Declaración judicial
Ada Colau niega ante la jueza que diera instrucciones para sancionar al fondo Vauras por el 'Bloc Llavors'
La alcaldesa asegura que tampoco ordenó que se paralizara unas licencias de obras que la empresa había pedido
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Ni 15 minutos de declaración. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes ante la juez que le investiga por un presunto delito de coacciones y prevaricación que diera instrucciones contra el fondo de inversiones Vauras Investment S. L., propietario desde 2019 del 'Bloc Llavors', situado en Poble Sec, que se convirtió en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda. La edil, que ha comparecido como imputado, ha explicado a la magistrada Carmen García que ella no interviene ni en los expedientes de licencia de obras, ni en los sancionadores.
Colau ha precisado en su declaración que conoció la problemática del 'Bloc de Llavors' por los medios de comunicación y como es habitual en los asuntos trascedentes de la ciudad se interesó por ello, a la vez que ha remarcado la especial sensibilidad de su equipo municipal la vivienda social para los más desfavorecidos. Y es que en el inmueble del Poble Sec había familias en esta situación que iban a ser desalojados, por lo que se iniciaron conversaciones entre el Ayuntamiento y la propiedad del inmueble, el fondo Vauras.
La primera reunión se produjo en octubre del 2019. En ese encuentro, según estas fuentes, la empresa llegó a ofrecer al consistorio la compra del inmueble (después concretaron la propuesta, de más de cuatro millones de euros). El fondo de inversión, además, pidió si podían agilizar unas cinco o seis licencias de obras. La segunda reunión se produjo ya en febrero del año siguiente, cuando ya estaba aprobada la ley de la vivienda que obligaba a los grandes tenedores de pisos a destinar una parte a viviendas del alquiler social. En esta conversación es cuando desde el equipo municipal se instó al fondo de inversión a que cumpliera esta normativa, obligación que la empresa no hizo y que originó que el Institut Muncipal del Habitatge incoara un expediente sancionador.
Sin contacto con los Mossos
Colau ha sostenido ante la jueza que ella no participó en ninguna de estas reuniones porque desde que llegó a la alcaldía tiene delegada las funciones en los diversos responsables de área, entre ellas en materia de vivienda. La alcaldesa ha recalcado, a preguntas de la fiscalía, que tampoco hizo gestiones para que los Mossos intervinieran en el desalojo de las viviendas que eran ocupadas por personas vulnerables. La edila, además, ha rechazado que hubiera dado ordenes a los servicios municipales para paralizar las licencias de obras solicitadas por el fondo de inversiones, tramite del que se encarga los distritos de la ciudad.
Sobre los expedientes sancionadores a Vauras, ha incidido la alcaldesa, que se incoaron a raíz de una propuesta de los servicios jurídicos del Institut Municipal del Habitatge, pero que ella no tuvo ninguna participación en los mismos, así como en los embargos que se dictaron contra la empresa y que fueron levantados de oficio posteriormente por la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba unos preceptos de un decreto ley sobre vivienda. Colau no ha respondido a las preguntas de la acusación. El fondo de inversión ha anunciado que pedirá nuevas diligencias.
La denuncia fue inadmitida a trámite de entrada cuando fue presentada en noviembre de 2020. Entonces, la jueza Carmen García argumentó para su rechazo que el fondo Vauras “atribuía delitos sin rigor ni precisión”. La fiscalía compartió entonces esta decisión. Sin embargo, meses después, en abril del 2022, la Audiencia de Barcelona dio un vuelco, admitió a trámite la querella y ordenó que se citara a declarar como imputados a la alcaldesa y los dos concejales. Desde entonces, la togada ha realizado diversas diligencias, entre ellas el requerimiento al consistorio barcelonés de expedientes y documentación. La jueza ahora deberá continuar con la instrucción y, posiblemente, citará a todas las personas que participaron en las reuniones con el fondo de inversión.
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