Sumar denuncia el "chantaje" de Marruecos por sus maniobras en aguas saharahuis frente a Canarias y exige al PSOE proteger al sector pesquero español

El Sáhara vuelve a interponerse entre los socios del Gobierno de coalición. Las maniobras que prevé hacer Marruecos en aguas saharauis frente a las costas canarias han reavivado los recelos en Sumar, que aún persisten dos años y medio después del giro de España en marzo de 2022, cuando el Gobierno reconoció por primera vez la autonomía del Sáhara occidental dentro de la soberanía de Rabat. Las operaciones del país vecino en aguas próximas a las Islas Canarias, impidiendo la pesca por parte de empresas españolas durante cuatro meses, han sublevado a Sumar, que ha pedido explicaciones al ala socialista del Gobierno a través de una iniciativa en el Congreso de los Diputados.

La diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, de origen saharaui, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Exteriores y de Defensa sobre la situación que se vivirá en aguas próximas a España entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, cuando la Marina Real de Marruecos desarrollará unas prácticas de tiro que en ese tiempo impedirán la pesca en esas aguas, algo que afectará especialmente a las empresas españolas que disponen de permisos para faenar.

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La diputada ha denunciado que estas maniobras son en realidad "un ejercicio de chantaje por parte de Rabat y un recordatorio para que los Gobiernos europeos avalen su ocupación sobre el territorio saharaui", según ha defendido en un vídeo publicado en redes sociales, donde ha advertido de que son "una llamada de atención a la UE y en especial a España".

Hasta el giro sobre el Sáhara, la posición de España siempre había sido favorable a un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui decidiese sobre su autonomía -la posición que aún mantiene Sumar-. Pero la crisis abierta con el país vecino en 2021, después del choque por Brahim Gali y la posterior entrada masiva de migrantes en Ceuta, llevó al reconocimiento autonómico del Sáhara para encauzar las relaciones con Marruecos.

Desde la formación del segundo Ejecutivo de coalición, la causa saharaui ha distanciado a las dos alas del Gobierno; pero también ha generado cierta marejada en las propias filas de Yolanda Díaz, que en las generales fichó como número dos al diplomático pro marroquí Agustín Santos, que se mantiene como diputado en el Congreso.

En la batería registrada por Sumar, el socio minoritario de Gobierno denuncia la falta de información proporcionada por Marruecos, pero pregunta formalmente al Ministerio de Exteriores si ha sido informado sobre la realización de las maniobras, y si se han evaluado los riesgos de seguridad para el archipiélago canario, al tiempo en que pide un plan para mitigar el posible impacto económico sobre las empresas afectadas por la prohibición de pescar en esas zonas. Así, Sidi reclama al Gobierno explicar a través del Congreso "cómo va a garantizar derecho internacional y del pueblo saharaui y proteger a empresas españolas que no puedan faenar en territorios ocupados".

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En la batería de preguntas, la diputada de Más Madrid, perteneciente al grupo parlamentario de Sumar, pregunta al Gobierno "qué información ha recibido" por parte de Marruecos sobre estas maniobras militares, así como "la comunicación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno de Canarias" sobre este asunto. La dirigente pregunta también sobre si se ha hecho una "evaluación del impacto" de las maniobras sobre "la seguridad de las islas Canarias" y las medidas "para mitigar cualquier riesgo" asociado, además de reclamar un plan con "acciones" para "mitigar el impacto económico en el sector pesquero español, especialmente considerando que España posee la mayoría de las licencias de pesca afectadas".

La diputada hace hincapié en que estas operaciones llevadas a cabo por Marruecos "coinciden con tensiones respecto al acuerdo de pesca entre Rabat y la Unión Europea". Así, recuerda que la Justicia europea ha anulado el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos debido a la falta de consentimiento del Frente Polisario, que es reconocido internacionalmente como el representante del pueblo saharaui.