Un juez investiga si el Ayuntamiento de Las Palmas cedió suelo público por parcelas falsas

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro Cabrera, investiga si el Ayuntamiento cedió suelo público en Tamaraceite Sur a un empresario a cambio de parcelas que no existían por doble inmatriculación, esto es, que figuran dos veces en el Registro de la Propiedad a nombre de distintas personas. Es una de las líneas que maneja el juez instructor de la operación Valka, que analiza una presunta trama de corrupción urbanística por la que permanecen imputados tres técnicos y extécnicos de Geursa, uno de Parques y Jardines y un empresario. Las pesquisas también se adentran en supuestas irregularidades en otras obras de relevancia para la ciudad como la MetroGuagua. 

Todo parte de la denuncia que presentó la asociación Rehoyas Avanza en mayo de 2023 ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. En ella hacían referencia a actuaciones aparentemente fraudulentas que van desde 2002 hasta 2021. 

Las parcelas bajo sospecha se derivan de una finca rústica de 50.000 metros cuadrados que, en septiembre de 2002, cedió un particular a una ONG de la ciudad mediante escritura de donación. En enero de 2006, la supuesta propietaria del terreno firma una escritura de permuta con el empresario investigado en la presunta trama corrupta, Felipe Guerra, y un segundo empresario que más adelante manifestó que no era propietario del terreno y que había firmado la escritura "por error". La permuta tenía como objeto la supuesta finca, con una superficie de 45.084 metros cuadrados.

El Partido Popular se persona en la causa como acusación particular, según avanzó este miércoles

El terreno se ubicaba, en toda su superficie, en el ámbito del Plan Parcial de Tamaraceite Sur y estaba afectado por el proyecto de expropiación. La denuncia vecinal sostiene que la finca en cuestión no existe porque está matriculada doblemente en el Registro de la Propiedad y que, aunque el Ayuntamiento era consciente desde el año 2012, siguió realizando negocios jurídicos en los terrenos hasta agosto de 2021. 

En la denuncia figura que la empresa Guerra Patrimonial aportó una parcela derivada del terreno inexistente y, a cambio, el Ayuntamiento le adjudicó el 82% de la superficie de un terreno municipal. Posteriormente, Guerra permutó a Geursa ese 82% del terreno y el Ayuntamiento lo recuperó por compraventa a la empresa pública, construyendo en ella un edificio. Ese inmueble había empezado a edificarse cuando el 82% de la propiedad seguía perteneciendo al empresario, según añade la denuncia. 

"La única explicación plausible de todo ello es que tanto la Administración pública como Felipe Guerra, con todo este galimatías de transmisiones, lo que intentan ocultar es que ya en el año 2017 eran conocedores, tanto unos como otros, de que los 3.376 metros cuadrados se habían segregado de una finca que no tenía superficie real", inciden los denunciantes. Aportaron en este sentido un certificado suscrito por José Manuel Setién, entonces jefe del servicio de Urbanismo, en el que recoge un informe técnico por el que se niega a la ONG que les vendió el terreno el derecho a beneficiarse de la expropiación por la situación de doble inmatriculación que afectaba a la finca. En concreto, la denuncia habla de un "patrón" por el que Setién "buscaba lugares estratégicos donde localizar los emplazamientos de suelos que cede a sus acólitos". 

Dos décadas de actuaciones

Las actuaciones bajo sospecha comprenden un periodo de dos décadas y cinco mandatos. En concreto, habrían tenido lugar durante las alcaldías de José Manuel Soria, Pepa Luzardo, Jerónimo Saavedra, Juan José Cardona y Augusto Hidalgo. En los mandatos de Cardona y Saavedra las actuaciones municipales estaban marcadas por la crisis y las dificultades económicas para ejecutar proyectos urbanísticos en la ciudad, aunque este último pudo realizar algunas actuaciones gracias a los planes de Zapatero para mejorar la red de abasto. 

La causa, que está bajo secreto de sumario, también pone la lupa en otras obras y proyectos ambiciosos para la ciudad como la MetroGuagua. La actual alcaldesa, Carolina Darias, ejerció como concejala de Urbanismo entre 2008 y 2011, durante el mandato de Saavedra. 

La asociación vecinal que presentó la denuncia, Rehoyas Avanza, estudia presentarse como acusación en el proceso cuando se levante el secreto de sumario, al entender que es una de las perjudicadas por las actuaciones urbanísticas supuestamente irregulares. 

La denuncia acusa a Setién de seguir un patrón de "buscar suelos que cede a sus acólitos"

El Partido Popular, por su parte, anunció este miércoles que se personará en la causa de la operación Valka. La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, justificó esta decisión por la "gravedad" de los delitos que se investigan —prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada— y por la "importante responsabilidad municipal" que ostentan los técnicos investigados. 

La querella de la Fiscalía se dirige contra el exjefe del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Setién, el jefe técnico de las obras de la MetroGuagua, Carlos Cabrera, el empresario de una de las empresas que presuntamente se habría beneficiado de las adjudicaciones irregulares, Felipe Guerra, la gerente de Geursa, Marina Más, y el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Padrón. 

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