Barcelona prueba un tratamiento experimental para el edificio enfermo de Trinitat Vella

El detonante que llevó al cierre del Centro de Vida Comunitaria (CVC) de Trinitat Vella, en Barcelona, se desencadenó por un acceso de tos de dos trabajadores, agravado por picores de ojos y garganta. Al día siguiente, refirieron dificultades para respirar; incluso uno de ellos manifestó sentirse mareado. Al sospechar que la indisposición se había originado en el puesto de trabajo, el edificio se desalojó y, cinco días después, se mandó clausurar. Ocurrió en enero de 2023, nueve meses después de que el inmueble se estrenase para albergar un servicio envuelto en una arquitectura innovadora y volcado ante todo en población desfavorecida. Acumula ya casi 19 meses seguidos sin uso, desde que fue diagnosticado como un ‘edificio enfermo’ por exceso de formaldehido, un gas natural que puede resultar tóxico en grandes concentraciones. 

Las tentativas para minimizar la sustancia potencialmente nociva no han fructificado hasta ahora, más de año y medio después de echarse el cerrojo al centro. Desde entonces, se ha auditado si el sistema de ventilación es defectuoso, se han buscado posibles deficiencias que hubieran pasado por alto en los certificados de construcción, se ha evaluado si los materiales incumplían la normativa y se ha sometido la madera que predomina en el edificio a una cura para evaporar la máxima proporción posible de formaldehido. Ningún método ha cuajado ni ha permitido desencallar la reapertura. 

El Ayuntamiento programa un nuevo intento para este próximo otoño. Se prevé que se efectúe entre octubre y noviembre. Habrá que sondear si la técnica es acertada antes de reabrir el equipamiento, lo que sigue sin fecha.

El consistorio se encomienda a un tratamiento experimental que arrojó indicadores esperanzadores en una prueba piloto puesta en práctica en una sala del centro. Ahora se quiere expandir a todo el inmueble. La solución consiste en extender capas de pinturas catalíticas y barnices capaces de purificar el aire, con los que revestir paredes y techos de madera y pladur para que absorban el formaldehido y reduzcan su presencia en el ambiente. También se ensayó con purificadores y plantas, con resultados menos satisfactorios.  

Sin éxito garantizado

El Ayuntamiento examina las ofertas de tres candidatos que se han presentado para aplicar el tratamiento. Brindan sus servicios a cambio de importes que fluctúan entre 119.200 y 150.568,82 euros. El éxito del remedio no está garantizado, según se desprende de una memoria incluida en la documentación del proceso de contratación.

“Los tratamientos a base de pinturas y barnices captadores de formaldehido reducirán la concentración de formaldehido presente en el edificio, sin poder saber en qué cantidad exactamente”, avisa el estudio. Del mismo modo, el gobierno municipal señala que “una vez hechos los trabajos, se volverán a tomar mediciones y se tomarán las decisiones pertinentes según los resultados”. A falta de testar la eficacia del antídoto, añade que “no hay una fecha concreta para la reapertura del centro”.

En cualquier caso, el informe en que el consistorio se basa para costear la solución esgrime que las pinturas que se emplearán “parecen las más prometedoras” entre las técnicas conocidas para disolver el gas y la elección se fundamenta en “una base sólida y científica demostrada en laboratorios y espacios reales”. Apunta que se han revelado aptas “para reducir las concentraciones de formaldehido en el aire”. Destaca que su uso constata “una clara reducción, superior al 50% en ensayos de 28 días”, y que la prueba en una habitación del equipamiento de Trinitat Vella se saldó con “una reducción significativa” de la sustancia.

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El estudio marca como objetivo que “la mayor superficie posible” se impregne con pintura y barniz para “reducir al máximo los niveles de formaldehido”. Cuantifica que se deben recubrir 4.741 metros cuadrados de superficie. Aconseja analizar la dosis de gas que perdura en el edificio cuando concluyan los trabajos, y repetir el chequeo a los seis meses y al cumplirse un año, para detectar si funciona y si conviene aplicar el remedio de nuevo. El efecto “debe durar varios años”, dice. 

El contrato concede siete semanas para ejecutar las obras. Los operarios tendrán que protegerse con mascarillas con filtros contra el polvo y los vapores orgánicos, también con ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo.