La pandemia ha provocado una crisis social sin precedentes en Barcelona. Casi tan grave como la que derivó de la crisis financiera del 2008 y que ha golpeado y lo sigue haciendo a toda la sociedad, pero con mayor medida a las personas que ya sufrían situaciones precarias. A raíz del confinamiento iniciado en marzo del 2019, se destruyeron miles de lugares de trabajo y, aunque los ERTE funcionaron como dispositivo de emergencia para las personas con ocupaciones regulares, miles de personas autónomas y con trabajos irregulares perdieron sus ingresos. Detrás de las cifras y el descalabro macroeconómico hay una serie de personas que lo han pasado mal y lo siguen haciendo, y que requieren de todos los apoyos disponibles, también el de la administración pública.
La pérdida repentina de capital económico ha agravado las desigualdades socioeconómicas en la capital catalana. Ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad económica de buena parte de las unidades familiares de la ciudad, sin ahorros, sin patrimonio y con unos ingresos mínimos que en muchos casos no superan los 1.500 euros y que, por tanto, no permiten acceder a un alquiler al precio de mercado. Aunque no todas las causas son económicas: la covid-19 ha agravado las crisis preexistentes como la habitacional, la social o la medioambiental. Y ha aumentado la vulnerabilidad derivada de ciertas circunstancias como el hecho de ser personas mayores o con enfermedades crónicas, los núcleos monoparentales femeninos o las familias con hijos. El impacto insta de forma urgente a las administraciones a volver a poner en el centro los derechos sociales, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital y participar de la vida cívica, comunitaria, cultural y política. El objetivo es asegurar la inclusión de todos y todas, especialmente en situaciones que suponen un riesgo añadido como la covid-19 a partir de nuevos modelos económicos, sociales y organizativos de los cuidados, mucho más resilientes y basados en las necesidades reales de la ciudadanía.
Para ello, actualmente se están desarrollando medidas desde las administraciones públicas para evitar que la crisis sanitaria y económica dilate aún más la brecha social y de género. En Barcelona, sus efectos son visibles en problemáticas graves de exclusión residencial, con personas que se ven obligadas a dormir en la calle, y la pérdida de ingresos, en situaciones que se agravan en el caso de la infancia y las cargas familiares.
El foco de actuación de la acción social se sitúa en el empoderamiento ciudadano
En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, constatado el impacto y superadas las primeras medidas de emergencia y contingencia para cubrir las necesidades básicas, ha impulsado el PAM+ 2020-2023, el Programa d’Actuació Municipal extraordinario de respuesta a la pandemia. Se trata de un programa de actuación municipal excepcional y que aborda las consecuencias derivadas de la pandemia a medio y largo plazo para la garantía de los derechos de la ciudadanía. Este documento concreta el compromiso del gobierno municipal con la ciudadanía a través de un refuerzo de los principales servicios, programas sociales y políticas públicas. El objetivo es que se garanticen los derechos sociales de la ciudadanía, especialmente de quienes más lo necesitan, en el contexto actual.
Unos derechos sociales que pasan por garantizar una vivienda digna, por la protección de la salud, la garantía de la educación formal e informal en la infancia, el refuerzo de la vertiente comunitaria de la ciudad y el impulso de los cuidados. Estas medidas están desarrolladas a partir de estrategias innovadoras e incorporan la perspectiva feminista y comunitaria, para no dejar a nadie de lado en la protección de la ciudadanía.
Para la elaboración del PAM+ se han revisado y actualizado las prioridades formuladas en los documentos ordinarios y movilizado los recursos disponibles para afrontar las nuevas necesidades de la pandemia. El foco de actuación de la acción social del gobierno barcelonés se aleja del asistencialismo para situarse en el empoderamiento personal y colectivo, teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona y los apoyos que necesita. Propone actuaciones que promuevan una comunidad cuidadora, inclusiva y protagonista, donde factores como el género, el origen o la edad no sean discriminatorios. El programa se concreta en medidas como el refuerzo de los Puntos de Asesoramiento Energético, el servicio de dentista municipal para personas vulnerables, la unidad antideshaucios, el servicio de canguro municipal Concilia, o los equipamientos para mujeres sin hogar como La Violeta. Muchas de ellas son medidas innovadoras y singulares, que posicionan al consistorio barcelonés al frente del abordaje de la pandemia en colaboración con las entidades del territorio y la complicidad de la ciudadanía.
Las mujeres, más afectadas
La larga duración de la pandemia, cuyo estallido fue en marzo de 2020, ha cronificado las desigualdades: la renta media tanto en la capital catalana como en el área metropolitana cayó alrededor de un 7% durante el año pasado y ha agravado la desigualdad. La crisis que aún perdura está afectando especialmente a las mujeres, que en el momento son el 70% de las personas que piden ayuda a los servicios sociales, y a las personas en situación irregular, que a menudo no tienen acceso a este tipo de recursos. Además, las perspectivas de futuro no son nada esperanzadoras para las mujeres, si tenemos en cuenta el aumento de la precariedad laboral que supuso la crisis del 2008 para este colectivo.
La pandemia también ha agravado la crisis de cuidados que ya sufría nuestra sociedad. Esta situación excepcional ha demostrado que las necesidades de cuidados de la población no están cubiertas, y que necesitamos formas de garantizar el derecho a los cuidados que no pasen por cargar a las mujeres de más responsabilidad. De hecho, esta crisis ha evidenciado más que nunca que las mujeres asumen la gran mayoría de las tareas, tanto en el hogar como en el trabajo. A menudo lo hacen en condiciones de extrema precariedad y, en el caso concreto de las trabajadoras del hogar, en muchos casos sin los derechos laborales mínimos.