ERC y Junts facilitan entre reproches que se tramiten los presupuestos de Colau

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha salvado el primer escollo para acabar el mandato con presupuestos aprobados para 2023, un año marcado por las elecciones municipales. La coalición de ‘comuns’ y PSC ha superado este miércoles el trance gracias a ERC y Junts, que han facilitado que las cuentas municipales empiecen a tramitarse.

Los republicanos han lanzado varios reproches al ejecutivo municipal y han mantenido la intriga hasta el final sobre si abortarían el proyecto del bipartito a las primeras de cambio. No obstante, han acabado repitiendo el rol que han protagonizado a menudo, de aliado principal del ejecutivo local, y ha concedido una abstención para debatir las cuentas en las próximas semanas. Los posconvergentes también ha votado en blanco, mientras que Cs, PP y Valents se han opuesto en la comisión municipal de economía.    

Barcelona mantiene la bonificación del 75% de la tasa de terrazas para 2023

El concejal republicano Jordi Castellana ha acusado de “irresponsabilidad” al ejecutivo en minoría de Barcelona en Comú y socialistas, por no haber negociado las cuentas con la oposición antes de presentar las líneas maestras. Además, ha reiterado que la primera votación sobre el borrador debería haberse aplazado a noviembre, como ERC exigía. En todo caso, los republicanos se han comprometido a estudiar “críticamente” el proyecto del gobierno de Colau, sin garantizar por ahora que los ratifique en diciembre, cuando se decidirá si los presupuestos entran en vigor o si los vigentes deben prorrogarse. “Ya veremos cómo va la aprobación definitiva. Si la quieren, tendrán que cambiar de fondo y de formas”, ha emplazado Castellana.

En todo caso, se intuye que la suerte de los presupuestos en el ayuntamiento quedará ligada a un pacto a dos bandas que los refrende también en la Generalitat, como ya ocurrió el año pasado. Además, el president Pere Aragonès depende más que nunca de la aquiescencia de ‘comuns’ y socialistas para sobrevivir al frente de un Govern en minoría tras la ruptura con Junts. Los dos socios de gobierno en la capital catalana se lo han recordado a los republicanos.

“ERC se ha quedado sola en el Parlament, pero parece que tengan ganas de perder las posibles alianzas con 'comuns' y socialistas. Puede convertirse en un partido superaislado”, ha avisado Jordi Martí (Barcelona en Comú), sin remilgos. El socialista Jaume Collboni ha remachado la misma advertencia a los republicanos, a los que alertado que corren el riesgo de caer en “el aislamiento y el autismo político” en caso de frustrar las cuentas de Barcelona. “Déjenos gobernar, de la misma manera que Salvador Illa ha extendido la mano para que ERC gobierne con solo 33 diputados”, ha señalado.  

Tras abstenerse, Junts ha expresado que apenas concibe otra opción que no sea oponerse a los presupuestos del bipartito cuando se eleven al pleno. En todo caso, ha añadido que no renuncia a tratar de enmendar el proyecto. El concejal Ferran Mascarell ha anticipado que los posconvergentes presentarán alegaciones.

Aval a las ordenanzas

A su vez, el gobierno local se ha quedado solo en la propuesta de ordenanzas fiscales para 2023. Aun así, ha logrado que no embarranque y se le ha dado curso con la reserva de voto de ERC, Junts y Valents. El catálogo de impuestos municipales queda ahora condicionado a que supere la reválida en el próximo pleno municipal.

El ejecutivo local destaca que los impuestos municipales se someten a congelación, incluida la prórroga de la bonificación temporal de un 75% de la tasa de terrazas. “Queremos ayudar a la ciudadanía y al tejido empresarial en una momento de incremento del gasto y la inflación”, ha defendido la concejal de Hacienda, Montserrat Ballarín. 

En cambio, Junts, Cs, PP y Valents han opinado que es insuficiente que la presión fiscal del consistorio se mantenga y han abogado por rebajarla para aliviar el encarecimiento de precios. Por su parte, ERC ha subrayado las “desavenencias” entre los dos componentes del ejecutivo por la letra pequeña de las ordenanzas y ha cuestionado que el debate se haya centrado en conservar la reducción del gravamen a las terrazas. “Suponen cuatro millones de una recaudación total de 150 millones”, ha indicado Castellana.