1 y 8 de julio

Furgones de los Mossos, 1.300 vigilantes y aulas al 50%: así será la repetición de las oposiciones de la Generalitat tras el fiasco

¿Qué es Cegos, la empresa del fiasco de las oposiciones de la Generalitat?

El Govern ofrece a sus funcionarios hasta 31 euros la hora para vigilar la repetición de las oposiciones

Caos en las oposiciones

Caos en las oposiciones / Zowy Voeten

Gabriel Ubieto

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La Generalitat de Catalunya ya tiene definido el operativo para organizar y vigilar la repetición de sus polémicas oposiciones, cuyo primer asalto tendrá lugar este próximo sábado 1 de julio. La administración catalana busca redimirse del fiasco del pasado 29 de abril, a cuyo cargo estaba la empresa subcontratada Cegos y que se saldó con retrasos de varias horas, aulas atestadas y gente copiando y pasándose preguntas vía teléfono móvil, entre otros. Lo que le obligó a invalidar todos los exámenes y repetirlos. Tras esa primera prueba fallida de subcontratación de un proceso opositor, será ahora la propia Generalitat la que habilitará las condiciones para que 13.534 aspirantes se examinen para acceder a una de las 1.825 plazas ofertadas

Furgones de los Mossos d’Esquadra para trasladar los exámenes, más de 1.300 funcionarios para vigilar las pruebas y evitar incidencias, aulas universitarias a una capacidad del 50%… La administración catalana ha ido definiendo con los sindicatos a lo largo de un mes el operativo de uno de los exámenes más multitudinarios que ha tenido lugar en la historia de la función pública de Catalunya. 

Un total de 900.000 euros le costará a la Generalitat la organización de las pruebas, entre pagar las dietas de los vigilantes, el coste del alquiler de las aulas a las universidades, las impresiones de los exámenes y demás detalles. Casi la mitad del coste, unos 434.000 euros, ya los tiene cubiertos la administración catalana de las tasas recaudadas a los opositores, que para presentarse tuvieron que pagar entre 56 euros -tasa ordinaria- y 12,05 euros -tasa más reducida, para un aspirante con familia numerosa o monoparental-.

A la administración catalana le podría llegar a salir el saldo en positivo si la justicia le acaba dando la razón y Cegos le acaba pagando los más de dos millones de euros (podrían llegar a tres) que le piensa reclamar. En septiembre prevé la Generalitat tener definida la reclamación concreta de cantidades, si bien el pago definitivo -si el juez acaba fallando a favor, que no está claro- podría tardar en ingresar a las arcas catalanas años.

Más de 13.000 aspirantes

La repetición de las pruebas se hará en dos tandas, a diferencia de la anterior y fracasada ocasión, cuando se juntaron a todos los opositores el mismo día. Un total de 3.648 aspirantes están citados este sábado para disputarse 477 plazas del cuerpo de agentes rurales, de ejecución penitenciaria y de personal laboral. Y al sábado siguiente será el turno de los 9.886 opositores restantes al cuerpo funcionarial. No estará permitido que los acompañantes de los opositores entren al edificio donde estos se examinarán, con el fin de minimizar ruidos.

En el plazo de una semana después de su examen la Generalitat se ha comprometido a dar a los opositores una plantilla con las respuestas para que puedan hacerse una autocorrección de su examen y tener una idea si lo han pasado y qué nota sacarán en el apartado teórico. Faltará luego la parte de los méritos, así que hasta finales de año no está previsto que los aspirantes conozcan si han logrado o no una de las 1.825 plazas en liza.

La ‘conselleria’ de Presidència ha trazado durante el último mes el operativo completo para evitar nuevos sustos, desde el diseño del examen, hasta la reserva de aulas, pasando por siete furgones policiales -con 10 conductores- que deberán trasladar las pruebas ya rellenadas hasta su segura custodia para la revisión final. Dicen estar tranquilos de cara al sábado, dentro de los nervios derivados del fiasco precedente y la exposición mediática que esperan. 

Universidades llenas

Universidades públicas catalanas de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona se llenarán este próximo sábado y el siguiente de opositores. Un total de 452 aulas están reservadas en la UB, la UdG, la URV y la UdL, con el compromiso de que en cada una de ellas no se excederá el 50% de la capacidad, para evitar copias y que la calor de estos días provoque sustos. También han habilitado espacios para lactancia, de descanso para embarazadas y accesos especiales para personas con alguna discapacidad. 

Estos detalles contrastan con el caos organizativo del 29 de abril, cuando Cegos, la empresa subcontratada que supervisó los exámenes, acusó a la Generaltiat de no habilitarle aulas suficientes y correctamente dimensionadas. En esa jornada la administración catalana reservó 216 aulas para los 13.534 opositores, ahora solo para la segunda tanda de exámenes ya ha reservado más que entonces. 

La Generalitat confía en cerrar así sin nuevos sobresaltos la fase de exámenes del concurso de oposición para acceder a trabajar en sus departamentos. Una segunda fase del macro proceso de estabilización en el que todas las administraciones públicas llevan más de un año inmersas para reducir las elevadas cotas de temporalidad que hace años arrastran. Y por las que la justicia europea ha censurado en repetidas ocasiones al Reino de España, del que ha considerado acreditado que abusaba de la figura del interino.

El objetivo final es pasar de una temporalidad de cerca del 35% a un umbral del 8%. Ya en una primera fase la Generalitat estabilizó a 9.700 interinos, la gran mayoría de los cuales llevaban más de 5 años como eventuales. En dicha ocasión no medió examen de por medio, tal como contempla la normativa, y los aspirantes solo tuvieron que acreditar unos méritos y experiencias previas para poder consolidar su plaza.  

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