Las cuentas municipales
Barcelona mantiene la bonificación del 75% de la tasa de terrazas para 2023
El gobierno de Colau propone unos presupuestos de 3.600 millones para el año próximo, un 5,6% más que en el ejercicio anterior
Los socialistas se apuntan una victoria en la negociación interna al mantener la reducción del pago por parte de la restauración
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Terrazas de bares en Barcelona / ALVARO MONGE
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Toni Sust
Periodista
Escribo sobre el Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad desde 2016. Antes lo hice sobre Política social (2011-2016) y sobre Política catalana y española (2001-2011).
Profesor asociado de Periodismo en la UPF.
Toni Sust
El gobierno de Ada Colau ha presentado este viernes el proyecto de presupuestos de Barcelona para 2023, un año peculiar, porque a mitad de ejercicio, el 28 de mayo, vivirá unas elecciones municipales, lo que puede llevar a que las cuentas sean gestionadas durante seis meses por la alcaldesa y los seis siguientes por un nuevo regidor, como sucedió en 2015 con Xavier Trias y la propia Colau. No es raro que en estos casos los presupuestos acaben prorrogados, ante la cercanía de las urnas, que dificulta un pacto con grupos de la oposición.
Pero antes de buscar ese consenso con otros partidos con presencia en el plenario, lo que se empezará a explorar ahora, ha sido necesario cierto trabajo para lograr un acuerdo entre los socios del gobierno, Barcelona en Comú y el PSC. Uno de los puntos más claros que generaban discrepancia era la bonificación de la tasa de terrazas, actualmente fijada en un 75%. Los socialistas querían dejarlo así y los ‘comuns’ reducir ese porcentaje, es decir, que los restauradores pagaran más. Al final, el PSC gana en este punto, y la bonificación se mantendrá como está.
Anticiparse a la crisis
Es de lo más llamativo del proyecto de presupuestos y ordenanzas. Las cuentas para 2023 ascienden a 3.595,9 millones de euros, un 5,6% más que en el ejercicio vigente,si prospera la propuesta presentada este viernes. El proyecto ha sido presentado por el primer teniente de alcalde y jefe de filas de los socialistas en el consistorio, Jaume Collboni; el teniente de alcalde de Cultura y concejal de Presupuestos y mano derecha de Colau, Jordi Martí, y la concejala de Hacienda, Montserrat Ballarín.
Sobre que la bonificación de las terrazas, preguntado por la opinión de Barcelona en Comú, Martí ha echado mano de su estilo florentino para explicar el desenlace de la negociación interna: “Cuando llegas a un acuerdo es que estás de acuerdo”.
Actividad de la restauración
Los ‘comuns’ consideran que la tasa de terrazas podía recuperarse parcial o totalmente en la misma medida que se ha recuperado la actividad de la restauración tras el evidente regreso de los turistas a la capital catalana. Pero a la vista del desenlace no han conseguido que su visión se impusiera a la del PSC, que argumenta que en un contexto de congelación de pagos anular la bonificación rompería esa tónica y afectaría mucho a un sector que sufrió un gran impacto por la crisis económica que generó el parón en el consumo que provocó el covid.
Collboni ha asegurado que la voluntad es negociar y pactar con la oposición, como, ha recordado, ha sucedido con los presupuestos de este mandato, sobre todo con ERC, aunque no solo con los republicanos. Si Salvador Illa ha tendido la mano del PSC para una entente presupuestaria en el Parlament, el jefe de la oposición en el consistorio, es decir, el presidente del grupo republicano, Ernest Maragall, debería hacer lo mismo.
El proyecto de las cuentas municipales, ha dicho, está planteado para anticiparse a una situación de crisis que por ahora se percibe relativamente y que va vinculada a la elevada inflación y el precio de la energía. “Hay una incertidumbre económica profunda y el presupuesto tiene que dar certeza y tranquilidad”, ha declarado. “No se incrementará la presión fiscal”, ha recalcado.
Congelación
Hablando de las terrazas en concreto y de las ordenanzas fiscales en general, Ballarín ha subrayado que el gobierno opta por “la congelación de impuestos y tasas”. Para facilitar los pagos, cualquier persona -no las empresas- que deba afrontar más de dos recibos municipales podrá abonarlos fraccionadamente durante diez meses. Un sistema, ha precisado de “tarifa plana”.
Martí precisado que este año el proyecto pasara por comisión en octubre, y no en noviembre como en ejercicios anteriores. “Eso nos da dos meses para negociar”. El edil ha aludido a la ruptura entre los socios del Gobierno catalán como un elemento que afecta a esa negociación, porque de hecho un escenario posible era que, como el año pasado, hubiera pacto en el Parlament y el consistorio. No es algo que se excluya todavía.
“Es mejor tener acuerdo de presupuestos que no tenerlo”, ha insistido. Lo bueno, ha subrayado, es que hubiera pacto en el Congreso, la Cámara catalana y el ayuntamiento. En todo caso, ha aludido a los últimos años para reclamar fe en que haya un pacto con la oposición.
La evolución
Martí ha mirado atrás para subrayar cómo ha evolucionado al alza el presupuesto de la ciudad desde 2015, cuando Barcelona en Comú llegó al gobierno local. Partiendo de la cantidad de los presupuestos como fueron planteados inicialmente, en 2015 estaba en 2.550 millones, más de 1.000 millones menos que en el proyecto para el año próximo. La cantidad del plan de inversión de 2015 ascendía a 374 millones y en este proyecto llega a 759 millones. El presupuesto de 2015 suponía un 3,5% del PIB de la ciudad, y en la propuesta para 2023 llega al 4%.
El concejal ha citado algunos detalles del proyecto para 2023. Los ingresos suben 190 millones, de los que 112 provienen de la aportación del Estado y 30 del incremento de aportación en la tasa turística. Los gastos no financieros crecen 227 millones, un 6,9%. En personal la cifra sube 28,7 millones en gran parte por el incremento previsto de 1.000 agentes de la Guardia Urbana durante todo el mandato.
Los gastos financieros suben de 15,8 a 21 millones por la deuda generada por el déficit con el que se cerraron los dos últimos ejercicios. Este año no se prevé más déficit. La deuda del ayuntamiento está en unos 800 millones, un 30% de los ingresos corrientes. Un porcentaje perfectamente asumible, subraya Martí, que advierte que es preocupante cuando llega al 60%.
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