El bloque Venus de La Mina empieza a desalojarse con puertas blindadas y más demandas a la vista

La demolición pendiente desde hace más de dos décadas a las puertas de Barcelona va desencallándose a cuentagotas. Cada paso para tirar abajo el degradado bloque de la calle Venus, en el barrio de La Mina, se alumbra con fórceps y bajo la desconfianza de un centenar de familias, que reclaman que se les indemnice por el retraso de la administración en librarlos de la podredumbre. 

Apremiado por una sentencia que le reprochó “inactividad” en 2020, el Consorcio de La Mina -compuesto por la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besòs- ha cerrado los primeros acuerdos para desalojar siete de las 244 viviendas del inmueble. Venus debe vaciarse para ser derribado en 2028, si no se producen más retrasos como los que han marcado el devenir del edificio maltrecho, condenado a desaparecer por el proyecto de transformación del barrio, vigente desde 2002. El bloque ya debería haberse despoblado hacia 2010, pero fracasó por los altos importes exigidos a los residentes para canjear un domicilio por derruir de los años 70 por otro de nueva factura. 

Los compromisos formalizados en los últimos meses han llevado a que siete domicilios hayan quedado ya desiertos. Sus habitantes se han marchado tras aceptar el cobro de una compensación en concepto de expropiación y renunciar a ser trasladados a pisos facilitados por la administración. El Consorcio de La Mina paga 97.450 euros por dejar viviendas en Venus con tres habitaciones y 121.514 euros en caso de tener cuatro. 

Más de una cuarentena de familias del bloque piden acogerse a esa misma solución, concreta el Departament de Drets Socials. El orden en que las solicitudes se presentaron ha sido el rasero para decidir los primeros vecinos que han salido del inmueble. Además, se mostraron predispuestos a abandonarlo de inmediato.  

Rondas de vigilancia

La conselleria afirma que “se han activado una serie de medidas de seguridad” para que las primeras siete viviendas que se han deshabitado no sean ocupadas mientras el derribo aguarda. Meses atrás, Drets Socials admitió a EL PERIÓDICO que existe riesgo de que algunos domicilios sean asaltados a medida que queden vacíos en Venus, donde el menudeo de droga tras algunas puertas es un desvelo para la mayoría de habitantes del inmueble. También lo son el deterioro, las averías constantes, la pobreza y la infravivienda.  

El departamento indica que en los siete pisos “se ha tapiado el acceso y se ha contratado una empresa de seguridad que hace rondas de control”. Vecinos consultados afirman no haber visto a los vigilantes ni han percibido intentos de ocupación. 

El consorcio también planificó instalar alarmas y sensores, así como desmantelar las viviendas para hacerlas inhabitables y disuadir cualquier tentativa de tomarlas mientras el ocaso de Venus se prolongue. Los dos contratos adjudicados para blindar los domicilios ascienden en conjunto a 1.120.956,10 euros.

Próximas mudanzas

El Consorcio de La Mina ha adquirido 23 domicilios en el barrio y proyecta construir al menos 66 pisos de protección oficial para quienes opten por el traslado en vez de ingresar la indemnización. Drets Socials augura que las primeras mudanzas se producirán entre septiembre y octubre, sin precisar cuántas podrían ser. "Va lento", replican en Venus.

La conselleria dice que priorizará las familias que, siendo propietarias y teniendo derecho a realojo, acrediten “mayores indicadores de riesgo social”. También antepone las que, sin ser dueñas del piso donde residen y negárseles las mismas condiciones que los titulares, pueda ofrecérseles un alquiler de “realojo social” porque les atosigue “una especial urgencia”.

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El inicio de la operación de desalojo no acaba con el recelo de parte de la vecindad, dispuesta a librar un pulso en los tribunales para que la expropiación no exima de responsabilidad a las instituciones por el mal estado de Venus. Se prevé que, a partir de septiembre, una cincuentena de familias que reclamó compensación al Consorcio de La Mina eleve la petición al juzgado, como ya hicieron otras tantas años atrás. Piden que se repare a cada una con 130.000 euros por los daños patrimoniales que les han hecho vivir en condiciones sórdidas. 

El consorcio ha avisado a las familias que, si no retiran las demandas, tardarán más en ser rescatadas de Venus. También les previno de que perderán el derecho a realojarse sin coste en caso de pleitear. De ser así, tendrían que desembolsar 40.000 o 90.000 euros por la vivienda nueva. Los vecinos lo consideran un “chantaje” y parte de ellos están decididos a combatirlo impugnando el proceso de expropiación.