiempo que tendrá que esperar el paciente para la prueba o tratamiento a través de la pública es contrario a su recuperación y es mejor que lo asuma la privada. Y los empresarios, según esas mismas fuentes, quieren que toda dolencia traumatológica sea directamente derivada y las mutuas tengan más autonomía a la hora de gestionar el tratamiento.
Contrato de relevo
En materia de jubilación parcial, el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales su intención de vincular el acceso a la misma vinculada a un contrato de relevo. Es decir, para que un trabajador veterano acceda al retiro, debe entrar un joven con contrato indefinido y a tiempo completo. Según coinciden fuentes consultadas, dicha propuesta la ha verbalizado y no la tienen los agentes sociales por escrito.
Los empresarios estarían en contra de esos condicionantes y reclaman poder sustituir a los jubilados parciales por empleados fijos discontinuos contratados a través de empresas de trabajo temporal, según fuentes sindicales.
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