Masacre de rapaces protegidas en Murcia por los tendidos eléctricos

El águila perdicera está en peligro en la Región de Murcia y ello es debido, en buena parte, a la actuación de las compañías propietarias de tendidos eléctricos que no adoptan las medidas necesarias para modificar estas instalaciones. La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha denunciado que en los últimos diez años han muerto 50 ejemplares de esta rapaz en la región, por lo que varias organizaciones pedirán a la Fiscalía que actúe al respecto. Sin embargo, si se incluyen otras especies, la magnitud del daño se multiplica considerablemente: casi 1.000 aves en ocho años.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) remitió en el mes de julio y a la Dirección General del Medio Natural una petición de consideración de parte interesada en los expedientes abiertos por los casos de presunta electrocución de nueve águilas perdiceras registrados en el periodo 2021-2022.

A este escrito, la citada Dirección General respondió que la Administración regional había abierto 12 expedientes, de los cuales cinco habían dado lugar a la modificación de la torre eléctrica afectada, mientras que otros siete se encontraban en tramitación.

Expedientes, pero sin sanciones impuestas

En todo caso, según un comunicado de ANSE, la Administración regional admite que “desde inicios del 2019 hasta el momento de la firma de la presente contestación no se han iniciado expedientes sancionadores respecto de posibles electrocuciones de ejemplares de águila perdicera, encontrándose en fase de actuaciones previas los siete expedientes abiertos”.

“En definitiva, se reconoce que no se están imponiendo sanciones por la muerte de aves protegidas y únicamente se requiere la corrección del apoyo, ni siquiera de la línea completa. Las organizaciones ambientales han puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que se obligue a la Comunidad Autónoma a la apertura de expedientes sancionadores”, añade la entidad, que lamenta que “matar águilas perdiceras salga gratis a las eléctricas”.

A juicio de las organizaciones ambientales, la no imposición de multas dificulta la resolución de este grave problema ambiental. En aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, los operadores eléctricos “tienen la obligación de corregir con carácter preventivo y de forma completa las líneas con riesgos y en caso de producirse electrocuciones por no estar corregidos debe sancionarse a las compañías eléctricas en aplicación de la Ley 42/2007”.

Este planteamiento jurídico, señalan las entidades, ya ha sido confirmado en instancias judiciales como por ejemplo a través de la sentencia 1.215/2021 del Tribunal Supremo y contrasta con otras Comunidades Autónomas donde sí se están imponiendo cuantiosas multas a las compañías eléctricas por la muerte de aves protegidas en tendidos.

Las organizaciones ambientales de la Región de Murcia (ANSE, STIPA, Naturactua, Ulula, Anida, Meles, Ecologistas en Acción, Caralluma, Asociación Calblanque, Asociación Región de Murcia Limpia) vienen reclamando medidas efectivas para la solución inmediata de las muertes por electrocución y señalan la especial responsabilidad de Iberdrola, “ya que una parte importante de las muertes se han producido en tendidos no corregidos de su propiedad mientras que la compañía anuncia beneficios récord cada año”.  

Precisamente a principios de 2021, las asociaciones ambientales realizaron una petición a la Comunidad Autónoma con 10 medidas para acabar con la muerte de aves en tendidos de la Región de Murcia. “La respuesta fue decepcionante y el director general del Medio Natural del momento (Fulgencio Perona) indicó que se procedería a la aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución, pero lo cierto es que no se ha avanzado en este sentido”, añade la nota.

Normativa a exposición pública

Mientras tanto, el gobierno regional de Murcia ha sometido a exposición pública el «Proyecto de Orden de ampliación de zonas de protección de electrocución de avifauna en la Región de Murcia» que abarca hasta el 55 % del territorio regional, incluyendo el área de dispersión (zona donde se concentran jóvenes tras abandonar el territorio de origen) del águila perdicera de la llanura litoral.

Esta ampliación se produce tras los escritos de ANSE a la Fiscalía, la Comunidad Autónoma y Mitecord, advirtiendo de la grave mortalidad de águilas que estaba teniendo lugar en esa zona y que tenía efectos a nivel estatal.

En relación a esta Orden, las citadas ong ambientales han presentado alegaciones solicitando su ampliación a la práctica totalidad del territorio regional y destacando la existencia de áreas conflictivas que han quedado fuera de la Orden (por ejemplo, áreas de potencial recolonización del quebrantahuesos en Moratalla o zonas importantes para el águila perdicera, como la mitad meridional del Campo de Cartagena o el entorno de las Sierras de las Victorias y el Pericón). 

El águila perdicera es una de las aves más amenazadas de la Región con solo 22 parejas nidificantes y está catalogada como ‘en peligro de extinción’, por lo que cuenta con un Plan de Recuperación aprobado que obliga a invertir dinero público en su conservación. Según datos de la propia Comunidad Autónoma, en los últimos 10 años han muerto por supuestas electrocuciones cerca de 50 ejemplares de águila perdicera en la Región de Murcia, y esta es la principal causa de muerte no natural.

Casi 1.000 aves muertas en ocho años solo en la Región de Murcia

Sin embargo, el peligro que sufre esta rapaz por culpa de los tendidos eléctricos es solo una pequeña parte de la situación. Según hizo público ANSE el año pasado, en los últimos ocho años han muerto por el mismo motivo más de 900 aves. La asociación no duda en calificar de “inasumible” el número de bajas que se producen en los tendidos eléctricos de la región, pues la mayor parte de los incidentes registrados corresponden a especies protegidas, «incluyendo un número desorbitado de ejemplares de especies gravemente amenazadas".

Algunos ejemplos ilustran la magnitud del problema: en estos últimos ocho años ha perecido casi 300 ejemplares de búho real (Bubo bubo) o más de 150 cernícalos (Falco tinnunculus). Otras especies muy afectadas son el buitre leonado (61), el águila culebrera (51) o la cigüeña blanca (43). Mención especial merece el águila perdicera, una especie catalogada ‘En Peligro de Extinción’, que cuenta con 24 parejas en la Región, y que ha perdido 42 ejemplares. El año pasado, ANSE, ANIDA y STIPA han trasladado a la Fiscalía la muerte de 11 búhos reales (3 en Yecla, 2 en Mazarrón, 6 en Jumilla) acaecidas en ese momento y donde «no se han adoptado medidas».

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