La "singularidad" de Catalunya enreda la financiación autonómica en espera de que el Gobierno mueva ficha

Las difíciles negociaciones políticas para intentar que haya un ‘president’ en la Generalitat antes de que venza el plazo de dos meses que empezará a contar el próximo 26 de junio anticipan un posible anuncio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de mejoras en la financiación de Catalunya que permitan engrasar las posibilidades del candidato socialista, Salvador Illa. Las negociaciones políticas del PSOE con ERC y Junts (para la formación del Gobierno estatal, primero, y del Govern, después) han puesto sobre la mesa la aspiración de una "financiación singular", compartida por gran parte de la sociedad catalana. El quid de la cuestión es: ¿Qué se entiende por financiación singular?

ERC y Junts exigen para Catalunya una financiación similar a la del cupo vasco -que llega a reportar el doble de recursos por habitante que el régimen común-, con el añadido de un fondo de solidaridad a favor de las autonomías menos ricas. El PSC, por su parte, habla del 'principio de ordinalidad' y de un consorcio tributario con el Estado. El Gobierno central se muestra dispuesto a atender "singularidades" de Catalunya, pero dentro del régimen común (del mismo modo que ahí se reconoce la insularidad de Canarias, por ejemplo) y sin aclarar el cómo. Según fuentes de Moncloa, se está trabajando en “fórmulas imaginativas” que eviten un agravio comparativo con otros territorios.

Si por 'régimen singular' se entiende una fórmula similar al del País Vasco -en la que sea la Generalitat quien recaude todos los tributos y luego pague un cupo al Estado por las competencias no transferidas- la respuesta general entre los expertos que están participando en el debate público es clara: No, no es posible.

Así han respondido a la pregunta formulada por EL PERIÓDICO los expertos Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla; Jorge Onrubia profesor titular de Hacienda Pública en la Universidad Complutense y Ángel de La Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Es la misma conclusión que también expresaron recientemente el profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Economía de Barcelona, José María Durán o el presidente del Consejo de Economistas, Valentí Pich, en un encuentro informativo organizado por Fedea. “Ello haría imposible un Estado social”, dijeron. “No veo al Tribunal Constitucional aceptando tal trato diferente para Catalunya”, añade Onrubia.

Ahora bien, los expertos sí ven margen para encajar una cierta financiación singular para la comunidad catalana. “Es posible jugar con la definición con la definición de población ajustada e incorporar alguna variable específica de Catalunya, como el mayor nivel de precios, que también sería eficaz para Madrid o Baleares”, apunta Diego Martínez. La mayor parte de los recursos del sistema de financiación autonómica se reparten entre las comunidades autónomas en función de la llamada ‘población ajustada’, que tiene en cuenta factores como superficie, dispersión, la insularidad, despoblación o grupos de edad. Eso hace que, por ejemplo, la población real de Catalunya de 7,76 millones quede reducida a 7,57 millones en términos de población ajustada (188.000 unidades menos). Si en el reparto, por ejemplo, ponderara el mayor nivel de precios de las comunidades autónomas, Catalunya podría ganar población ajustada y, con ella, una mayor participación en el reparto del dinero.

Existe otra vía para atender la singularidad de Catalunya dentro del modelo actual, que es actualizar y elevar la valoración de las competencias traspasadas, apunta el catedrático de la universidad sevillana. Martínez admite que, en todo caso, tanto una vía como la otra ofrecen una capacidad muy limitada para hacer llegar más recursos a Catalunya.

Además, está la posibilidad de imponer el llamado ‘principio de ordinalidad’, para evitar que dos de las tres comunidades que más aportan a la cesta común del sistema (Madrid y Catalunya) queden relegadas a los puestos 8º y 9º respectivamente a la hora de recibir fondos (Baleares es la segunda comunidad en aportar fondos al sistema, pero también es la segunda al recibir).

Martínez, Onrubia y De la Fuente coinciden en la necesidad de que el sistema de financiación autonómica respete el principio de ordinalidad y acabe con los desajustes que ahora sufren Madrid y Catalunya. “Si una comunidad es la primera en aportar debe ser la primera en recibir”, resume De la Fuente. Y para ello -explica Martínez- no sería necesario modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), de 1980. Bastaría con reformar la ley que regula el actual sistema, de 2009.

Puede haber diferentes fórmulas para imponer el principio de ordinalidad. Ahora cada comunidad cede a la cesta común el 75% de sus ingresos normativos (antes de practicar sus propias subidas o bajadas de impuestos) y se queda con el 25%. Según Ángel de la Fuente, la vía más directa es evitar la alteración del orden que producen los fondos de suficiencia, de cooperación y de competitividad que entran a funcionar después del reparto inicial.

“Soy partidario de respetar el principio de ordinalidad, pero con una nivelación total de los recursos que recibe cada comunidad”, opina Martínez. Según esta opción, todas las comunidades recibirían del sistema la misma cantidad por habitante ajustado.

“Yo defiendo el principio de ordinalidad, pero con una nivelación parcial, en el que se acote la diferencia entre la comunidad que más recibe y la que menos”, matiza Onrubia. En la actualidad, Murcia y Valencia reciben el 90,8 y el 92,14% de la cantidad media de 2.963 euros por habitante ajustado que depara el sistema de financiació, según el análisis de Fedea a partir de los datos del Ministerio de Hacienda. En el otro extremo, Cantabria recibe el 115,32%% respecto de la media. Catalunya se situó en el 101,75%, según los datos de Fedea.

De la Fuente sostiene que “lo ideal sería la nivelación total”, pero admite que desde un punto de vista político esta opción es muy difícil. Por eso aboga por “respetar la ordinalidad e ir a una nivelación amplia, donde se pueda corregir al menos el 90% o el 95% de la desviación en los fondos recibidos por habitante ajustado”.

De todos modos De la Fuente se muestra escéptico: “Cuando ERC o Junts hablan de financiación singular es porque quieren para Catalunya el doble de dinero. Respetar el principio de ordinalidad podría dar más recursos a Catalunya, pero no tanto como eso”

Avanzar en un consorcio tributario entre la Generalitat y el Estado para recaudar y gestionar impuestos en Catalunya es otra vía para avanzar en la singularidad de Catalunya, a la que suele aludir el socialista Salvador Illa. Aunque la propuesta está a falta de concreción, se argumenta que un consorcio permitiría, por ejemplo, eliminar la liquidación tardía de los pagos, que ahora llega con dos años de retraso. Los republicanos de ERC rechazan este sistema que supondría una llave compartida de la caja.

Aunque no forma parte del sistema de financiación autonómica, la iniciativa del Gobierno de perdonar parte de la deuda autonómica contraída con el Estado puede ayudar a engrasar la negociación económica con Catalunya. El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a perdonar a Catalunya 15.000 millones de su deuda con el Estado y a extender al resto de la las comunidades de régimen común el mismo mecanismo de condonación de pasivos autonómicos. Hacienda pretende abordar su propuesta de forma bilateral con cada una de las comunidades antes de lanzar un proyecto de ley, incluso antes de la tramitación de los Presupuestos del Estado para 2025.

Las comunidades autónomas que reciben la menor financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado inferior a la media son las que presentan un mayor recelo ante la negociación en ciernes con Catalunya. Los presidentes de las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, las más infrafinanciadas, ya se unieron en enero para reclamar un fondo extraordinario y transitorio que les compense en tanto se logra reformar el actual modelo de financiación. Según los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), este fondo transitorio debería estar dotado con 3.277 millones y se repartiría entre los cuatro territorios agraviados: Andalucía (1.409), la Comunidad Valenciana (1.148 millones), Murcia (405) y Castilla-La Mancha (315).

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda sigue sin dar pistas sobre cómo piensa resolver la ecuación. Descarta ir a una reforma completa del sistema de financiación sin negociarlo antes con el PP, que gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas. Y eso abre la puerta a parches temporales. El Ministerio de Hacienda intentó avanzar en la reforma del modelo de financiación autonómica con una propuesta para reformar el cálculo de la población ajustada, que es lo que determina el reparto del 75% de los recursos del sistema. En su propuesta, lanzada en diciembre de 2021, Hacienda otorgaba un mayor peso en el reparto de las variables vinculadas a sanidad y educación. El rechazo a la propuesta de la ministra Montero unió a comunidades como Catalunya, Valencia y Madrid.

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