El 'derecho' a desaparecer de Google cumple diez años: cuando el español Mario Costeja derrotó al gigante de internet

Diez años después de vencer a Google y lograr que Europa reconociera el 'derecho al olvido' en internet, Mario Costeja lleva una vida normal. "Continué trabajando en lo mismo", contesta por email. "Durante los años que duró el litigio tuve mis malos momentos. Luchaba contra una de las empresas más ricas del planeta. Su influencia es enorme. Lo hice porque consideré que hacer negocio con tus datos personales sin que tú lo autorices no es ético".

Natural de A Coruña y perito judicial de profesión, Costeja se convirtió en noticia internacional hace ahora diez años. El 13 de mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en contra de Google y determinó que los usuarios de internet podrían ejercer su derecho de cancelación, esto es: pedir que contenidos con su nombre no salieran en los resultados de búsqueda. Lo hizo a raíz de su caso.

Costeja había iniciado su periplo cuatro años antes, en 2010, al buscarse a sí mismo y encontrarse en un PDF de la entonces recién digitalizada hemeroteca de 'La Vanguardia'. Era una página de 1998 con un anuncio de subastas de inmuebles del Ministerio de Trabajo. Entre ellos aparecía el de Costeja y su exmujer. Al coruñés no le gustó un pelo que ese asunto, resuelto hacía años, saliera al teclear su nombre y se dirigió a 'La Vanguardia' para solicitar su retirada. El periódico alegó que la publicación estaba justificada y Google también denegó su petición. Solo le quedaba ir a la Agencia Española de Protección de Datos, que consideró que podía exigirle a Google que desindexara datos personales si el afectado no estaba de acuerdo con su difusión (y si eliminarlos no colisionaba con otros derechos, como el de información).

"La Agencia Española fue el primer organismo público europeo en defender que las personas no tenían que resignarse a que, al teclear su nombre en un buscador de internet, se mostrasen páginas con información obsoleta o sin relevancia pública", explican fuentes de la AEPD. "La sentencia del TJUE se produjo en un momento en el que no existía el Reglamento General de Protección de Datos. Previo a la aplicación del RGPD ya defendíamos que el llamado 'derecho al olvido' era la proyección de los derechos de oposición y de supresión aplicados a Internet".

Además de la de Costeja, la AEPD llevaba tiempo recibiendo peticiones de ciudadanos españoles que no querían que vieja información suya saliera en buscadores. La Agencia les daba la razón; Google, sin embargo, se negaba a cumplir las resoluciones al entender que su sede principal no estaba en España.

Google recurrió varias de estas resoluciones ante la Audiencia Nacional, órgano que prefirió consultar a Europa sobre cómo aplicar el derecho que los ciudadanos reclamaban. Para ello usó la reclamación de Mario Costeja. "La Audiencia Nacional dijo: quiero que un tribunal europeo valore este caso y me diga si lo que está diciendo la AEPD es correcto o no", explica el abogado experto en privacidad Samuel Parra. "El TJUE le dio la razón al Reino de España, diciendo que estaba aplicando bien la normativa europea".

La sentencia, no obstante, levantó muchas críticas de expertos de internet que consideraron el 'derecho al olvido' una nueva forma de censura. "Lo que Mario Costeja ha conseguido es matar la propuesta de valor de una de las herramientas más importantes que ha creado la civilización humana: la que permitía acceder a toda la información", escribió entonces el columnista y profesor Enrique Dans. Parra aclara que el nombre de 'derecho al olvido' caló mucho, pero que en realidad se trataba de aplicar un derecho que ya existía (supresión) a internet.

"No hay derecho a que te olviden", dice el abogado, que dirige la consultora especializada en reputación digital ePrivacidad. "A nosotros nos vienen clientes diciendo: acabo de ser concejal, me han imputado en 18 delitos, ¡tengo derecho a que me olviden y me borren todo! Y tenemos que hacer mucha pedagogía, porque no es así. Hay un montón de excepciones y siempre van a estar en juego el derecho a la información y de expresión. Los tribunales han ido estableciendo criterios: si ha pasado mucho tiempo y ya no tiene relevancia, en principio se debería estimar; si te han condenado por un hurto en el supermercado y no por un homicidio múltiple, también se tendrá en cuenta la relevancia pública de la información".

"Mi intención jamás fue censurar", conviene Costeja. "Luché contra una dictadura precisamente para que todo el mundo tuviese derecho a expresar su opinión. Hoy existen unas normas para que las tecnológicas se rijan por ellas y no puedan vender y hacer negocio con tus datos personales si no es tu deseo. Y gracias a ello tuvimos un reglamento general de datos personales".

6 millones de solicitudes de retirada

Desde que la justicia europea se pronunció, Google ha recibido 1,6 millones de solicitudes de retirada de información y la eliminación de seis millones de urls, de las cuales ha aceptado algo más de la mitad, según datos proporcionados por la empresa a la Agencia EFE. En España han sido 132.000 solicitudes, un 42% aceptadas. Google terminó incluyendo un formulario para procesar las solicitudes de toda Europa. Fuera del continente tal derecho no existe.

Paralelo al surgimiento del 'derecho al olvido' nacieron empresas especializadas, como la de Parra, en limpiar la reputación digital. Utilizan distintas tácticas además de pedirle a Google que desindexe: la más habitual, crear contenido positivo que posicione arriba y 'entierre' los resultados molestos. "El derecho al olvido es, casi siempre, lo último que hacemos", cuenta Parra. "Conocemos los tiempos y se tarda mucho. Si Google dice que no, hay que recurrir a la AEPD y después a la Audiencia Nacional. No son tiempos viables. Nosotros intentamos eliminar el contenido de la fuente. También tenemos muchos clientes fuera de Europa a los que el derecho al olvido no les vale".

Cuenta Parra que algunas empresas han sido pilladas empleando tácticas cuestionables para eliminar resultados, como clonar contenidos periodísticos, publicarlos con fechas anteriores en falsas webs de noticias y poner reclamaciones de copyright para que Google tenga que eliminarlos (en Estados Unidos hay una normativa, DMCA, que protege los derechos de autor). "Otra táctica es hacerte pasar por un organismo oficial para pedir a los medios que retiren contenido. Son trampas que usan las empresas que prometen la eliminación", concluye.