Dos concejales de Colau imputados niegan haber presionado a un fondo inversor

Los concejales de Vivienda, Lucía Martín, y del distrito de Sants, Marc Serra, han rechazado este viernes ante la jueza de Barcelona que instruye una causa por presuntas coacciones y prevaricación que presionaran o amenazaran al fondo de inversiones Vauras Investment S. L., propietario desde 2019 del Bloc Llavors, situado en Poble Sec, que se convirtió en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda. Los dos regidores han sido interrogados como imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García. La magistrada interrogará el próximo lunes también como encausada a la alcaldesa Ada Colau.

Las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIDICO aseguran que Serra y Martín han dejado claro el contenido de las dos reuniones que mantuvieron con los representantes del fondo de inversión y en la que salieron a relucir la posibilidad (entre medio se convirtió por ley en una obligación para los grandes tenedores) de destinar para viviendas sociales pisos de ese bloque, que era de su propiedad, a través de la bolsa de alquiler para personas vulnerables del mismo ayuntamiento. Los dos encausados han negado tajantemente que en esos dos encuentros se presionara a nadie y menos que se coaccionara a ese fondo de inversión con el chantaje de no concederle una serie de licencias de obras o, incluso, sancionarles, tal y como sostiene Vauras.

El gobierno de Ada Colau declara de nuevo en el juzgado: dos causas reactivadas antes del 28M

Defensa de la vivienda social

"Hemos actuado siempre en defensa del derecho a una vivienda social desde la legalidad", ha afirmado Serra al salir de la declaración. La suya, al igual que la de su compañera en el equipo municipal, ha durado alrededor de una hora. Durante su comparecencia, los dos regidores han explicado que en la primera reunión con los representantes del fondo de inversión, en octubre del 2019, se habló sobre la posibilidad de que cedieran viviendas para uso social, aunque no se les obligó a nada porque la ley todavía no estaba aprobada. En ese encuentro, según estas fuentes, la empresa llegó a ofrecer al consistorio la compra del inmueble (después concretaron la propuesta, de más de cuatro millones de euros). El fondo de inversión, además, pidió si podían agilizar unas cinco o seis de licencias de obras.

Meses más tarde y tras la aprobación de la ley de la vivienda, en febrero del 2020, se celebró otra reunión entre los representantes del ayuntamiento y los del fondo de inversiones. En esta ocasión, la situación legal había cambiado y desde el equipo de gobierno municipal se les requirió que debían destinar pisos para viviendas sociales para personas vulnerables establecía la normativa sobre vivienda ya en vigor. Como la compañía no cumplió, se abrieron expedientes sancionadores. La acusación sostiene que esta maniobra fue para coaccionarle y que cedieran a las pretensiones del consistorio.

Las licencias de obras

Tanto Serra como Martín han aclarado ante la jueza que ellos no tramitan ni las licencias de obras y ni los expedientes sancionadores y que de ellos se encargan los técnicos correspondientes. Desmintieron que influyeran de alguna manera en los funcionarios que realizan esta labor para perjudicar al fondo de inversiones Vauras y menos para paralizar o entorpecer una decisión.

La denuncia fue inadmitida a trámite de entrada cuando fue presentada en noviembre de 2020. Entonces, la jueza Carmen García argumentó para su rechazo que el fondo Vauras “atribuía delitos sin rigor ni precisión”. La fiscalía compartió entonces esta decisión. Sin embargo, meses después, en abril del 2022, la Audiencia de Barcelona dio un vuelco, admitió a trámite la querella y ordenó que se citara a declarar como imputados a la alcaldesa y los dos concejales. Desde entonces, la togada ha realizado diversas diligencias, entre ellas el requerimiento al consistorio barcelonés de expedientes y documentación.